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Publicado el 12 de diciembre, 2016

Nuevos alcaldes en la encrucijada

La oposición ha sido crítica del proyecto de ley sobre desmunicipalización, porque el afán centralizador es evidente y se contrapone a la autonomía local.
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Al asumir sus cargos, los nuevos alcaldes deberán enfrentarse a la responsabilidad de administrar los establecimientos educacionales que dependen de cada municipio, con el desafío de transformarlos en una opción atractiva para las familias y, por esa vía, revertir la tendencia a la baja que se aprecia en una matrícula que no supera el 37% del total nacional. Pero a las dificultades propias de la gestión, debemos agregar un elemento adicional que dice relación con la presión política a la que los ediles estarán sometidos. Se trata de la tramitación de un proyecto de ley que busca erradicar la administración de la educación pública de los municipios, traspasándolos a nuevos Servicios Locales de Educación que, a su vez, dependerán de una Dirección Nacional dirigida por el Ministerio del ramo.

La encrucijada en que los alcaldes se encuentran es interesante: poner todo su esfuerzo por mejorar la educación en sus comunas, o reconocer que no son capaces de hacerlo y abandonar esa tarea a la espera que otro órgano del Estado se haga cargo. Si optan por lo primero y el trabajo comienza a dar frutos, las razones que justificarían el cambio de administración que promueve el mencionado proyecto de ley se debilitarían y, por ende, la necesidad de revisarlo a fondo se haría más evidente. Por el contrario, si lo que prima es una actitud de renuncia frente a los intereses de las familias en materia de educación pública, el proyecto de ley cobraría mayor relevancia, aunque los alcaldes se verían en la dificultad de explicar a su electorado la desidia con la que enfrentan un asunto de tanta importancia.

La oposición al Gobierno ha sido crítica con relación al proyecto de ley sobre desmunicipalización, en particular porque el afán centralizador de la iniciativa es evidente y se contrapone a la autonomía que se requiere a nivel local para desarrollar proyectos educativos que se adecuen mejor a las necesidades de las distintas comunidades. Se puede anticipar, entonces, que la mayoría de los alcaldes de Chile Vamos resolverán la disyuntiva planteada apelando a una dedicación específica por la educación en sus comunas, en coherencia con la postura manifestada ante la iniciativa.

Más complejo es el escenario que enfrentan las autoridades recién electas de la Nueva Mayoría, ya que tienen mayores posibilidades de incurrir en contradicciones. En efecto, ya sea por convicción o por instinto de supervivencia política, quienes adhieren al conglomerado de gobierno han apoyado el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo y que constituye uno de los pilares del programa de Michelle Bachelet. Los alcaldes que muestren diligencia en su gestión y vean en la educación la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus electores, apuntando legítimamente al reconocimiento de los mismos en los próximos comicios, estarán por esa vía dificultando la labor de su Gobierno de sacar adelante la emblemática reforma. Como contrapartida, insistir en que no hay posibilidad de mejorar la educación desde los municipios sólo apunta al desprestigio de la educación pública.

No hay duda que se debe trabajar con fuerza en la mejora de los colegios municipales, pero eso no pasa necesariamente por un proyecto de ley cuyos efectos son inciertos y que mientras se tramita no hace más que diluir responsabilidades y dilatar la toma de decisiones. Es de esperar que todos los nuevos alcaldes, sin importar su bandera política, escojan el rumbo correcto y pongan todos sus esfuerzos en cumplir con su responsabilidad de mejorar la calidad de la educación de sus comunas.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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