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Publicado el 19 de diciembre, 2019

Miguel Ángel Martínez: Revolución y poder constituyente

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

La actualidad política en Chile ha puesto sobre el tapete la discusión en torno al argumento de la asamblea constituyente. La experiencia histórica demuestra que el mecanismo suele estar asociado a aspiraciones maximalistas, inestabilidades prolongadas y despotismos de diversa factura.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile

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Lo primero que conviene tener en cuenta es que el argumento a favor de la asamblea constituyente, allí donde surge, suele ser expresión de una voluntad revolucionaria. Así fue desde sus orígenes, cuando al calor de la Revolución Francesa el abad de Sieyès concibiera una teoría capaz de brindar legitimidad a lo que, en caso contrario, podría no haber sido más que una revuelta particularmente violenta. Ante la prolongada estabilidad del Antiguo Régimen, un nuevo principio de legitimidad era necesario para que el nuevo orden pudiera asentarse con mínimas garantías.

¿Pero qué tipo de principio de legitimidad puede dar fundamento a un orden revolucionario? En los inicios de la Edad Moderna, el término revolución era entendido como retorno (movimiento circular) a una posición inicial y natural de la cual el mal gobierno había apartado al cuerpo político. El propósito original de la revolución era, inicialmente, el retorno al justo orden natural. No obstante, y en el fragor de los acontecimientos políticos, la revolución comenzará a entenderse más bien como sinónimo de progreso, de avance necesario en el movimiento natural (y lineal) de los cuerpos políticos hacia condiciones esencialmente mejores.

El futuro, por lo tanto, pasó a concebirse como natural y necesaria superación del pasado. Lo pretérito comenzó a ser asumido como decadente, retrógrado, imperfecto, en comparación con un futuro que se presume como naturalmente más luminoso y virtuoso. La acción política virtuosa, por ende, coincide entonces con la aceleración, con la propulsión del cambio. Y mientras más veloz y profundo sea el cambio, mejor: más rápido llegaremos a los próximos estadios que nos reserva la historia entendida como progreso. Lo único que puede salir mal, según esta idea de las cosas, es que nada cambie, o que cambie lentamente. La prudencia y la moderación, se constata, han dejado de ser virtudes para el revolucionario.

Ahora bien, en tanto que ese fenómeno netamente moderno que es la revolución se concibe como el intento de fundar un orden político y social enteramente nuevo, dicho orden sólo puede nacer como idea, como construcción racional, como edificio que se erige a partir de ciertas creencias a priori que, a menudo y por desgracia, prescinden de las evidencias que ofrece la experiencia. Sencillamente se tiene la convicción de que lo nuevo, por el mero hecho de ser distinto a lo ya conocido y por oponerse a ello, y por mostrarse aparentemente lógico, no puede fallar.

A ello contribuye la convicción de que el ser humano es una criatura profundamente maleable, producto de circunstancias que se pueden cambiar a voluntad. El peso de la historia, de las costumbres, de la cultura, y de todas las codificaciones asumidas mediante el lenguaje y las creencias más profundas, todo ello puede modificarse con facilidad y por decreto. Se asume que lo que no funciona es mero fruto del error y la vileza, y que ambos males pueden ser extirpados de la sociedad mediante leyes elaboradas por los justos.

Como consecuencia de lo anterior, se cree que una voluntad justa no debe tener límites. La teoría del poder constituyente tiende a presumir la existencia de una voluntad general y única que encarna a la nación como un todo, y que, como tal, es necesariamente justa y no debe tener contrapesos. Por ende, la voluntad constituyente debe ser todopoderosa, al punto de contravenir el sentido netamente moderno que la tradición liberal imprimió al término constitución. Para la tradición liberal y moderna, la constitución es, precisamente, la garantía jurídica de que ningún poder será absoluto, ni siquiera el de las mayorías, y de que los derechos individuales son inalienables.

Por lo tanto, el peligro de las asambleas constituyentes estriba en que, al suprimir (así sea momentáneamente) los controles al poder para imponer una voluntad revolucionaria, la continuidad requerida para la estabilidad de todo orden político tiene a resquebrajarse. En semejante contexto, en vez de dejar abierto el juego a la política, voluntades parciales suelen imponerse como si fueran generales. Así, las corrientes de opinión que circunstancialmente devienen mayoritarias en momentos de excepción terminan por marcar la pauta de los futuros tiempos de normalidad, otorgando un rango constitucional a aspiraciones que la experiencia histórica puede demostrar inconvenientes o impracticables.

La pretensión de hacer “borrón y cuenta nueva”, así como esa predilección por los sueños tan propia de las revoluciones, a menudo las conduce a la decepción y el fracaso. Y al perderse de vista que toda voluntad política es necesariamente parcial (nunca general), los resultados de la acción revolucionaria y constituyente suelen revelarse como profundamente distintos a los deseos y aspiraciones de cada individuo. Por tales razones, nunca resultan más recomendables el escepticismo y la cautela que cuando el maximalismo constituyente se impone al gradualismo reformista. De dicha cautela y escepticismo dependerá que los resultados del proceso constituyente reflejen el acuerdo de los diversos y no la materialización de una voluntad despótica.

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