La Comisión de Normas Transitorias de la Convención (CNT) comenzó por estos días su trabajo, y deberá analizar las múltiples y diversas propuestas de normas de transición emanadas de las distintas comisiones temáticas, que ya las aprobaron en general.

Sobre las normas transitorias hay muchas interrogantes. Entre otras, de su sola lectura cabe advertir que muchas de ellas, más que regular una transición de regímenes, en realidad vienen a llenar todo el espacio de debate al respecto para que el legislador, actual o futuro, no lo tenga pues prácticamente ya viene todo resuelto sobre el asunto por la misma norma transitoria. En otras materias, las normas transitorias aprobadas por las comisiones, y que debe revisar la CNT y luego el Pleno si llegan a esa instancia, pierden su naturaleza y regulan derechamente materias diversas del debate constitucional, como la llamada “deuda histórica de los profesores”. 

Pero hoy me permito un apunte diferente. De la lectura del consolidado de normas transitorias que recibió la CNT, sucede que entre algunos meses y 2 o 3 años desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución (que no está clara la fecha en que ello sería) serán tantas las leyes que el Congreso actual o futuro deberá dictar, que se advierte escaso espacio y tiempo, real y efectivo, para que el legislador se haga cargo de las prioridades ciudadanas que apremian, como seguridad, empleo, pensiones y salud, con un marco constitucional que en estos temas, además, complejizará la satisfacción de las mismas toda vez que se limita la libertad y la participación de la sociedad civil en la solución de problemas públicos. 

En vez, las normas transitorias -que aun no ve el Pleno, pero que llegarán a él en algún momento pues se trata de materias que deben abordarse ya que hay normas de fondo, permanentes en la propuesta constitucional, que requerirán de una transición-, están el que deberá dictarse una ley de patrimonios, una ley de archivos y preservación de la memoria, instalarse una mesa nacional de comunicaciones para dictar dentro de 2 años leyes en la materia, una mesa nacional de la cultura y las artes para igual propósito, la elaboración de planes de educación sexual integral, una nueva ley de expropiaciones, leyes para adecuar la institucionalidad de ciencias y tecnología, conocimiento e innovación, un observatorio digital, leyes de derechos digitales, de conectividad, de educación digital, de seguridad informática, ley de bibliotecas públicas, ley para reconocer sistemas de conocimiento diversos, ley para saldar la deuda histórica de los profesores, ley del Consejo de Bioética, ley para crear el servicio de Crisis Climática y Ecológica, catastro de vertederos, informe de ecosistemas marinos, ley para el organismo que ejercerá la política nacional espacial y la investigación y cooperación en estas materias, nueva institucionalidad y marco jurídico para los recursos naturales agua y minería (hay incluso artículos transitorios aprobados en general que deberá revisar y votar la CNT y luego Pleno, sobre nacionalización de la minería), Consejo de Planificación -a propósito de la actividad económica y el nuevo rol del Estado en la materia-, para implementar la efectiva participación indígena en la administración del Estado y el ejercicio de la administración pública, leyes electorales para que sean elegidos los escaños reservados y para hacer efectiva la paridad, la creación de entidades territoriales, las autonomías territoriales indígenas, atribución y sistema de transferencia de competencias de las entidades territoriales y su financiamiento, ley aprobatoria de estatutos regionales, autonomía financiera y descentralización fiscal, ley sobre justicia arbitral, justicia contenciosa administrativa que fusionará a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Propiedad Industrial, ley de justicia vecinal, ley del defensor del pueblo, ley de acción de tutela, la nueva Corte Constitucional, ley para crear el nuevo Consejo de la Justicia, ley sobre agencia de evaluación ambiental, y diversas leyes adecuatorias en las más variadas materias, y así suma y sigue.

Para ser justos, también habrá leyes para la vivienda y “para garantizar la disponibilidad de suelo para la provisión de vivienda” (curioso poder el que se le asigna a la ley), trabajo decente, sistema nacional de salud, de educación y otras de corte social. 

El asunto es que refundar nuestra institucionalidad trae muchos costos. Además de la incerteza que viene aparejada de la mano de un deficiente texto constitucional para el devenir de nuestra democracia y para el progreso, al parecer las prioridades ciudadanas tendrán que ceder espacio, y no poco, para la tramitación de múltiples otras leyes que la propuesta de Constitución mandata dictar en el brevísimo plazo.

Las urgencias las pondrán los políticos, y según se advierte en esta democracia nueva, sustantiva, que se propone, también las pondrán los grupos de interés, de manera que todo indica que entre tanta ley y burocracia que se viene creando, las prioridades sociales del ciudadano de a pie serán una más en una larga lista de espera legislativa que se nos avecina de aprobarse estas normas y la propuesta constitucional en septiembre.

Natalia González – Directora del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo

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