Nos ha costado convencernos que no es casualidad la afinidad con la violencia de parte de los convencionales que redactaron por mayoría de dos tercios la propuesta de nueva Constitución. Desde el día uno los vimos pidiéndole al gobierno y al Congreso (declaración del 8 de julio 2021) acelerar la tramitación de la ley para indultar a quienes cometieron delitos tras el 18-O, incluyendo además aplicarlo a los “presos políticos mapuches” desde 2001 en adelante.

No, no es por azar que uno de los más votados fuera un convencional que salía a enfrentar a carabineros todos los viernes en la Plaza Italia y que se hiciera famoso gracias a un cáncer imaginario. Tampoco es coincidencia que otros personajes alegóricos y protagonistas de los desórdenes callejeros, llegaran a la magna tarea de redactar la carta fundamental. O que ya iniciada sus labores, algunos convencionales hayan sido detenidos por desórdenes en el centro de Santiago (Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez).

No es coincidencia, tampoco, esta afinidad con la violencia insurgente en los campos del sur al que llaman Wallmapu. Pueden promover un minuto de silencio para un miembro de la CAM caído en enfrentamiento, pero se niegan a lo propio con las víctimas de la violencia terrorista, porque no las reconocen como tales. 

No es por accidente que esta mayoría ultrista redactora considere que la violencia fue necesaria para iniciar el proceso constituyente, a pesar de que estuvieron y están en contra del Acuerdo por la Paz que lo gatilló el 15 de noviembre de 2019.  

No es tampoco por equivocación que la empatía de esa mayoría de la Convención esté siempre con los que violan la ley y no con las víctimas, con los delincuentes y no con los policías y las fuerzas de orden y seguridad.  

Así, no es raro que hayan rescatado el “estallido social” como preámbulo de su propuesta al país y que esta no mencione entre sus 499 artículos ni una sola vez a Carabineros ni a la Policía de Investigaciones más que para establecer que su general director y su director general, respectivamente, pueden ser acusados de notable abandono de deberes.

Tampoco es un accidente que hayan eliminado el carácter militar que tiene en la actualidad Carabineros, debilitándolo en su formación y capacidades.

No es extraño que el texto que se plebiscitará el 4 de septiembre le quite el orden público a Carabineros y a la PDI, a los cuales ya no menciona como fuerzas de orden y seguridad.  Hace una alusión general a “las policías”, abriendo la puerta a introducir otras policías. 

No es casualidad, entonces, que “el orden público” no se mencione ni una sola vez en las 97 páginas del borrador, como si no fuera intrínseco al estado de derecho. Y que elimine de cuajo el estado de emergencia, que es una herramienta que permite al Presidente declararlo frente a un “caso de grave alteración del orden público o grave daño para la seguridad de la nación”. Tanto el gobierno de S. Piñera como el de G. Boric han recurrido a él como una forma de atajar, no de resolver, el grave conflicto armado con comuneros indígenas que han declarado la guerra al Estado de Chile. 

No es aleatorio tampoco que la propuesta convencional suprima toda función de las FFAA en el ámbito interno, restringiéndola al “resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial, ante agresiones de carácter externo”. Los estados de excepción se reducirán a “conflicto armado internacional, conflicto armado interno o calamidad pública”. Nunca más veremos a uniformados construyendo la carretera austral, operando en el control ilícito de migrantes y el narcotráfico, como lo decretó Boric para las fronteras del norte, o colaborando con el decomiso de droga en los puertos o el control de la pesca ilegal.

No es por ventura que en la propuesta no aparezca ni una vez el término terrorismo, al que se refieren varios artículos de la Constitución vigente. Uno de ellos prohíbe indultar a los condenados por este delito, lo cual no fue incorporado al borrador. 

Asimismo, no es por accidente que en la propuesta no aparezca el vocablo “narcotráfico”, pero hay un título completo para garantizar a los presos “espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y culturas”. Además, si una persona privada de libertad no resulta condenada, proponen indemnizarla por cada día preso, lo cual inhibirá decretar prisiones preventivas. Y como tampoco se privará a los condenados de ciudadanía o derecho a sufragio, un homicida o terrorista podrá ser electo para el Congreso de diputados o la nueva Cámara de las Regiones.  

Claro que no fue por confusión que se incorporó al borrador la Defensoría Penal para todo imputado de delitos y se rechazó, en cambio, un símil para las víctimas de delitos. Abogado para el que delinque, pero no para sus víctimas.

Y podríamos seguir, porque son innumerables las normas incorporadas por dos tercios que revelan que los convencionales no están del lado de los chilenos, quienes priorizan ante todo la seguridad y vivir en paz. No, su pensamiento y su corazón están en primer lugar con los delincuentes y los que utilizan la violencia y el terrorismo. El proyecto de Constitución que se plebiscitará no contiene casualidades. Es totalmente coherente con lo que piensan 2/3  de los convencionales. 

*Pilar Molina es periodista.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta