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Publicado el 23 de junio, 2020

Michèle Labbé: Una vacuna contra la ilegalidad

Economista Michèle Labbé

Lamentablemente, el COVID19 no es el único virus que está atacando a los chilenos. Hay otro, que está atacando a nuestra sociedad y quiere destruirla desde sus bases, y es la ilegalidad.

Michèle Labbé Economista

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A mediados de la semana recién pasada, el Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria correspondiente a junio de 2020, y tal como están los primeros días de este invierno, las noticias que nos traía el informe eran, por decir lo menos, grises con cara de lluvia.

Al igual que los organismos a nivel internacional, en Banco Central corrigió las cifras de crecimiento a la baja, y en un movimiento que evidencia la incertidumbre presente en todos  los mercados, producto de la expansión de la pandemia, no sólo no disminuyó el rango de estimación del crecimiento para este año, como lo hace en todas las estimaciones de crecimiento publicadas cada segundo trimestre, sino que amplió dicho rango desde -3,75% a -4,75% en su estimación de marzo de 2020, a un rango de -5,5% a -7,25% en su estimación de junio. De modo que, tal como lo expresa literalmente el Banco Central, “la economía chilena sufrirá (el año 2020) la mayor contracción de los últimos 35 años”.

Las noticias que provienen del extranjero no son menos oscuras. Mientras las autoridades luchan por reabrir sus economías y liberarse de las cuarentenas implementadas para disminuir la movilidad de las personas, y con ello, el contagio, también se evidencia la re-aceleración de los contagios, que se pensaba ya se habían logrado administrar, al tiempo que la OMS declaró que “hay un claro riesgo de rebrote” por el levantamiento de las restricciones a la movilidad. Y como si eso no fuera suficiente para matar nuestras esperanzas de una pronta vuelta a la normalidad, el director regional de la OMS para Europa advirtió que “si los brotes no son aislados, puede venir una segunda ola y puede ser muy destructiva”, explicando que la situación seguirá siendo compleja mientras no exista una vacuna.

Sin embargo, cuando uno analiza la situación fríamente, debería concluir que no se podía esperar menos de un virus que ha demostrado ser escurridizo, cambiante, nocivo y difícil de combatir. Al fin y al cabo, es un virus que, al igual la peste negra o las pandemias del siglo pasado, busca su propagación sin preocuparse de los organismos en los cuales se vuelve un parásito.

Lamentablemente, el COVID19 no es el único virus que está atacando a los chilenos. Hay otro, que está atacando a nuestra sociedad y quiere destruirla desde sus bases, y es la ilegalidad. Este virus no sólo se ha instalado en las calles en la noche, en las masas corruptas que todo lo destruyen, en las juntas de los viernes en la Plaza Italia después del 18-O y antes del coronavirus, sino que ahora está golpeando con fuerza en nuestro Congreso.

Asaltar a una persona en la calle y robarle el celular es un delito, es ilegal, no importa que alguien crea que la ley debería ser distinta, y que debería evaluarse o re-escribirse. Mientras siga siendo ley, robarle a alguien el celular seguirá siendo ilegal. Esto, que debería estar claro para todos los chilenos, no lo tienen claro muchos de nuestros legisladores, a los cuales no sólo elegimos para hacer las leyes, sino además a quienes pagamos, por cierto, muy buenos sueldos, los cuales salen de nuestro trabajo.

En efecto, hemos visto en el Congreso una ola (capaz que esa sea la segunda ola de la que habla la OMS) de proyectos de ley creados por los parlamentarios o mociones del todo inconstitucionales. Y no sólo eso: el virus es tan contagioso, que hasta aquellos que saben que están votando una ley inconstitucional, o sea votando por ley una ley que no se puede votar, porque es ilegal hacerlo, en vez de oponerse con su voto, se unen a la mayoría, al anular su voto.

Aclaro que soy parte del directorio de una empresa de servicios básicos, pero me parece que impedir que las empresas cobren sus deudas, ya sea porque se les obliga a posponer las cuotas de un crédito, o porque no se les permite cobrar por los servicios o bienes entregados –en el caso de los servicios básicos– o utilizar el dinero de los fondos de pensiones, que en realidad son cuentas ahorro previsional individuales y privadas, puede parecerles a muchos que es justificable, bajo las circunstancias actuales, pero eso no las hace menos ilegales. Para distribuir las cajas de mercadería que se están entregando a la población más desposeída, no se le obligó a supermercados y abarrotes a regalar la comida; las cajas se pagaron con ingresos fiscales.

Esto implica que existen formas institucionales de hacer lo mismo; se llama gasto público. Si se quiere dar un subsidio o pagar los servicios básicos de una proporción de la población, eso se hace con gasto fiscal, y si los ingresos fiscales no alcanzan, entonces se pueden subir los impuestos, pero es una medida general y para todos, o sea no discriminatoria.

El gran problema es que nuestro parlamento está plagado de mociones inconstitucionales y no admisibles, y que de uva en uva un zorzal se comió una viña, y de una ley en una ley, la mayor parte de nuestros parlamentarios, de todo el espectro político, están destruyendo las bases de nuestra institucionalidad.

Este virus genera aún más incertidumbre que el coronavirus, porque la vacuna para el coronavirus va a aparecer pronto, si Dios quiere. Pero el antídoto contra el virus de la ilegalidad no existe, y este virus es un parásito que permite que su patrocinador se reelija, pero que va a terminar destruyendo nuestro país.

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