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Publicado el 10 noviembre, 2020

Nelson Hadad: Chile y el nuevo gobierno de Bolivia

Abogado y académico U. de Chile. Magister en Ciencias Políticas PUC. Ex embajador de Chile. Nelson Hadad

Es de esperar que el nuevo mandatario de Bolivia marque distancia de la estrategia confrontacional adoptada por los gobiernos de Evo Morales, y con pragmatismo acate el fallo de la Corte, la inmutabilidad del Tratado de 1904 y la norma “pacta sunt servanda”, universalmente reconocida, conforme  a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Nelson Hadad Abogado y académico U. de Chile. Magister en Ciencias Políticas PUC. Ex embajador de Chile.
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El nuevo presidente de Bolivia Luis Arce, ex ministro de Economía del ex presidente Evo Morales, juró el cargo, habiendo ganado la elección con el 55% de los votos en primera vuelta y marcando el retorno del Movimiento al Socialismo ( MAS ) como partido gobernante. Evo Morales, con refugio político en Argentina, ya anunció su regreso a Bolivia. Asistió al traspaso del mando presidencial el canciller Andrés Allamand, que previamente había informado  al país que, conforme a instrucciones del presidente Sebastian Piñera, se iniciará con Bolivia una “aproximación progresiva” a fin de abrir una nueva agenda bilateral  de futuro. La idea parece loable y coherente  con la promoción de la política vecinal, que constituye una prioridad de nuestra política exterior.

Pero la propuesta puede generar serios riesgos para nuestra política exterior. Cabe recordar que  Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1978 y en las últimas décadas sus gobiernos han promovido  una agresiva campaña internacional contra nuestro país, tergiversando la verdad histórica sobre la guerra del Pacífico, agraviando a nuestras autoridades con expresiones impropias y al final arrastró a Chile ante  la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo de la Corte rechazó todas y cada una de las alegaciones invocadas por Bolivia, sepultando definitivamente su aspiración marítima, con el efecto jurídico de cosa juzgada, respetando así  la vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904, válidamente celebrado, que fijó a perpetuidad los límites entre ambos Estados. A la luz de la sentencia del más alto tribunal de Naciones Unidas, Chile no tiene ningún conflicto, obligación, deuda o negociación pendiente alguna con Bolivia, por lo que el fallo, siendo definitivo e inapelable, debe ser honrado y cumplido de buena fe  por las partes.

No existe espacio a la ingenuidad y corresponde aprender las lecciones de la Historia, evitando repetir los errores del pasado y alimentar falsas expectativas en que se ha incurrido, construyendo agendas ambiguas respecto a la mediterraneidad de Bolivia. Cabe recordar que la Constitución de Bolivia estableció expresamente el carácter irrenunciable e imprescriptible de su aspiración marítima. Además se encuentra pendiente en la Corte de Justicia de La Haya el juicio sobre el Silala, conforme a la demanda iniciada por  Chile que busca su declaración como río transfronterizo y de curso internacional.

El nuevo presidente boliviano, Luis Arce, siendo candidato declaró a la prensa chilena que “Bolivia y los bolivianos no vamos a renunciar jamás a nuestra salida al mar”. En el mismo sentido formularon declaraciones los otros candidatos, incluyendo a Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y la propia presidenta interina Jeanine Añez en  la reciente Asamblea General de Naciones Unidas. Es de esperar que el nuevo mandatario de Bolivia marque distancia de la estrategia confrontacional adoptada por los gobiernos de Evo Morales y con pragmatismo acate el fallo de la Corte, la inmutabilidad del Tratado de 1904  y la norma “pacta sunt servanda”, universalmente reconocida, conforme  a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ello permitiría  abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales, inspiradas en  la buena vecindad y acotada a  promover los intercambios comerciales, la cooperación fronteriza y la profundización de la complementación económica entre ambos países.

Chile no puede revivir en el siglo XXI procesos fenecidos, que nos desgastaron infructuosamente a lo largo del siglo XX, en desmedro de su integridad territorial.

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