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Publicado el 22 de junio, 2019

Miguel Ángel Martínez: La lucha contra las cleptocracias

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

Hay regímenes políticos que forman parte del crimen organizado transnacional. Lidiar con ellos es una tarea tan ardua como necesaria, no sólo para los ciudadanos que los sufren, sino también para los estados democráticos que pueden verse afectados por sus acciones delictivas.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile
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La relación entre política y crimen organizado ha sido siempre difícil y compleja. Los métodos empleados originalmente para generar, conquistar o mantener el poder político no diferían mucho de los empleados por grupos organizados para el saqueo o robo sistemático de los frutos del trabajo ajeno. La diferencia fundamental entre la evolución hacia el Estado de vocación genuinamente política y la mera organización para el expolio continuado radicó en la disposición de imponer algún criterio axiológico; esto es, de establecer y administrar alguna noción generalizada de justicia. De ahí que el propio San Agustín señalara que no son otra cosa los reinos de la Tierra, sin el ejercicio de la justicia, sino “magna latrocinia”.

Ahora bien, la administración efectiva de justicia requiere la conquista previa del monopolio del ejercicio legítimo de la violencia por parte de algún grupo armado. Históricamente, los líderes de dichos grupos consolidaron linajes dinásticos y se erigieron en monarcas. Más adelante, el Estado democrático moderno contempló la necesidad de que el ejercicio de dicha violencia legítima no fuera arbitrario, abogando entonces por la independencia de los órganos encargados de la administración de justicia. Se estableció así el llamado imperio la ley o estado de derecho, sin el cual es imposible hablar hoy de democracia.

Pero allí donde no se implantó efectivamente el monopolio estatal de la violencia, o donde no alcanza la mano del Estado, o cuando ciertos sectores sociales se sienten desasistidos por el sector público, diversos grupos organizados (por lo general dispuestos a usar la violencia) se han encargado a veces de cobrar tributos, administrar algún tipo de justicia y reclamar la obediencia de la gente. La supervivencia de tales organizaciones devino en ocasiones en entramados criminales especialmente potentes, a veces con fuerte arraigo social y no siempre desprovistas de influencia sobre las estructuras estatales.

Tal es el caso de la mafia siciliana (en Italia y Estados Unidos), la N’Dranghetta calabresa, los Vory v zakone rusos, o la Yakuza japonesa, entre otros. El peligro de estas organizaciones no consiste sólo en el daño que infligen a la comunidad mediante su habilidad para enriquecerse indebidamente y a su fácil disposición para ejercer la violencia, sino en su capacidad para comprar funcionarios públicos y corroer así la estabilidad del Estado como tal.

El poder de tales grupos, así como el de toda organización social, radica en su capacidad para asociarse y organizarse. Por lo tanto, sus potencialidades han tendido a aumentar notablemente durante la intensificación del proceso de globalización experimentado en las últimas décadas, caracterizado por la mayor permeabilidad de las fronteras y el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación. La habilidad de estos grupos para asociarse transnacionalmente ha aumentado al punto de constituirse como una de las principales amenazas no convencionales de nuestro tiempo.

Esta amenaza adquiere su máxima expresión cuando Estados enteros llegan a actuar como parte del crimen organizado. Tal es el caso de numerosos gobiernos africanos, de varios regímenes de la antigua órbita soviética o de la Venezuela de nuestros días. A menudo calificados como cleptocracias, estados mafiosos o estados gangsteriles, se le distingue no sólo por incumplir sus propios ordenamientos jurídicos (así como los usos y normativas internacionales), sino porque sus líderes emplean todo el poder y facultades del Estado en el desarrollo de prácticas extractivas y depredadoras.

Los órganos y capacidades de los estados así capturados se vuelven incompetentes para la administración de justicia y el desarrollo de políticas públicas que atiendan las necesidades de la gente, la cual se ve condenada así a una miseria irremediable mientras no se produzcan genuinos cambios de régimen. Sin embargo, las transiciones que pueden tener lugar en estos casos no se parecen a las que se producen en Estados bien constituidos y relativamente ordenados.

Tal como ha señalado Tutu Alicante en un reciente papel de trabajo titulado “To Catch a Kleptocrat”, ante tales regímenes se requiere una elevada cooperación internacional para aplicar estrategias que combinan campañas de concientización, promueven la movilización ciudadana dentro y fuera del país afectado (las diásporas son fundamentales en estos casos) y aplican los mecanismos judiciales adecuados allí donde sí existe estado de derecho. El costo potencial de no involucrarse en esta lucha es cada vez mayor para las democracias que la desconocen, pues se trata de una amenaza que traspasa fronteras con pasmosa facilidad, que sabe echar raíces por doquier y que socava la estabilidad democrática de terceros países de forma silente y solapada.

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