He pensado colgarme una pancarta frente al Ministerio de Hacienda para tratar de vender esta idea pero posiblemente sólo llamaría la atención de Carabineros, apreciada autoridad que, sin embargo, no tiene competencia en materia de recaudación fiscal y puede dirimir una eventual disputa por medio de lumazos. Luego, con la esperanza que pueda llegar a su destinatario y reguardar mi integridad física, aquí va.
Ahora que se va rehacer la reforma tributaria (RT), deberían también reestructurarse las normas sobre Repatriación de Capitales. Si se regula correctamente, permitiría al Estado allegar recursos adicionales por -estimo- US$ 4.000 millones y generar otros efectos benéficos para la recaudación fiscal y la economía. Veamos.
La RT contempló la llamada Repatriación de Capitales que, en simple, permite a los residentes chilenos durante el presente año, legalizar para efectos tributarios, cambiarios y otros sus inversiones no declaradas situadas en el exterior, pagando un impuesto único del 8%. O sea, una amnistía fiscal por las “platas negras” o “dinero B”, que no incluye aquellas provenientes de delitos como el tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y otros.
Una buena idea que se desarrolló mal como -vaya novedad- ocurrió con otros aspectos de la RT. Así, el contribuyente que se acoge al sistema hace un disclosure de sus inversiones, entrega todos los antecedentes al SII, paga el impuesto pero en los 12 meses siguientes el Servicio podría rechazar su declaración, perder lo pagado y muy probablemente ser liquidado por los impuestos adeudados -palabra que es técnicamente correcta pero también muy válida de usar aquí en su sentido ordinario-. El contribuyente tiene la carga de demostrar la “trazabilidad razonable” de sus activos, lo que resulta muy difícil cuando el origen de las inversiones se remonta a varias décadas, fueron realizadas por personas ya fallecidas, en entidades financieras que desaparecieron y/o respecto de las que no hay archivos electrónicos y aquellos en papel no están en cajón alguno. El sistema tampoco permite pagar sobre el saldo de la inversión en todos los casos sino sobre parte de ella o de sus rentas, y sólo se aplica a activos financieros y no a inmuebles. Y así.
Tan poca fe le tuvo al sistema la autoridad de la época, que estimó la recaudación fiscal por este impuesto en sólo US$ 128 millones, lo que supone un total de activos regularizados por US$ 1.600 millones. Aunque no hay cifras ciertas sobre el monto total del “dinero B” de los chilenos, es claro que es mucho mayor a la cifra indicada. Si fuere de US$ 50.000 millones, como se ha estimado por algunos, la recaudación tributaria podría alcanzar los referidos US$ 4.000 millones.
Insisto en lo positiva de la idea y más meritoria resulta cuando quien la propuso es un hombre de izquierdas, el senador Juan Pablo Letelier, exponiéndose a la crítica de sus compañeros e incluso conspicuos de derecha quienes, con simplismo bipolar, ven solo una forma de favorecer a ricos incumplidores. Esa crítica olvida o ignora que la OCDE promueve y entrega directrices a sus países miembros, como Chile, para implementar programas voluntarios encaminados a declarar cuentas y activos antes ocultos a las autoridades tributarias; que desde el año 2009 en adelante, los estados que las implementaron han recaudado un estimado superior a US$ 50 mil millones en impuestos; que enfrentamos años de menor crecimiento económico y por ende de menor recaudación fiscal, por lo que recursos adicionales para el Estado deberían ser más que bienvenidos.
Al legalizarse estas inversiones se generarán ingresos permanentes en materia de impuesto a la renta y en su momento, estos activos permitirán incrementar la recaudación por el impuesto a la herencia, tributos que el Estado hoy no percibe y no recibirá sino mejora el sistema de repatriación. También, por otras normas que están relacionadas con éstas y que de suyo constituyen un tema que amerita una columna, hay algunos “súper ricos” y otros no tanto que están dejando el país, lo que ocasionará un daño permanente para nuestra economía.
La idea de legalizar estos capitales, poco popular o resistida por algunos, ya fue acogida y si está, ¿por qué no implementarla eficientemente y corregir los defectos de la regulación original? Sr. Ministro, aquí hay un montón de plata que el Estado puede recaudar por vía de impuestos y que los contribuyentes, paradojalmente, quieren pagar para vivir más tranquilos. Y como se está redactando el proyecto de reforma a la reforma o ajuste tributario si se prefiere, ¿por qué no destinar unos parrafitos a este asunto? Hay mucho que ganar y nada que perder.
Pedro Troncoso Martinic, Abogado.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO