A menos de 6 semanas de terminar su trabajo, las comisiones de Armonización y Normas Transitorias se están encargando de eliminar las últimas esperanzas de que la Convención se modere, o mejor dicho, confirma el temor de que esta perfecta retroexcavadora no tiene intención de detenerse ni disminuir su velocidad. 

La equivocidad o ambigüedad que tenían algunas normas permanentes desaparece en las normas y discusión sobre el tránsito y adecuación del borrador. No podía ser de otra manera. El programa político constitucionalizado del Frente Amplio y el Partido Comunista debe aplicarse lo más rápido posible. Esta veloz implementación debe ir acompañada de cláusulas pétreas que dificulten de la mayor forma posible toda modificación a la Constitución. 

En este sentido, es posible detectar cinco candados críticos en relación con estos dos objetivos. La rápida implementación requiere de la presentación o dictación de más de 50 leyes, que crean y reorganizan más de una docena de órganos del Estado y ordenan al Congreso tramitar siete proyectos de ley sobre sistemas relacionados con los derechos sociales. 

Un primer grupo de candados se relaciona con la implementación de la Constitución. Dentro de ellos, el primer elemento preocupante es la instalación de una Comisión de Implementación: es peligroso, porque tener un órgano compuesto solo por personas nombradas por el Poder Ejecutivo (al menos hasta el momento) no da garantías de una interpretación democrática al excluir a otros poderes del Estado. En última instancia, proponer que un organismo dependiente del Presidente sea el que interprete la aplicación de la Constitución significa borrar con el codo lo escrito sobre un presidencialismo atenuado, como se ha definido en las normas permanentes. Por último, si se llega aprobar esta norma transitoria, debe reformularse en aquello relativo a su integración, funciones, atribuciones, independencia y duración. 

Un segundo candado se trata de la aplicación inmediata únicamente de las normas sobre el quórum del Poder Legislativo, pues en el resto su entrada en vigor comienza en 2026, y sobre esto no se ha entregado un argumento suficiente que explique esta distinción. Esto provoca que las leyes referidas a los derechos fundamentales, específicamente a garantizar los derechos sociales, sean más fáciles de aprobar, pero pueden no dar cuenta de un verdadero consenso legislativo. 

El tercer candado va unido al anterior, y se refiere a la presión que se le genera al Poder Legislativo con la aparición de los Decretos con Fuerza de Ley Adecuatorios, propuestos por la Segpres y el Contralor General de la República. Si el Congreso no aprueba una ley en un determinado plazo, el Poder Ejecutivo podrá regular dichas materias vía decretos. Se trata de una usurpación de facultades, que nuevamente le entrega más poder al Presidente y genera el incentivo de bloquear la tramitación de proyectos de ley, para que la norma sea regulada a gusto de quienes ocupan los sillones de La Moneda. 

En el segundo grupo de cerrojos se encuentran las que buscan mantener inalterable la redacción constitucional. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de reformar la Constitución, pero solo a través de quórum de 2/3 o incluso se ha llegado a plantear la idea de no reformar la Constitución durante un determinado período de tiempo. Evidentemente, se trata de un intento de blindar el texto ante un órgano que tiene una integración política totalmente alejada de la Convención y con bastantes incentivos a realizar rápidas y profundas reformas, por lo que convendría que las reformas fuesen hechas por un Poder Legislativo con mayor afinidad política. 

Sin embargo, aun cuando esta norma no se presente o no se apruebe, hay un eventual segundo mecanismo de bloqueo: la consulta indígena. Uno de las normas permanentes señala: “Los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”, y la disposición transitoria Nº103, aún no votada en la Comisión de Normas Transitorias, busca regular su entrada en vigencia señalando que el Presidente debe elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio del derecho a la consulta indígena, someter dicho proyecto a consulta indígena y luego proponerlo al Congreso para que lo apruebe. Lo anterior significa que en la medida en que no se apruebe esa ley, el derecho a la consulta indígena funciona como un veto a muchas o casi todas las reformas a la Constitución, pues si consideran que existe una vulneración a sus derechos, pero no hay ley sobre la consulta indígena, no puede reformarse la Constitución.

El segundo cerrojo se relaciona con el reemplazo total de la Constitución y se propone que debe hacerse solo mediante una Asamblea Constituyente que tendría las siguientes características: escaños reservados, paridad, listas de independientes, consulta indígena y mecanismos de participación popular. Es decir, una Convención 2.0.

En otras palabras, y hasta el momento, el presidencialismo atenuado de las normas permanentes desaparece con las facultades que las normas transitorias le entregan al Presidente en materia de implementación de la Constitución, aplicación inmediata del quórum de aprobación de proyectos de ley y posibilidad de regular vía decretos con fuerza de ley adecuatorios. Hiperpresidencialismo que raya en totalitarismo. Por otro lado, para reformar la Constitución se deben superar los problemas de normas transitorias que impidan su modificación o el veto de la consulta indígena, y para reemplazarla totalmente, modificar el mecanismo propuesto por uno que garantice realmente dicha función, pues la experiencia constitucional que vive Chile demuestra exactamente lo contrario. 

Si se aprueban todos estos candados, el programa político será prácticamente imposible de modificar y avanzaremos a una tiranía que nadie quiere vivir, o bien a un estado de caos permanente.  

*Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado Comunidad y Justicia

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