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Publicado el 20 de octubre, 2019

Miguel Ángel Martínez: Bogotá, Quito, Barcelona, Santiago…

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

Durante las últimas dos semanas fuertes protestas y disturbios han tenido lugar en cuatro países distintos de Hispanoamérica y la Península Ibérica. Los hechos evidencian no sólo un significativo malestar popular, sino también la presencia de agendas políticas de confrontación.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile
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En Bogotá, diversas protestas estudiantiles pacíficas que tuvieron lugar el día 10 de octubre en la plaza Bolívar terminaron enturbiadas por las acciones de grupos minoritarios que lanzaban objetos a los uniformados que custodiaban el Palacio de Justicia. Los hechos de violencia se han venido repitiendo después, cuando marchas de diversos sectores sociales contra la reforma laboral y de pensiones se produjeron a la par de disturbios y confrontaciones entre encapuchados y fuerzas del orden público. En general ha predominado la distancia entre los manifestantes pacíficos y los violentos.

Por su parte, la ola de protestas y disturbios que afectó a la ciudad de Quito fue mucho más intensa, en parte porque quienes la encabezaron fueron los distintos grupos indígenas que desde hace años están notablemente organizados en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Allí, el decreto presidencial 883 que suprimió el subsidio al combustible fue el detonante de varios días de movilizaciones en la ciudad capital. De nuevo, algunos sectores particularmente radicalizados llevaron los reclamos al extremo de la violencia, exigiendo además la renuncia del presidente Lenin Moreno y el retiro del FMI del Ecuador. El gobierno, por su parte, denunció vínculos entre ciertos manifestantes, el ex presidente Correa y Nicolás Maduro. Algunos detenidos son venezolanos acusados de pertenecer a “colectivos” como La Piedrita, agrupación chavista conocida por su recurrente uso de la violencia. Finalmente, las protestas amainaron cuando Moreno derogó el decreto 883, tras negociar acuerdos con los líderes de la movilización popular.

Asimismo, las protestas en Cataluña adquirieron otro nivel tras conocerse las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo español a los imputados por el procés. Éstas oscilan entre 9 y 13 años, por cargos de sedición y malversación (se rechazaron las acusaciones de rebelión que presentó la Fiscalía). Recordemos que hace un par de años el parlament catalán se erigió, por voto mayoritario interno, en asamblea constituyente, rechazando toda autoridad del gobierno constitucional de España. Días después declararía unilateralmente la independencia de Cataluña, no dejando otra opción al gobierno central que intervenir mediante la activación del artículo 155 de la Constitución española. Comenzó así el proceso judicial que finalizó con las penas recientemente impuestas.

La reacción de los nacionalistas catalanes no se hizo esperar en las calles, donde los manifestantes ejecutaron la toma popular coordinada del aeropuerto de El Prat. El hecho obligó a suspender muchos vuelos y evidenció el notable nivel de preparación que acompañó la organización de estas movilizaciones. Pero también en este caso diversos sectores recurren a la violencia, destruyendo comercios y bienes públicos ante la repulsa de propios y extraños. Múltiples detenciones y cargas policiales tuvieron lugar a lo largo de estas jornadas, y se esperan más en el futuro cercano.

A todo lo anterior cabe agregar las protestas y disturbios que están teniendo lugar en Santiago. El incremento de la tarifa de metro ha sido el eje de manifestaciones motivadas por un descontento profundo en torno a diversas políticas sociales (salario mínimo, jornada laboral, previsión social, gratuidad de la educación superior, etc.) Lo que empezó como “evasión masiva” conllevó luego una escalada en la que varias estaciones del subterráneo sufrieron destrozos importantes, muchos de ellos a manos de encapuchados. También hubo saqueos, incendios y destrucción de patrimonio público y privado. La jornada llevó al presidente Sebastián Piñera a suspender por varios días el servicio de metro y decretar Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco.

En todos los casos está presente un genuino malestar popular, motivado por polémicas reformas laborales y alzas en el precio del transporte (en los países hispanoamericanos) o bien por temas de carácter identitario (particularmente en Cataluña). Pero se percibe también la combinación de manifestantes espontáneos con grupos especialmente organizados para generar caos y confrontar a las fuerzas de seguridad. En tal sentido, es importante distinguir el respeto y atención a la legítima expresión de un reclamo popular del respaldo, más o menos velado, a las agendas de poder de grupos extremistas. Éstos últimos llevan la política de confrontación al plano de la violencia, desarrollando estructuras de movilización que aprovechan contextos y oportunidades concretas para desestabilizar las bases institucionales del orden democrático.

Tal como ha señalado Juan Linz, en todo sistema democrático conviven actores leales, semileales y desleales al mismo. Los desleales se valen de las libertades y derechos civiles que les garantiza la democracia para forzarla y socavarla lentamente. Los semileales, a menudo sin clara conciencia de las consecuencias de sus actos, dudan entre apoyar o no las acciones más polémicas de los desleales. Así, según el autor español, la quiebra de la democracia suele sobrevenir como consecuencia de las vacilaciones que los sectores semileales manifiestan a la hora de tomar postura frente a las agendas de los extremistas. Valga el recordatorio ante una oleada de incidentes que, ojalá, no derive hacia reversiones autoritarias de ningún tipo.

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