Este abril, el pleno de la Convención Constitucional aprobó por 110 votos a favor, 31 en contra y 10 abstenciones, la propuesta de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, sobre los Principios de la Bioética. Esto debiera ser motivo de alegría para todos aquellos que valoran el aporte de la bioética al desarrollo y bienestar de los seres humanos, toda vez que la bioética  promueve aquellos principios y valores para la conducta del ser humano respecto de la vida humana y la del resto de los seres vivos, incluyendo el ambiente en el que se dan aquellas condiciones aceptables para la vida misma. 

Nos parece necesario examinar qué fue lo aprobado: «Las ciencias y tecnologías, sus aplicaciones y procesos investigativos, deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, a la sintiencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución». 

Esta nueva disposición de la Carta Fundamental tendrá que ser armonizada con otras normas relacionadas aprobadas por otras Comisiones. La Comisión del Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico aprobó el Art. 4º, sobre Derechos de la Naturaleza; el Art 26 sobre Principios Ambientales y también el Art. 23, De los Animales. Asimismo, la Comisión de Derechos Fundamentales consagró la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión (Art. 7º); los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo (Art. 16) y reconoce que “Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada” (Art. 23); todos aspectos relacionados con principios bioéticos. 

En este contexto, llama poderosamente la atención que el nuevo artículo de principios de la bioética introduzca tres principios (solidaridad, cooperación, y responsabilidad) que no guardan relación con aquellos principios que en la disciplina han orientado la actividad de la investigación clínica y la atención en salud, tales como respeto a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y que tampoco haya expresado un mandato al legislador para introducirlos en leyes que abordan temas bioéticos.

Considerando las pocas Constituciones que contienen explícitamente referencias a principios bioéticos, éstas lo hacen de una manera acotada. Por ejemplo, protegiendo la identidad genética (Grecia y Portugal); protección frente a las técnicas de reproducción asistida y la ingeniería genética sobre seres humanos y otros seres vivos (Suiza); la protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales teniendo en cuenta las responsabilidades con las generaciones futuras (Alemania); por mencionar algunas.

Nos parece que el artículo aprobado por la Convención se destaca por su amplitud y vaguedad, además de consagrar solo principios de interés colectivo y no de interés individual. A nuestro juicio, la Convención debió ir en la dirección en que el derecho internacional de derechos humanos aborda estas materias. Si miramos a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005), texto ampliamente consensuado, ésta compatibiliza los derechos y libertades de las personas frente a las investigaciones y aplicaciones tecnológicas con los intereses de las generaciones futuras, la biodiversidad y los ecosistemas, con un lenguaje más apropiado al que llega nuestro órgano constituyente. En sus Disposiciones Generales, dicha Declaración señala expresamente que “trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales”.

Lamentamos que la actual referencia a principios bioéticos en la Constitución no haya considerado principios básicos de los individuos cuando requieren de asistencia sanitaria o participan de la investigación científica biomédica y de la traslación de estos avances a la sociedad.

*Juan Alberto Lecaros, Director Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM, Universidad del Desarollo. Sofía Salas Ibarra, Centro de Bioética, Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.

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