En el año 2017 se impugnó, ante el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley impulsado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que despenalizaba la interrupción del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación de la madre. El Tribunal convocó, en esa oportunidad, a audiencias públicas para que todos los sectores de la sociedad civil pudieran aportar sus ideas respecto de uno de los temas que, sin duda, divide más a la población de un país que, históricamente, ha contado con una mayoría de católicos. En dichas audiencias quedó demostrado que denominar “interrupción voluntaria del embarazo” a lo que, en realidad, es un aborto constituye un eufemismo. Del mismo modo, en algunas de las intervenciones realizadas se manifestó la aprehensión de que, al aprobarse el proyecto de ley impugnado, quedara abierto el camino para la práctica de abortos sin ningún tipo de límites.

Cómo no recordar esa advertencia en momentos en que la Convención Constitucional acaba de aprobar la propuesta de norma sobre derechos sexuales y reproductivos que consigna la obligación del Estado de asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, “una interrupción voluntaria del embarazo” que además debe estar rodeada de un “ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.”

Puede advertirse de la sola lectura de esta norma -que ya forma parte de la propuesta de nueva Constitución- que el aborto podrá practicarse en cualquier momento de la gestación de un ser humano, o sea, será “libre e ilimitado”. Ello se ve agravado por el hecho de que la norma aprobada por la misma Convención respecto del derecho a la vida eliminó el actual mandato al legislador de “proteger la vida del que está por nacer”. Claramente, la Convención ha optado por la tesis de que hay “vida” y “persona” sólo desde que la criatura ha nacido y se ha separado de su madre.

Pero aun cuando, entre nosotros, existan personas que, en realidad, no crean que la vida de una persona se inicia con la unión de la célula femenina con la masculina, y justifiquen, por lo mismo, dar prevalencia al derecho de la madre a decidir sobre su propio cuerpo debieran considerar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los peligros que entraña la interrupción de embarazo en etapas tardías de la gestación. Así, en sus Recomendaciones Legales y de Políticas relativas a la Edad Gestacional ha fijado un límite de 20 semanas, a contar desde la gestación, para la práctica abortiva en los países que la permiten. Y el argumento siempre es el mismo: la razón sanitaria y de salud pública que implicaría la práctica de abortos clandestinos con los peligros que entraña para la vida de la madre.

Como se aprecia, el gran ausente en la preocupación de la OMS -como ocurre también en la Convención Constitucional- es la “persona” que se está gestando desde el momento de la concepción.

Por lo demás, los derechos sexuales y reproductivos se aseguran a todas las “personas”, entre las cuales, según se ha visto, sólo se excluiría al ser en gestación. Por lo tanto, una niña de 14 años podría decidir practicarse un aborto libremente, sin la autorización de sus padres, porque ningún “tercero” puede interferir en su libre decisión. 

Adicionalmente, ninguna institución puede oponerse a la práctica de ese aborto, decidida libre y voluntariamente por una niña, porque tampoco puede interferir. Es obvio, entonces, que una clínica o un médico, individualmente considerado, tendrán que subordinar el derecho sagrado a su libertad de conciencia, el que se verá anulado al no poder esgrimir la correspondiente objeción de conciencia.

Con esta propuesta constitucional, no están ganando las personas, ni menos, la vida.

*Marisol Peña- Profesora Investigadora, Centro de Justicia Constitucional UDD

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