El costo humano y social del terrorismo se siente en La Araucanía con efectos reales y directos sobre los derechos humanos de sus habitantes, con consecuencias tangibles en el ejercicio del derecho a la vida, la libertad, la integridad física y psíquica, el derecho de propiedad, la libertad religiosa y de culto, y un largo etcétera.
Como bien sabemos, el terrorismo, además de generar un costo individual, puede desestabilizar gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad de las personas y amenazar el desarrollo social y económico de un país o una región. Los Estados, en consecuencia, tienen la obligación de adoptar medidas y acciones positivas para proteger a sus habitantes contra la amenaza de actos terroristas que vulneran los derechos humanos, y de llevar ante la justicia a los agresores. El respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley deben constituir la base fundamental de la lucha contra el terrorismo en todo Estado y en toda democracia.
Si bien es imposible afirmar que todos los actos que ocurren en La Araucanía producto del conflicto actual son terroristas, no se puede negar que algunos sí lo son, como por ejemplo, los atentados contra templos religiosos. Quien sostenga lo contrario debe dejar de lado las pasiones ideológicas y entender la importancia del reconocimiento de esta situación, para que así el Estado pueda tomar las medidas necesarias en defensa de los derechos humanos de las víctimas. Hasta ahora, por omisión o por acciones ineficientes, el Estado no ha hecho más que permitir que estos ataques sigan ocurriendo en absoluta impunidad.
Son 23 templos religiosos quemados desde 2015 a la fecha por estos grupos, que actúan armados, organizados, clandestinos y con un móvil ideológico. Ellos se adjudican estos actos y tantos otros, dejan panfletos y mensajes para las autoridades y para la sociedad en general. Incluso, en uno de ellos dejaron la siguiente frase: “Todas las iglesias serán quemadas”, ¿No es eso una amenaza terrorista?
Los atentados contra templos evangélicos y católicos, además de ser actos terroristas que no tienen otro objeto que causar daño y temor, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, en particular a la libertad de culto de las personas que conforman las respectivas comunidades religiosas.
Lamentablemente, hay una situación de acostumbramiento ante estos hechos, tanto de parte las autoridades de Gobierno como de la sociedad civil. ¿Por qué la Subsecretaría de derechos humanos o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por mandato legal deben velar por el cumplimiento y protección de los DDHH, no alzan la voz en nombre de estos cientos de víctimas? ¿Tanto pesa la ideología? ¿Son transversales los derechos humanos en La Araucanía? Parece que no.
La visita del Papa Francisco a La Araucanía el próximo año tiene aún más relevancia ante la continuidad de estos actos, y es de esperar que la Iglesia Católica chilena haga saber a su máxima autoridad las graves vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en nuestra región de manos de grupos armados que actúan impunemente, ante la ineficiencia del Estado de Chile.
Juan Pablo Lepín Leonelli, abogado de la Multigremial de La Araucanía
FOTO: JUAN ARANEDA/AGENCIAUNO