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Publicado el 8 junio, 2021

Miguel Ángel Martínez: Diálogos en Venezuela (I): ¿Un círculo vicioso?

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

Venezuela se encuentra ya embarcada en el sexto proceso de diálogos con participación foránea desde que el chavismo llegó al poder. ¿Por qué estos mecanismos se repiten una y otra vez en este país? ¿Cuál es su razón de ser y qué resultados han brindado hasta ahora?

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile
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Regímenes autocráticos hay muchos en todo el planeta, de toda clase, variedad y pelaje. Y de acuerdo con los más recientes estudios, durante el último lustro no han hecho sino aumentar: algunas democracias frágiles se han deslizado a la condición de autoritarismos competitivos (regímenes en los que aún es posible para la oposición competir electoralmente con alguna mínima garantía), mientras que diversos regímenes híbridos se han convertido en autoritarismos hegemónicos (en dictaduras puras y duras, para ser más claros).

Esta última es la situación de Venezuela, en donde las últimas elecciones que se realizaron con relativas garantías fueron las parlamentarias de diciembre de 2015. El resultado es bien sabido: antes de arriesgarse a experimentar una salida institucional del poder, el régimen de Maduro desconoció por completo a la Asamblea Nacional y se decidió a asumir todos los costos políticos de gobernar en términos abiertamente dictatoriales. Esto ha implicado la violación masiva de DD.HH., el hostigamiento constante al liderazgo opositor, la realización de elecciones fraudulentas y toda clase de desmanes en el contexto de una crisis humanitaria de gran complejidad.

Ahora bien, resulta llamativo el modo en que la comunidad internacional ha decidido lidiar con la cuestión venezolana. Desde que ésta se reveló como una situación notoriamente conflictiva, en abril de 2002, se han desarrollado 5 procesos de diálogo —entre gobierno y oposición— con facilitación o mediación foránea, y ya estamos a las puertas del sexto. No es una situación que se aplique con frecuencia ante otras dictaduras, y más bien se aplica en el contexto de conflictos armados. En virtud de lo anterior, conviene comprender la historia reciente de estos mecanismos en Venezuela, por la cual han llegado a convertirse en moneda de curso corriente en ese país.

Durante los 13 años que Hugo Chávez estuvo en el poder se realizó un único proceso de estas características, con participación de la OEA y el Centro Carter, entre los años 2002 y 2003. La metodología, en cierto sentido, asumía a ambos sectores como fuerzas equivalentes, lo que probablemente tenía sentido en aquel momento, cuando un sector de los militares derrocó a Chávez por 48 horas antes de decidir reestablecerlo en el poder. A primera vista, aquello lucía como una posible escisión de las fuerzas armadas, ante lo cual el sistema hemisférico se dedicó a prevenir un conflicto mayor. El precio de reducir la zozobra interna fue tolerar la realización de un referéndum revocatorio en condiciones que nadie aceptaría en su propio país, así como la consolidación de un autoritarismo competitivo que sentó las bases de la actual debacle de Venezuela.

Por su parte, Nicolás Maduro lleva ya 8 años en el poder, y durante este período no sólo se han realizado 4 procesos de esta índole, sino que además estamos ya encaminados al quinto. Maduro no la ha tenido fácil para gobernar, dadas las dificultades que implicaba reemplazar a Chávez como líder de esa particular coalición entre militares, izquierda radical y fuerzas extranjeras que es el chavismo. Ha debido hacerlo, además, en el contexto de la brutal caída de los precios del petróleo, mientras enfrentaba dos largos ciclos de protesta popular (2014 y 2017) y la pérdida de la Asamblea Nacional desde 2016. Con tantos adversarios dentro y fuera de Miraflores, Maduro se ha atrincherado tras el apoyo que le brindan los aparatos de inteligencia y la diplomacia castrista, con amplia presencia en el país.

Pero precisamente en esas circunstancias Maduro parece haber encontrado en los procesos de diálogo un espacio proclive para la maniobra política de subsistencia. Cada vez que se ha encontrado ante un momento de máxima tensión, él mismo ha propiciado la implementación de procesos de diálogo que asume bajo un riesgo calculado, evitando con sumo cuidado  la posibilidad de contraer compromisos que deba verse obligado a cumplir, mientras gana el tiempo necesario para reordenar sus filas y para ir desactivando silenciosamente la presión que desarrollan sus adversarios.

Maduro no sólo fue durante 8 años el canciller de Chávez –el cargo que más directa relación guarda con la tutela que el régimen castrista ejerce sobre Venezuela—, sino que además formó parte del equipo negociador del chavismo en el proceso de diálogo de 2002-2003. En esa oportunidad pudo constatar el modo en que este tipo de instancias pueden ser utilizadas para contemporizar en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del gobierno, mientras se presenta ante el mundo en relativo pie de igualdad frente a una oposición que, en realidad, es objeto de su persecución política.

Tal como señalamos unos párrafos atrás, los procesos de diálogo y negociación con participación foránea cobran su mayor sentido en países en los que por encima del ordenamiento jurídico priva un conflicto armado. Allí donde no hay ley, o donde sectores dispuestos a empuñar las armas imponen cada uno su ley, no queda más remedio que el diálogo directo entre quienes ejercen la violencia. Pero, ¿cuál es el sentido de plantear una dinámica similar allí donde lo que existe es una situación profundamente asimétrica entre un régimen que ejerce la violencia mientras viola la constitución cuya creación impulsó y una oposición política que demanda el cumplimiento del orden constitucional? ¿Por qué el régimen dictatorial, en contra de lo que suele ser habitual en las dictaduras, se interesa en permitir este tipo de acción foránea en su terreno?

Convencionalmente se ha tendido a asumir que el interés compartido por la mayoría de los actores políticos involucrados es el restablecimiento del orden constitucional, al punto de que pueda tener lugar una alternancia en el poder sin que medie la venganza de los sectores ahora oprimidos. De acuerdo con esta perspectiva, el chavismo tendría en mente o podría estar interesado en abandonar el control del Estado, siempre y cuando sus principales líderes contaran con suficientes garantías de no ser “tocados” por la justicia y en la medida en que más adelante puedan volver al poder mediante elecciones.

Por otro lado, se asume que, en vista de que éste es el mecanismo al que parece acceder el régimen de Maduro, y en aras de alcanzar la paz, es necesario explorar toda posibilidad de entendimiento. Algunos incluso apuntan que ir contra lo anterior es apostar a la guerra. Además, se asume que la grave crisis humanitaria que vive el país demanda, ante todo, la atención a una población cada vez más vulnerable, incluso al costo de que el orden político siga siendo más o menos el mismo que hasta ahora.

Pero en vista de que el examen de los supuestos y premisas señalados en los últimos párrafos demanda un espacio mayor, dedicaremos a ello próximas entregas. De momento, nos limitamos a señalar que los dilemas que encierran tales postulados son grandes e importantes.

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