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Publicado el 12 de septiembre, 2019

Natalia González: 40 horas: Cuidar la institucionalidad

El texto constitucional es claro. Que nos guste o no nos guste el régimen presidencial y que nos parezca o no que el Presidente de la República tenga la iniciativa exclusiva para impulsar legislación en determinadas materias no tiene nada que ver en esta discusión y no debe servir de guía o base para efectuar una interpretación.

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El artículo 65 N° 4 de la Constitución Política de la República, sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República, cuyo texto data de 1970 -posteriormente reenumerado-, señala que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para “Fijar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública… como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlas”.

El texto constitucional es claro. Que nos guste o no nos guste el régimen presidencial; que nos parezca o no que el Presidente de la República tenga la iniciativa exclusiva para impulsar legislación en determinadas materias no tiene nada que ver en esta discusión y no debe servir de guía o base para efectuar una interpretación. Las normas sobre iniciativa exclusiva tienen su razón de ser, siendo el fundamento detrás de esta institucionalidad el evitar el desorden fiscal y limitar, de alguna manera, los conflictos político-electorales e institucionales que pudieran devenir para los legisladores, entre otras.

La disposición es incontestable tanto para trabajadores del sector público, regidos por el estatuto administrativo o por el Código del Trabajo, como del sector privado. En todos los casos anteriores, corresponde al Presidente de la República, exclusivamente, la iniciativa para aumentar las remuneraciones, como lo dice expresamente la Constitución, sin perjuicio de las restantes atribuciones que se contemplan en la disposición antes citada.

La moción parlamentaria de las diputadas Vallejo y Cariola, que reduce la jornada laboral por la vía de modificar la norma sobre jornada del Código del Trabajo, viene, justamente, a aumentar las remuneraciones tanto de los trabajadores del sector público -sujetos al Código del Trabajo- como del sector privado. Lo anterior resulta aún más evidente cuando revisamos el artículo transitorio de la iniciativa presentada por las diputadas en que se indica, expresamente, que la reducción de la jornada laboral no podrá implicar, en caso alguno, una disminución de las remuneraciones actuales. Se busca que se trabaje menos y al mismo tiempo que esos trabajadores ganen lo mismo que cuando se trabajaba más. El efecto directo e insoslayable de aquello -declarado por lo demás, expresamente, en la fundamentación de la moción presentada, disponible en la página del Congreso- es el de aumentar las remuneraciones (“salarios reales”, para ser fieles a la moción) de los trabajadores actuales del sector privado y público sujetos al Código del Trabajo, vulnerando flagrantemente las materias de iniciativa exclusiva presidencial. Demás está decir que aquella aspiración no es sostenible para nuevos trabajadores, quienes ganarán menos de no mediar cambios oportunos y eficaces en su productividad, y para los actuales es posible que se traduzca en un estancamiento del aumento de los salarios, todo ello sin perjuicio de afectar el empleo.

Además, y por su parte, respecto de los trabajadores del sector privado la Constitución es clara en señalar que solo el Presidente de la República puede alterar las bases que sirvan para determinar las remuneraciones. La jornada de trabajo o las horas destinadas a trabajar constituyen justamente bases que sirven para determinar la remuneración. Son elementos de la esencia de esa determinación. Mal entonces podría una moción parlamentaria pretender regular la materia.

El asunto no es baladí y debemos discutirlo en serio. Abrir la puerta a menoscabar las prerrogativas presidenciales exclusivas no solo es darse un gustito interpretativo, sino que lesiona las sólidas bases de nuestra institucionalidad. 

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