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Publicado el 09 de enero, 2019

Nelson Hadad: Un gobierno ilegítimo en Venezuela

Abogado y académico U. de Chile. Magister en Ciencias Políticas PUC. Ex embajador de Chile. Nelson Hadad

Debe señalarse con claridad que no es posible avizorar una salida militar a la crisis venezolana y debe rechazarse cualquier intento de intervención armada que podría provocar un grave conflicto interno de imprevisibles consecuencias para el pueblo venezolano.

Nelson Hadad Abogado y académico U. de Chile. Magister en Ciencias Políticas PUC. Ex embajador de Chile.
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El próximo 10 de enero Nicolás Maduro pretenderá “juramentarse” como presidente reelecto de Venezuela para ejercer un segundo período presidencial. La OEA, EE.UU., la Unión Europea y el G-20, han declarado la invalidez de las elecciones del 20 de mayo pasado, considerando el megafraude consumado por el régimen y por carecer de toda legitimidad democrática. En dichos comicios no participó la oposición, cuyos dirigentes se encuentran encarcelados y exiliados, y no se cumplieron los requisitos básicos para una elección libre, democrática, transparente y con ausencia de una supervisión electoral internacional independiente.

Por ello, la resolución adoptada por el Grupo de Lima, que agrupa a los más influyentes países de América Latina y el Caribe, sumada Canadá y con la marginación de México, declaró ilegítima la reelección de Nicolás Maduro y lo insta a no asumir el poder, transfiriéndolo provisionalmente a la Asamblea Nacional, que fue elegida en la última elección democrática en Venezuela en diciembre de 2015, con un holgado triunfo de la oposición. Dicho órgano deberá asumir un período transicional  hasta que se realicen nuevas elecciones. El Grupo de Lima llama a revaluar el estado de los vínculos diplomáticos con Venezuela, conforme a su proceso de restauración democrática, e impone sanciones diplomáticas a funcionarios del régimen, restricciones financieras y bancarias y la congelación de activos. Asimismo, insta a otros países para apoyar el requerimiento formulado ante el Tribunal Penal Internacional que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad y urge al régimen a permitir de inmediato la apertura de un canal humanitario internacional para el ingreso de alimentos y medicinas que resultan indispensables para la vida de la población.

Los países del Grupo de Lima, la OEA y la Unión Europea han llamado a una salida pacífica e institucional impulsada por los propios venezolanos.

La referida resolución grafica la gravedad de la crisis que vive Venezuela, con un colapso humanitario generalizado que incluye un déficit alimentario y medicinas, una creciente tasa de mortalidad infantil, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una hiperinflación que se anuncia llegará en 2019 al 10.000.000%, conforme el Fondo Monetario Internacional, la inseguridad ciudadana con la más alta tasa de homicidios en la región y la aparición de enfermedades epidémicas. El último informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, da cuenta de un grave quebrantamiento democrático y una alteración institucional en el país, y demanda la libertad de los presos políticos, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales vulneradas por una régimen represivo que ha devenido en una dictadura al margen de un Estado de Derecho y la legalidad internacional.

Debe sumarse a lo anterior la dolorosa evidencia de un masivo éxodo de venezolanos que emigran en búsqueda de mejores oportunidades y un vida digna y más segura. Según Naciones Unidas, en los últimos tres años más de tres millones de venezolanos han dejado su país. Un flujo migratorio que está causando fuertes presiones en las naciones fronterizas y en los demás países de América Latina. Colombia, como país vecin,o ha recibido más de un millón de venezolanos desde el inicio de la crisis y le siguen Brasil, Perú, Chile y Ecuador.

Los países del Grupo de Lima, la OEA y la Unión Europea han llamado a una salida pacífica e institucional impulsada por los propios venezolanos que permita poner término a la grave crisis mediante la convocatoria a elecciones libres y democráticas con supervisión internacional que permita su recuperación democrática y la pacificación interna. Asimismo, han optado por ejercer una mayor presión sobre el régimen venezolano, aplicando sanciones económicas, comerciales, diplomáticas y consulares que pueden producir el aislamiento internacional de Venezuela. Debe señalarse con claridad que no es posible avizorar una salida militar a la crisis venezolana y debe rechazarse cualquier intento de intervención armada que podría provocar un grave conflicto interno de imprevisibles consecuencias para el pueblo venezolano.

Corresponde valorar la resolución del Grupo de Lima, con la activa participación de Chile, en defensa de los valores universales de la democracia y la protección de los Derechos Humanos, que constituyen ejes conductores de nuestra política exterior y que deben ser preservados en toda circunstancia, tiempo y lugar.

 

FOTO: ALEJANDRO ZOÑEZ/AGENCIA UNO

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