Más de 50.000 estudiantes salieron del sistema escolar entre 2021 y 2022, y casi el 40% tiene inasistencia crónica y por tanto, está en riesgo de deserción.
La cifra es dramática. Un niño excluido del sistema escolar es un niño que no tendrá la posibilidad de desarrollarse plenamente y la evidencia es contundente respecto al impacto que tiene tanto en su vida personal, como familiar.
Prevenir estas situaciones debiese ser el principal objetivo de las políticas educativas y una prioridad para el gobierno en general.
Para esto, en primer lugar, se debe identificar de forma temprana a aquellos niños que están en riesgo de desertar. Al respecto, la inasistencia es un indicador significativo, por ello se vuelve fundamental contar con información adecuada y actualizada para poder actuar a tiempo. Con este objetivo, el Ministerio de Desarrollo social y el de Educación en un esfuerzo mancomunado lanzaron el 2019 el Sistema de Alerta Temprana que, tomando diversos indicadores, permite identificar a los estudiantes en riesgo y entregar esa información a las escuelas. Es necesario potenciar estos mecanismos, especialmente en lo que se refiere a apoyar a las escuelas para hacer un uso adecuado de la información y desarrollar medidas para sus estudiantes y familias que prevengan de forma efectiva la deserción.
En segundo lugar, se deben atender las causas de la inasistencia crónica, principalmente dadas por cuestiones que afectan el entorno del niño. Conforme a las cifras entregadas por el Mineduc, el mayor aumento de inasistencia se da en niños de primero y segundo básico. Si bien la cartera de educación tiene una tarea fundamental en esto –como generar estrategias para la concientización de la relevancia de llevar a los hijos a la escuela–, se requieren políticas integrales e intersectoriales para atender la profundidad de las causas que afectan a las familias, que en gran medida tienen que ver con situaciones de pobreza, violencia, drogadicción, salud mental, entre otros. En este contexto, la implementación de la ley de Garantías de la Niñez se vuelve fundamental, por ello preocupa que no se avance en la instalación de las Oficinas Locales de la Niñez que tienen como objetivo precisamente la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones, y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, es necesario trabajar también con los niños que ya salieron del sistema para que puedan reingresar. Problema que nuevamente requiere de un trabajo intersectorial complejo, capaz de hacerse cargo de la situación particular en que se encuentra cada estudiante. Recién el año pasado se aprobó en nuestro país una modalidad de reingreso para aquellos jóvenes entre 12 y 21 años que habían estado más de dos años fuera del sistema educativo. Una noticia positiva que, sin embargo, y de forma inexplicable aún, no se ha implementado ya que no se le han asignado los recursos necesarios.
Si no nos hacemos cargo de manera urgente y seria de los niños, y continuamos vulnerando su derecho a educarse, seguiremos cosechando por muchos años las consecuencias. Es necesario tomar acciones de forma urgente, con estrategia clara y focalizada que permita prevenir la deserción de todos aquellos estudiantes en riesgo. Si no ponemos al centro a los niños, y normalizamos situaciones tan dramáticas como que estén excluidos del sistema, le estaremos robando la educación a los niños de nuestro país.
*Magdalena Vergara, IdeaPaís