La presidenta de la Convención Constitucional defendió, este fin de semana, la opción del “apruebo” en el plebiscito de salida sosteniendo que “es el único proceso democrático que hemos tenido.” 

En la medida que se acerca el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, veremos levantarse dos mitos. El primero, es el que acaba de instalar María Elisa Quinteros: que la propuesta derivada de la Convención Constitucional sería la única que es producto de un proceso democrático con amplia participación ciudadana. El segundo que la opción del “apruebo” importa, automáticamente, quedar condenados a vivir bajo la Constitución de “Pinochet”.

Ambos mitos son sólo eso: una alegoría fantástica que no tiene visos de realidad. Como el famoso “mito de la caverna” de Platón, que mostraba una realidad totalmente distinta a la luz del fuego que separaba al espectador de la misma.

El proceso constituyente llevado a cabo por la Convención instalada el 4 de julio del año pasado ha distado mucho de ser democrático. Desde luego, la participación ciudadana, a través de iniciativas populares de norma, más bien, ha generado frustración y desencanto, pues aquéllas que obtuvieron los más altos respaldos ciudadanos (“Con mi plata no” y “Emprende Libre”, entre otras) fueron rechazadas de plano en la Comisión de Derechos Fundamentales. Algo parecido ocurrió con la consulta indígena desarrollada entre los meses de febrero y marzo, donde los participantes estuvieron muy lejos del padrón electoral vigente para estos efectos.

Si a lo anterior se añade la polarización de los debates y la verdadera “aplanadora” constitucional” impulsada por las fuerzas de extrema izquierda, tampoco podemos decir que ha existido un diálogo ni consensos democráticos al interior de la Convención. Salvo que concordemos con Fernando Atria en cuanto a que los que antes dominaron el país, ahora tienen que resignarse a ser vencidos. La más pura lógica schmittiana de “amigos versus enemigos”.

En cuanto al segundo mito: es cierto que el artículo 142 de la Constitución prevé que “si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Sin embargo, convendría recordar las más de 30 reformas que ha experimentado esta Carta, la mayoría, en plena democracia destacándose, especialmente, aquélla aprobada en el año 2005 que, en palabras del ex Presidente Ricardo Lagos, permitió terminar con los “enclaves autoritarios” que se le imputaban como herencia del gobierno militar. 

Pero, además, aunque continúe vigente la actual Carta Fundamental, eso no significa que se cierra la posibilidad de efectuarle reformas, pues el Congreso Nacional sigue ejerciendo el poder constituyente y puede ajustar la Constitución sobre la base de las normas rescatables del proyecto de la Convención y de las propuestas que sí interpreten el sentir mayoritario de una ciudadanía que no se identifica con muchas de las normas ya incluidas en la propuesta que va a ser plebiscitada.

Por último, si la llamada “Constitución del 80” fuera tan reprochable, no se habrían reproducido varias de sus normas en la propuesta de la Convención Constitucional. Entre ellas, el derecho de aclaración o respuesta ante los medios de comunicación social, la esencia de la libertad personal ambulatoria, el fuero que debe amparar la actividad de los jueces, los principios de probidad y transparencia y el principio de responsabilidad jurisdiccional, entre otros.

¡Vivamos de realidades y no de mitos!

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