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Publicado el 24 de julio, 2020

Miguel Ángel Martínez: Crisis y reequilibramiento de la democracia

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

No cabe duda de que un gran estallido popular, acompañado de recesión económica, polarización política y pérdida de popularidad de los partidos tradicionales, indica que nos encontramos ante una crisis de la democracia. Se corre el riesgo de perderla por completo, pero también puede ser una oportunidad para su fortalecimiento.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile

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30 años después de consumarse el momento cumbre de la transición a la democracia, al país se le considera a menudo como “el alumno aventajado de la región”. Diversas cifras parecen avalar este reconocimiento foráneo. Décadas de vertiginoso crecimiento económico y de acelerada modernización en todos los órdenes de la vida social y cultural de la nación así parecen atestiguarlo. El amplio desarrollo de la infraestructura nacional, el deslumbrante Metro de la capital, la masiva afluencia de inmigrantes procedentes de países más desventajados y el hecho de haber alcanzado el primer o segundo lugar —el puesto ha variado de un año a otro— en el PIB per capita de América Latina son todos hechos que alimentan esta idea de que el país lo ha venido haciendo bien durante las últimas tres décadas.

Pero una cosa es que los científicos políticos del extranjero se hayan acostumbrado a describir una “transición modélica” en el país y otra lo que piensa una buena parte de sus ciudadanos. Aunque éstos reconocen el notable crecimiento económico de los primeros años de la democracia, la desaceleración sufrida más recientemente impacta con fuerza en la calidad de vida de una población que ya conoce las ventajas del crecimiento sostenido. No se percibe, además, que los frutos de este desarrollo lleguen a todos por igual. Para muchos resulta claro que las conquistas alcanzadas como sociedad ni son suficientes, ni llegan realmente a quienes más lo necesitan.

Consciente de estas dificultades, la clase política no ha dejado de introducir reformas en el plano jurídico y de la estructura del Estado. Una de las que más tiempo ha tardado en abordarse, y que representa una deuda pendiente con respecto a los estándares globales de las mejores democracias, es la relativa a la descentralización. Después de todo, el hecho de que el país se haya ubicado a la cabeza de América Latina lo ha llevado a compararse cada vez menos con sus vecinos y cada vez más con los países desarrollados de Norteamérica, Europa y el Sudeste Asiático. Así, a 30 años de la transición, las reformas pactadas por la clase política permitirán que se desarrolle la primera elección, por voto popular directo, de los gobernadores regionales.

No obstante, la realidad termina demostrando que nada de lo anterior es suficiente. Para muchos, too little, too late. Se sabe que dicha clase política ha venido perdiendo buena parte de su conexión popular. Para muchos, el sistema democrático vigente luce incompleto, incluso fallido, secuestrado por una partidocracia de élites corruptas que todo lo manejan y maquillan mediante pactos que no excluyen la colusión. Las críticas arrecian, los casos de corrupción escandalizan a la opinión pública y los principales periodistas se hacen cada vez más agudos e insistentes en sus cuestionamientos. El malestar se respira en el aire, y la gente se pregunta por qué no pasa nada.

Hasta que un día, finalmente, pasa de todo. Durante su segundo mandato —para el cual fue electo por una población que espera así recuperar el crecimiento económico experimentado durante su primer período—, el presidente de la República acomete diversas reformas de austeridad. Una de ellas pasa por el aumento del pasaje del transporte público. Pero al momento de implementarse, la medida ocasiona una serie de protestas y disturbios en la capital. Lo que parece un fenómeno localizado y eventualmente pasajero se convierte en una oleada que inflama todo el territorio nacional. Miles de personas protestan, y una oleada de saqueos se dispara por doquier. El presidente tarda en reaccionar, pero finalmente lo hace, tomando la medida extraordinaria de sacar los militares a la calle. La represión dispara el número de víctimas y enardece aún más los ya exaltados ánimos de la población. Destacados intelectuales, que ya lo venían advirtiendo, sostienen con más vehemencia que nunca que el régimen no da para más; aseveran que hay que cambiarlo todo. Se clama por la destitución del presidente. Todos intuyen que algo definitivamente se quebró, y que despunta ya la aurora de un tiempo nuevo, preñado de incertidumbre, temores y esperanzas.

Todos sabemos cómo terminó la historia. O quizás no.

Lo sabemos bien si en la descripción anterior reconocemos el caso de Venezuela en 1989; no así si entendemos que se trata de Chile en 2019. En realidad, la descripción se ajusta a ambos casos. En Venezuela, tras dos ineficaces golpes militares que tuvieron lugar poco después (1992), prosperó un juicio político que efectivamente condujo a la destitución del presidente. En las siguientes elecciones (1994), el sistema bipardista se desplomó, dando paso a un multipartidismo inestable al que concurrieron diversos líderes recientemente electos como gobernadores regionales. Con un corto margen de votos ganó —en lo que quizás pueda interpretarse como una primera apuesta por la continuidad— Rafael Caldera, octogenario y expresidente.

Pero para las siguientes elecciones presidenciales (1998), el persistente descontento popular llevó al poder al populista Hugo Chávez, líder del primer golpe militar de 1992, cuyas promesas de campaña se redujeron a barrer con la clase política corrupta y desarrollar una Asamblea Constituyente. La nueva constitución (1999) configuró un congreso unicameral y aumentó considerablemente las facultades del presidente, eliminando importantes contrapesos a su poder. A partir de 2004 se consolidó un régimen híbrido o autoritarismo competitivo que posteriormente, en 2016, dio paso a un autoritarismo hegemónico.

En La quiebra de las democracias (1987), Juan Linz explica cómo las crisis que éstas experimentan en determinados momentos las pueden conducir a resultados muy diversos. En el peor de los casos pueden terminar quebrándolas y consolidando regímenes autoritarios, tal como ha sucedido en Venezuela. Pero en otros casos, cuando la emergencia conduce a mejorar la legitimidad y eficacia del sistema de gobierno, pueden favorecer su reequilibramiento. Esta posibilidad depende de la capacidad del liderazgo político, y de la sociedad en general, para eludir la polarización, desatender los cantos de sirena de eventuales líderes populistas —a menudo opositores desleales a la democracia liberal—, generar consensos verdaderamente amplios en torno a posiciones centristas y realizar reformas oportunas cuyos resultados redunden oportunamente en el bienestar de la población más afectada. Por fortuna, Chile aún está a tiempo de lograr que la crisis de su democracia conduzca a su reequilibramiento. Los chilenos, todos, tienen la pelota en su terreno.

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