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Publicado el 4 noviembre, 2020

Miguel Ángel Martínez: España: El linchamiento del orden constitucional

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

Lejos de contener las ambiciones de sus socios antisistémicos, Pedro Sánchez las comparte, mientras espera que la fractura y radicalización de la centroderecha conduzcan a una larga hegemonía socialista. El precio de esta estrategia política lo paga un país cada vez más crispado y estancado.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile
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La deriva asumida por el ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez en España, que parece comprometer seriamente el actual orden constitucional, hace tiempo que hizo saltar todas las alarmas. No sólo en España, sino también en la Unión Europea. Tras un prolongado período de indefiniciones, y luego de negar de todas las maneras posibles que pudiera conformar gobierno con el Podemos de Pablo Iglesias o con organizaciones separatistas del País Vasco y Cataluña, estas posibilidades se concretaron con la coalición de gobierno conformada hace ya un año.

Si a ver vamos, el hecho es consecuencia directa de la notable capacidad que ha demostrado Podemos para impulsar la polarización social en un sistema parlamentario, donde no es preciso convertirse en una organización política medular para generar grandes quebraderos de cabeza. Con el apoyo manifiesto de Venezuela e Irán, y en ocasión de la crisis financiera global de las subprime, Podemos logró capitalizar el justificado descontento de la ciudadanía con respecto a la clase política, que ya venía siendo acicateado por el destape de importantes casos de corrupción.

Con su ascenso inicial, el partido morado captó a una buena parte del electorado joven de izquierdas que en otras circunstancias, sin la presencia de una nueva formación política más radicalizada, tradicionalmente se hubiera inclinado hacia una fuerza más centrista como el PSOE. El histórico partido socialdemócrata, por su parte, ya había comenzado a experimentar una importante tensión interna tras la jubilación política de la vieja guardia de Felipe González y la llegada del enigmático José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue imponiendo una línea cada vez más crítica de la Transición —y con ella, de la Constitución de 1978—. De este modo, la izquierda y la centroizquierda española, pilares fundamentales en su momento de un proceso político que ha brindado a los españoles la mayor estabilidad democrática, convivencia cívica y prosperidad económica de toda su historia, se han ido deslizando sistemáticamente hacia el escabroso terreno del revisionismo constitucional.

Hasta entonces, esas tentativas contrarias a la letra y el espíritu de la Constitución habían quedado reservadas para los separatistas vascos y catalanes, varios de los cuales han venido apostando sistemáticamente a lo que Michel Wieviorka ha llamado una “noción étnica de nación”, en detrimento de una noción más propiamente “cívica”. En otras palabras: hacer política mediante la exacerbación de identidades que, en vez de procurar el fortalecimiento de una idea incluyente de nación que se fundamente en la defensa de las libertades y la igualdad ante la ley, se inclinan cada vez más hacia las turbulencias de la diferenciación étnica y la fractura estatal. Adicionalmente, el uso político de los presupuestos autonómicos ha contribuido a consolidar clientelas y a alimentar el tipo de tensiones que una democracia debería dedicarse, más bien, a mitigar.

La coalición de Sánchez ha hecho de los viejos fantasmas de la guerra civil (1936-1939) uno de sus caballos de batalla ante la opinión pública, mientras Iglesias no oculta su interés de adelantar en el control partidista de los medios de comunicación del Estado, de los órganos de inteligencia y de los jueces. Los términos en que se pretende acometer la reforma del Consejo General del Poder Judicial, así como los deficientes proyectos de presupuestos generales del Estado —totalmente orientados al alza de impuestos y del gasto público en un país con problemas ya crónicos para la generación de empleo y el financiamiento público de las pensiones—, sólo han sido parciamente controlados por los límites que impone la Unión Europea.

La situación, suficientemente grave por el vuelco total que implica sobre el programa ofertado durante la campaña electoral, se ha hecho aún más delicada con el advenimiento de la crisis ocasionada por el COVID-19. En este sentido, España se ha destacado como uno de los países que peor ha gestionado la pandemia. La tensión con Europa se mantiene también en la negociación de los cuantiosos fondos que la Unión otorgará a varios países para aliviar los efectos del coronavirus.

Frente al reto creciente que implica el progresivo deslizamiento de la centroizquierda hacia el cuestionamiento del orden constitucional tan difícilmente alcanzado durante la Transición, la posición de las fuerzas conservadoras y liberales ha sido preocupante. El Partido Popular, que lograra bajo la dirección de José María Aznar aglutinar a buena parte de ese espectro político, se vio fracturado en primera instancia por sus líneas más centristas y liberales con el surgimiento de Ciudadanos, mientras que posteriormente el ala más conservadora ha terminado articulándose en torno a Vox, organización que tampoco —aunque por razones opuestas a las de la izquierda— duda en abogar por un profundo cambio del orden constitucional.

La monarquía, por su parte, ha sufrido un duro golpe de credibilidad con los escándalos protagonizados por Juan Carlos I. El hecho compromete la imagen de la institución, sobre todo ante quienes difícilmente conocen el papel crucial desempeñado por el anterior monarca en las horas clave de la Transición. Felipe VI ha intentado capear el temporal del mejor modo posible, pero la tendencia a la polarización y al faccionalismo político no hace sino incrementarse. Si por un lado se aprecia a un PSOE que prácticamente actúa como rehén de Podemos —cuando no secunda de modo entusiasta sus iniciativas—, el electorado de la centroderecha muestra su disgusto con el trasvase de votos que, durante las últimas dos elecciones generales, se produjo desde Ciudadanos hacia Vox.

Sobre el PP de Pablo Casado recae así la difícil papeleta de liderar una oposición que, a nivel nacional, sea capaz de mantener el orden constitucional más exitoso con el que han contado los españoles, y de hacerlo sin sucumbir a la tentación de la polarización. Se entiende que ese ha sido el sentido de votar en contra de la moción de censura que Vox elevó al parlamento hace unos días. Nuevamente cabe imaginar que, detrás de dicha postura, se encuentra la posición general que asume la Unión Europea frente al rompecabezas español, y que parece ver en el PP la última garantía de orden.

No obstante, todo tipo de dudas emergen en torno a las posibilidades de que esta línea de acción rinda resultados. Así lo siente cada vez más el electorado natural del PP, quien hasta ahora observa cómo este tipo de gestos no son correspondidos por Sánchez, empeñado en mantener las políticas de fractura que adelanta con Iglesias. El actual presidente parece sentirse cómodo en la zozobra actual, por la que espera poder mantener fracturado al espectro político a su derecha mientras Podemos le necesita para adelantar cualquier política. Pero el precio de esa zozobra lo paga el país entero, cuya estabilidad y prosperidad depende del restablecimiento de esos acuerdos mínimos que fueron posibles mientras el PSOE fue dirigido por Felipe González. De momento, ni Sánchez ni Iglesias parecen tener conciencia de que el precio de llamar al diablo es, a menudo, el de verlo venir.

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