Una de las preocupaciones transversales sobre los movimientos migratorios está asociado a la trata de personas, que es una grave violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Se diferencia del tráfico de personas en que el objetivo está ligado al abuso laboral o sexual, y no solo es el traslado de forma ilegal y clandestina entre dos países.

La trata es condenada de forma absolutamente transversal, sin embargo, vemos que, por diferentes motivos, sí hay medidas que, indirectamente, la fomentan. Por lo que es importante no solo hacer las declaraciones de que se está en contra, sino que se debe alinear los incentivos para desincentivarla y castigar severamente a quienes realizan este deleznable delito.

Una de las grandes discusiones sobre política migratoria en la actualidad tiene que ver con las medidas que se toman con respecto a los extranjeros que, de forma voluntaria y por necesidades laborales, ingresan a Chile de forma clandestina, buscando mejorar sus ingresos para mantener a sus familias. Con ello, los países tienden a tomar dos medidas: La primera es expulsar o devolver al país de origen a quienes ingresan de forma ilegal, pero considerando la necesidad de protección y el arraigo por reunificación familiar. La segunda es obviar el ingreso clandestino y entregar una visa bajo algunos supuestos, como lo son no tener antecedentes penales y tener un empleo. 

Hoy, la nueva administración se ha manifestado en la segunda línea, de generar “perdonazos” y regularizar a quien consiga contratos, que va muy de la línea de lo que planteaban los activistas durante la discusión de la nueva ley de migraciones, y hoy asesoran al gobierno. Se plantea que, si ingresa clandestinamente, pero consigue un contrato, “venció” al sistema, por lo que el Gobierno debe darle una visa. El gran problema de esta medida es que fomenta el abuso laboral y la trata de personas, ya que el empleador, al contratar a un extranjero que ingresó clandestinamente, tiene un poder gigantesco sobre él, por lo que potenciales abusos son medidas que ocurren con bastante frecuencia y los migrantes clandestinos quedan sujetos solo a la “buena voluntad” de su empleador, muchas veces sin poder ejercer sus derechos.

Por ello, lo planteado por la nueva ley, y en el marco de lo que realiza más del 90% de los países de la OECD, lo óptimo es un sistema flexible de visas, como visas de trabajadores de temporada, para que los extranjeros lleguen a Chile con visa y RUT, donde haya un responsable legal que los emplea, y que si ocurren abusos o maltratos se pueda realizar la denuncia y exista la posibilidad de que estos trabajadores puedan moverse con un nuevo empleador. A su vez, un sistema que incentiva que lleguen con visa y no que ingresen “a la mala” y después generen perdonazos, es mucho más responsable con las necesidades de las comunas y territorios, y permite planificar mejor a empleadores, trabajadores, comunas receptoras e industrias, lo que mejora la relación entre nacionales y extranjeros.

En ese sentido, es imperioso que exista conocimiento y apoyo ciudadano con respecto a la regularidad migratoria, y se deje de pensar en la lógica buenista que ingresar clandestinamente es solo una apuesta a que no pillen al extranjero y le den una visa de todas formas, porque este incentivo a la trata solo termina poniendo en riesgo la vida de este migrante, incentiva la informalidad y los deja incluso vulnerables a violaciones a sus derechos.

*Álvaro Bellolio es académico y consultor de políticas públicas.

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