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Publicado el 24 de enero, 2020

Miguel Ángel Martínez: Venezuela: Un conflicto internacional

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

Después de un año 2019 marcado por una situación de “soberanía múltiple”, Venezuela sigue sumida en la crisis humanitaria y la incertidumbre política. Todo parece indicar que las repercusiones de esta crisis seguirán afectando cada vez más a las naciones iberoamericanas.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile

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A menudo el seguimiento de la actualidad venezolana genera más dudas que respuestas. No es para menos. La situación actual del país caribeño destaca por su producción de noticias inverosímiles, al punto de que con frecuencia el espectador foráneo no logra dar crédito a lo que lee o escucha, y mucho menos logra entenderlo. Este hecho, no obstante, ayuda a prolongar la agonía propiciada por un grupo cada vez menos político y más delictivo que, no contento con desfalcar por completo a una nación antaño próspera (el mismísimo Rafael Ramírez, ex director chavista de la empresa estatal de petróleos PDVSA y hombre de confianza de Hugo Chávez, acaba de señalar que en dicha compañía se perdieron $700 mil millones en cuentas privadas en el exterior durante 10 años), no tiene reparos en atrincherarse contra viento y marea frente la presión diplomática hasta ahora ejercida por las principales democracias. En efecto, la dificultad para creer lo que pasa en Venezuela conlleva a menospreciar las amenazas que su régimen representa para el hemisferio.

Como parte de su plan de resistencia a la presión foránea, el chavismo ha hecho de la región al sur del Orinoco su fortín estratégico y su fuente de recursos para sostenerse mediante un esquema económico abiertamente delictivo. Tal como han venido describiendo diversos investigadores (entre ellos Bram Ebus para el International Crisis Group), el llamado “Arco Minero del Orinoco” y las extensas fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia se han convertido en un verdadero corazón de las tinieblas en el que operan toda clase de grupos armados (desde delincuentes comunes y megabandas hasta los propios militares venezolanos, pasando por las guerrillas colombianas del ELN y grupos disidentes de las FARC). Los beneficios derivados de la exportación de drogas y de las ventas clandestinas del oro proveniente de esta región, así como la explotación de minerales estratégicos como el torio y del contrabando de combustible, están permitiendo al régimen chavista mantenerse en el poder a pesar de las sanciones foráneas, todo a ello a un costo humano y ecológico sin precedentes en Venezuela.

Entre los socios foráneos de este esquema delictivo se encuentra una variedad de regímenes autocráticos y fuerzas subversivas de diversas partes del planeta. Al interés geopolítico de naciones como Rusia e Irán se suman los esquemas ilícitos de financiamiento y forjamiento de documentos a favor de Hezbolá y otros grupos calificados como terroristas por diversas naciones en Occidente. Todo ello sucede mientras la deuda contraída por la nación se ha hecho impagable, el país sufre la peor hiperinflación del planeta, la moneda nacional se ha evaporado, los intercambios internos funcionan ya de forma apreciable en dólares, todos los indicadores de pobreza y pobreza extrema se incrementan sin parar y los migrantes/refugiados venezolanos superan ya los 5 millones.

No deja de impresionar la enorme cantidad de activistas de múltiples países que, financiados por el chavismo, han sido invitados a Venezuela para participar de toda clase de actividades políticas directamente orientadas a la subversión de los órdenes constitucionales en sus países de origen.

Venezuela es hoy ese caso insólito que nadie esperaba en la región, esa realidad que rompe con todas las interpretaciones lineales y filosofías de la historia, ese hecho insólito que debería recordarnos que nunca nos encontramos demasiado lejos del abismo. De modo similar al conflicto yugoslavo –que estallara durante los años 90 a las puertas de una Europa cada vez más próspera y unida–, la Venezuela de hoy constituye un abismo de oprobio y miseria en el corazón de una región que, durante los últimos tiempos, ha realizado notables avances democráticos. Sólo por ese hecho, y por las dimensiones de la crisis humanitaria que sufren los venezolanos, las dilaciones y medias tintas en una respuesta regional que parece estar perdiendo gas constituyen un motivo para la vergüenza.

Pero más allá de las penurias crecientes que experimentan sus ciudadanos, Venezuela concentra varios de los actores, ideas y narrativas que más directamente atentan contra la estabilidad de las democracias de nuestro tiempo. Profundamente vinculado a la dictadura castrista, el régimen venezolano no sólo se ocupa de la difusión de ideas-fuerza que poco a poco están minando desde adentro a las fuerzas socialdemócratas del hemisferio occidental, arrastrándolas desde el centro político hacia un radicalismo que sistemáticamente cuestiona las bases constitucionales de sus democracias, sino que además ha dedicado ingentes recursos a la promoción de actores políticos con agendas radicales dentro y fuera de Iberoamérica.

En otras palabras, no se trata sólo de la comunión de ideas entre el chavismo y diversos actores radicales en otros países –lo cual suele darse de forma espontánea–, sino del papel activo de Caracas-La Habana en la  promoción, financiamiento y coordinación de este tipo de iniciativas en un plano internacional. El hecho es grave porque permite la implementación de una técnica coordinada para la acción política y la toma del Estado que se encuentra estrechamente vinculada con la dictadura castrochavista.

En tal sentido, no deja de impresionar la enorme cantidad de activistas de múltiples países que, financiados por el chavismo, han sido invitados a Venezuela para participar de toda clase de actividades políticas directamente orientadas a la subversión de los órdenes constitucionales en sus países de origen. El resultado de la aplicación de estos mecanismos, allí donde han alcanzado a controlar el Estado, es la conformación de densos entramados de poder con ramificaciones criminales que eliminan la división de poderes –esto es, disuelven el régimen constitucional– y abusan de sus mandatos populares para suprimir las posibilidades de alternancia en el poder. Lo anterior conlleva, a su vez, el desarrollo de una geopolítica orientada a convertir los territorios controlados por estos regímenes en espacios francos para las actividades de una serie de actores –internos, regionales o extrahemisféricos– de carácter autocrático o subversivo.

Hasta ahora, lamentablemente, los hechos parecen demostrar que los detractores y potenciales víctimas de estas dinámicas están menos determinados a actuar que sus socios y beneficiarios.

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