Durante la campaña presidencial del 2021 fuimos testigos de un incómodo momento cuando el periodista Tomás Mosciatti le preguntó al entonces candidato Gabriel Boric por la cifra de ahorro nacional. “No manejo la cifra exacta” fue la respuesta de nuestro actual presidente, agobiado ante el desconocimiento de una cifra trascendental para el debate sobre el sistema de pensiones. Esta escena se repitió, pocos días después, cuando Boric fue consultado por la cifra de ingresos del 1% más rico del país (dato clave para una izquierda que basa su discurso en la desigualdad y en la concentración de la riqueza) en el programa Mentiras Verdaderas. Nuevamente tuvo que reconocer que no manejaba las cifras.

Muchos defendieron a Boric y señalaron que un presidente no debía manejar todos los datos. Algunos señalaron que para eso podía tener asesores que las estudiaran y las entendieran por él. Sin embargo, tras un poco más de cuatro meses de gobierno, la administración de Boric ha mostrado semana a semana que tiene un problema brutal con las cifras. Los que parecieron ser simples errores de un candidato mal preparado se han transformado en la tónica de un “gobierno en práctica”.

Hace dos semanas la ministra de Salud Begoña Yarza fue consultada por el aumento en las cifras diarias de muertes por COVID-19. La pregunta era relevante porque en las últimas seis semanas las muertes se habían triplicado en el país: desde 79 fallecidos en la última semana de mayo pasamos a 247 durante la segunda semana de julio. La respuesta de Yarza fue olímpica: “No existe eso que está señalando (el aumento de fallecidos)”. La Ministra de Salud no tuvo pudor en negar la realidad. Y peor aún, Yarza no tuvo pudor en negar un hecho en el cual ella debería estar trabajando 24/7. Si la ministra de Salud niega públicamente que ha habido un aumento en las muertes por COVID-19, existen dos opciones: o no maneja las cifras o miente descaradamente. Y ambas opciones son gravísimas.

La semana pasada fue el turno del Ministerio de Educación. Con bombos y platillos el gobierno anunció un informe que, entre sus conclusiones, señalaba que el 40% de los deudores del CAE ganaba en promedio $47 mil. Es decir, el gobierno afirma que 4 de cada 10 deudores del CAE ganan un ingreso promedio menor a la mitad de la línea de la pobreza extrema. Repito, ingreso promedio menor a la mitad de la línea de la pobreza extrema. El gobierno, en un intento por justificar la injusta promesa de campaña de condonar el CAE, exageró de tal forma la vulnerabilidad de los deudores que terminaron publicando cifras tan ridículas que no son creíbles. ¿Cómo puede ser que nadie del Ministerio de Educación, ni el ministro, se diera cuenta de esta ridiculez? 

En la discusión pública es muy legítimo tener posturas políticas distintas, tener diferentes concepciones de lo que es justo, o ponderar de distinta forma los escenarios posibles. Tal como señaló el senador demócrata estadounidense Daniel Patrick Moynihan, “todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos”. El problema de este gobierno es que pareciera tener su propia opinión y además sus propios hechos. No solo nos enfrentamos a un presidente que cambia de opinión todas las semanas, sino que también nos enfrentamos a un gobierno que es capaz de llegar al extremo de inventar su propia realidad paralela con tal de justificar las decisiones que va tomando. Y esto puede tener graves consecuencias políticas, sociales y económicas si es que no le ponemos un freno.

Dado que el gobierno muestra poco interés por la rigurosidad y la evidencia, es urgente que la prensa, centros de estudios, académicos y la mayor cantidad de actores de la sociedad civil sigan especialmente involucrados en el debate público y sigan denunciando cuando nuestras autoridades falten a la verdad. Así ocurrió en los mencionados casos de Salud y Educación, y así es probable que siga ocurriendo en temas económicos, sociales, políticos o de seguridad. Lo que está en juego no es un concurso de quién sabe más datos, sino que lo que está en juego es el bienestar y la paz de millones de chilenas y chilenos.

*Pablo Eguiguren es economista.

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