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Publicado el 27 septiembre, 2020

Miguel Ángel Martínez: Venezuela: derechos humanos y alternativas políticas

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

Nuevamente la cuestión venezolana reaviva la atención de los medios internacionales. La publicación del informe de la misión especial de Naciones Unidas sobre las violaciones de DD.HH. en ese país emerge en medio de negociaciones previas a la realización de elecciones parlamentarias.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile
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En septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente para determinar presuntas violaciones de DD.HH. cometidas en Venezuela desde 2014. Un año después, la Misión ha publicado un informe, acompañado de una respectiva versión detallada de 411 páginas, donde queda registrada una serie de hechos que, si bien son ampliamente conocidos por los venezolanos, aún no habían recibido el necesario reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Tal como ha sucedido en casos como los de Sudán del Sur, Burundi y Myanmar, también en Venezuela un órgano de la ONU ha determinado que gobernantes en funciones evidencian su participación en crímenes de lesa humanidad.

El informe asume el deterioro progresivo del estado de derecho en Venezuela, particularmente desde 2014, como contexto general que propicia la comisión de este tipo de delitos. Se reseña el modo en que las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, alineadas como están con el Ejecutivo, han declarado como nula y carente de validez jurídica toda la legislación emitida por la Asamblea Nacional —desde principios de 2016 controlada en sus 2/3 por la oposición—, llegando incluso al extremo de revocar la inmunidad parlamentaria de todos los diputados. Este desconocimiento de una de las ramas del poder público se vio acompañado de la instalación en 2017 de una Asamblea Constituyente, vigente hasta hoy, que en vez de ocuparse de algún tipo de labor constituyente viene funcionando como “un poder legislativo de facto”, según reza el informe.

Tras indicar el control que ejerce el Ejecutivo sobre un sistema de justicia viciado y corrompido —como demuestra, por ejemplo, el testimonio del juez Franklin Nieves, fiscal en el caso de Leopoldo López y quien posteriormente calificó el juicio como una farsa—, el informe muestra los patrones sistemáticos desplegados por diversas autoridades y cuerpos de seguridad del Estado venezolano en toda una variedad de actividades represivas, razón que da pie para hablar de crímenes de lesa humanidad. El informe señala expresamente el rol operativo desplegado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas (CICPC) y los principales servicios de inteligencia del Estado: la Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

A partir de la investigación de 223 casos individuales y la revisión de 2.891 violaciones de derechos humanos denunciadas, la Misión —que alega haber intentado en varias ocasiones, infructuosamente, entrevistarse con las autoridades del Estado— determina la participación de dichos cuerpos de seguridad en detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y degradantes, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales, entre otros hechos atroces cometidos con el propósito de reprimir la disidencia política, y alega tener “motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con dos políticas estatales distintas o en apoyo de las mismas”.

Entre los procedimientos más destacados se cuentan detenciones arbitrarias en ausencia de orden judicial, durante protestas callejeras o por la noche en el domicilio de las víctimas, sin respeto al debido proceso y violando toda clase de derechos de los detenidos y de sus familiares. Mención aparte merecen los asesinatos cometidos durante las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) y “Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo” (OLHP), desarrolladas por las FAES. Según señala el informe, “el Ministerio Público identificó a 505 personas muertas durante las OLPs (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes). En los 140 casos examinados por la Misión, 413 personas fueron asesinadas” (la propia Michelle Bachelet señaló esta semana que sólo en lo que va del 2020 han sido ejecutadas más de 2.000 personas en estos operativos). Por su parte, las investigaciones del Estado suelen estar paralizadas o carecer de la debida transparencia.

El informe la Misión Independiente de Naciones Unidas emerge justo cuando la oposición política venezolana se haya más fragmentada entre los sectores que apuestan por la vía electoral y los que la consideran vedada porque el chavismo ha intervenido los partidos políticos de oposición, inhabilitado a buena parte de sus candidatos y empleado sus tarjetas para inscribir candidatos dóciles al régimen. Entre los partidarios de asistir a las elecciones parlamentarias inicialmente pautadas para finales de 2020 se encuentra una serie de veteranos políticos de escaso ascendiente popular que han aceptado todas las condiciones espurias que impone el chavismo, así como el ex candidato Henrique Capriles y algunos sectores de Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.

Dichos sectores han intensificado por su cuenta los contactos con el Grupo Internacional de Contacto y la Unión Europea, desestimando al cada vez menos combativo Grupo de Lima y aprovechando la circunstancia de que Josep Borrell —voz autorizada de un PSOE que hasta ahora se muestra ambiguo frente a los desmanes del chavismo— es, desde diciembre de 2019, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores. Hasta ahora, Borrell ha señalado que la UE no observará las elecciones parlamentarias en Venezuela si se realizan este año, pero se muestra abierto a hacerlo si se difieren a 2021 y se otorgan ciertas garantías.

Se oponen a participar en tales elecciones el propio Juan Guaidó —reconocido como jefe de Estado por más de 50 países— y la mayor parte de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, al igual que líderes como Antonio Ledezma y María Corina Machado, quienes demandan algún tipo de intervención foránea para neutralizar lo que consideran como un grave problema de seguridad hemisférica. Guaidó en particular, en su mensaje a la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 23 de septiembre, tomó como base el informe de la Misión Independiente para instar a la comunidad internacional a asumir la “responsabilidad de proteger” (RTP) a los venezolanos.

Ante la fractura de la oposición, muchos piensan que el futuro de Venezuela a mediano plazo depende del resultado de las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde los candidatos Biden y el incumbent Trump ya parecen haber ido perfilando sus respectivas preferencias. A estas alturas es evidente que la realidad contraviene la manida tesis diplomática según la cual los asuntos venezolanos deben resolverlos los propios venezolanos, pues la injerencia extranjera ya es un hecho consumado, entre otras cosas porque desde hace años muchos cubanos, colombianos, rusos, chinos e iraníes vienen operando en el terreno sobre sensibles asuntos de seguridad. El rol de la comunidad internacional —y especialmente de las democracias— no pasa ahora por desentenderse, sino por procurar activamente la solución de lo que, en efecto, es una crisis con ramificaciones hemisféricas y consecuencias cada vez más visibles en los países vecinos.

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