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Publicado el 19 septiembre, 2020

Nicolás Vial: Fuerte y al ángulo

Abogado y filósofo Nicolás Vial

Si se quiere una nueva y mejor constitución, ¿es el Apruebo un camino plausible para lograrla?

Nicolás Vial Abogado y filósofo
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Todo el que alguna vez en su vida haya jugado fútbol sabe que la mejor forma de patear un penal es fuerte y al ángulo. El problema es que no siempre resulta lo que se intenta, por más convicción y buenas intenciones que se tengan. A veces queriendo pegarle fuerte y al ángulo, lo que se logra es sacar la pelota del estadio. Y si no me creen, pregúntenle al Pipita Higuaín.

De los múltiples mecanismos que existen para elaborar una constitución, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 sólo contempló uno, a saber, mediante una convención (o asamblea) constituyente, quedando a la decisión de los votantes únicamente si todo o la mitad de sus integrantes deberán ser elegidos por sufragio popular. Contempló además que, cualquiera sea el caso, el plazo de funcionamiento de órgano constituyente sería de hasta nueve meses, prorrogable una sola vez por tres meses más.

Es decir, en caso de que ante la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?” gane la opción Apruebo, de entre las muchas alternativas, procedimientos y plazos que podrían existir para que se elabore esa nueva constitución, en realidad –y de manera increíble– sólo podemos optar por una convención constituyente, cuyos procedimientos internos no están definidos, y que sólo puede trabajar por el plazo de un año.

Sorprende que, habiendo transcurrido diez meses del acuerdo, poco se haya discutido sobre lo limitadas de las opciones que ofrece. Y sorprende más todavía que las personas –de derecha y de izquierda– que aparecen inclinándose por la opción Apruebo, lo hagan sólo en consideración de la necesidad de una nueva y mejor constitución, sin considerar el procedimiento para elaborarla, como si éste fuese irrelevante.

Una constitución no es sólo un “pacto social”, sino también un instrumento jurídico altamente técnico y complejo, cuya tarea no es ni más ni menos que regular –y en definitiva limitar– el poder de los distintos órganos públicos que lo ejercen. Y una constitución es defectuosa precisamente cuando no cumple con limitar el poder de los órganos públicos.

Para hacerse una idea de la dificultad propia de la tarea de crear una constitución, vale la pena revisar el que –en líneas generales– fue el proceso de elaboración de la constitución actual y los plazos involucrados en éste:

i. En noviembre de 1973 se formó la “Comisión de Estudios para la Nueva Constitución” –también llamada “Comisión Ortuzar”– a la cual se le encomendó trabajar en el texto de una nueva constitución. Sus integrantes fueron todos abogados y académicos connotados.

ii. Luego de 5 años de trabajo, en 1978, la Comisión Ortúzar entregó un “Anteproyecto de Constitución”, el cual fue revisado por el “Consejo de Estado”, órgano consultivo creado en 1976, integrado –entre otros notables– por los expresidentes Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla.

iii.      El “Consejo de Estado” trabajó por 21 meses (sesionó en 51 ocasiones, entre 1978 y 1980), y el 8 de julio de 1980 entregó a la Junta Militar un “Proyecto de Nueva Constitución”.

iv. El “Proyecto de Nueva Constitución” fue revisado y modificado por la Junta de Gobierno, y su texto final fue sometido a ratificación por plebiscito el día 11 de septiembre de 1980, siendo promulgada el 21 de octubre del mismo año.

v.  La constitución entró en vigor en un régimen transitorio el 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1990. En 1989, después de ganar el No, se introdujeron a la constitución diversas reformas y se sometió a un nuevo plebiscito, en el que fue aprobada por más del 90% de los votantes (más de 7 millones de votos).

vi. Entre 1989 y 2020 se han aprobado cuarenta y seis leyes modificatorias de diversos aspectos, introduciéndose más de doscientos cambios a la Constitución. En 2005, con la Ley 20.050, se acordaron casi sesenta modificaciones, reformándose doce de quince capítulos, las que fueron respaldadas por ciento cincuenta de ciento cincuenta y cuatro parlamentarios de la época, pasando la constitución a estar firmada por el expresidente Ricardo Lagos y sus ministros.

En resumen: primero trabajaron expertos por cinco años (1973-1978); luego expertos y otros notables por dos años más (1978-1980); luego la norma se implementó de manera transitoria por nueve años (1981-1990) –habiendo sido modificada y plebiscitada en dos oportunidades–; y, por último, durante sus treinta años de vigencia plena (1990-2020), fue revisada y modificada por gobiernos y parlamentarios de distinta tendencia política –en general contrarios al régimen militar–, buscando adaptar la constitución a la realidad y a las necesidades de cada tiempo.

¿Es acaso posible que, en un plazo de un año, un grupo de 155 (en el caso de la Convención Constitucional) o 172 (en el caso de la Convención Mixta Constitucional) personas elegidas popularmente sean capaces de acordar y redactar un texto constitucional mejor que el de la constitución actual? ¿Es posible si consideramos además que –asumiendo que la nueva constitución tendría una cantidad similar de artículos a los que tiene hoy (143), y descontando los fines de semana y feriados– los convencionales tendrán en promedio dos días para acordar por un quorum de dos tercios el texto de cada artículo? Parece evidente que no, y menos aún si se considera la falta de capacidad de lograr acuerdos que ha mostrado la clase política durante el último tiempo.

Creo firmemente que todos queremos una mejor constitución, que responda a las necesidades de las personas de acuerdo con los tiempos actuales. Pero es necesario cuestionarse si la alternativa que el Apruebo nos ofrece es una alternativa plausible para lograrla. En efecto, el hecho de que sea nueva constitución no es lo único importante: debe ser una mejor constitución; y eso con el mecanismo que el Apruebo implica parece casi imposible de lograr.

Estoy seguro de que la gente que votará Apruebo lo hará con la mejor de las intenciones, con la más firme convicción de que es la manera de llevar a Chile al desarrollo en igualdad. Sin embargo, más allá de sus intenciones y convicciones, lo más probable es que reciban una peor constitución que la que actualmente tenemos, en que el poder de los órganos públicos esté menos limitado de lo que está hoy, con los peligros y costos sociales que eso implica.

Si realmente queremos lograr una nueva y mejor constitución para Chile, parece urgente modificar los términos actuales del plebiscito, para que el Apruebo comprenda otros mecanismos para elaborarla–como podría ser vía poder legislativo y/o comisión de expertos–, o bien votar Rechazo e instar por que los cambios que la constitución necesite se hagan inmediatamente por el Congreso.

No basta con querer una nueva y mejor constitución; necesitamos un mecanismo y un procedimiento que realmente lo posibiliten. No basta con querer pegarle fuerte y al ángulo.

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