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Publicado el 24 noviembre, 2020

Michèle Labbé: Lo tuyo y dos más

Economista Michèle Labbé

Quizás finalmente el Presidente y sus ministros entendieron que para que haya diálogo deben existir dos interlocutores que busquen un bien común y donde ambos estén dispuestos a ceder.

Michèle Labbé Economista
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El domingo recién pasado, el gobierno, representado por el Presidente Sebastián Piñera, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), para que éste declare inconstitucional el proyecto de ley que permite un segundo retiro de fondos desde las cuentas de ahorro individuales para pensiones. De acuerdo a lo informado en el comunicado oficial, la iniciativa del gobierno “busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho”.

La decisión del Ejecutivo no sorprendió, pues hace una semana el gobierno ya había anunciado que ejercería esta opción. No obstante, lo que sí sorprende, o al menos genera cuestionamientos, es porqué lo hace ahora y no antes, cuando se aprobó el primer retiro del 10%.

En principio no existe una respuesta clara a esta pregunta. Lo cierto es que tanto el primer retiro del 10% como el segundo que está por votarse, afectan el orden institucional y el Estado de Derecho; ambos son una muy mala política pública que no hace más que desvestir un santo para vestir otro; ambos implican un deterioro en las pensiones futuras, y por lo tanto, van en directo perjuicio de los trabajadores.

Sin embargo, siempre es posible encontrar algunas diferencias que justificarían, o al menos permiten explicar, porqué en este caso sí se está recurriendo al Tribunal Constitucional.

Cuando se aprobó el primer retiro, un gran porcentaje del país se encontraba en cuarentena, y por tanto los trabajadores estaban sufriendo importantes caídas en los ingresos producto de las restricciones al movimiento y sus consecuencias sobre el empleo. Hoy las cuarentenas se han restringido a lugares muy específicos, y con ello la economía ha empezado a recuperarse, así como los ingresos de los trabajadores. En efecto, en estos últimos tres meses ya se han recuperado más de 700 mil empleos.

La segunda diferencia está en que después del primer retiro, casi dos millones de personas quedaron con sus saldos en las cuentas individuales de ahorro de pensiones en $0, y estas personas, en su mayoría, corresponden a la población de menores recursos. Por tanto, este segundo retiro no iría en beneficio de las población con más necesidades, ni con más dificultades financieras, y por tanto, difícilmente se puede llamar una política social.

Esta segunda diferencia transparenta que el objetivo final de la moción no es apoyar a la ciudadanía ante las consecuencias económicas de la pandemia, sino descomponer el sistema de pensiones de capitalización individual, pues al aprobarse un segundo retiro, más de 4 millones de cuentas individuales podrían quedar en cero, y por tanto, se erosiona el porcentaje de la población que defenderá sus fondos, lo que hace mucho más fácil su nacionalización.

Tan cierto es lo anterior, que los parlamentarios que apoyan esta iniciativa no trepidan en rechazar cualquier restricción al retiro de los fondos, inclusive las que buscan cobrar impuestos sobre los retiros a las personas que tienen ingresos superiores a los $2,5 millones mensuales, que, para todos los efectos, hace menos regresiva esta política pública.

Sin embargo, las declaraciones de los parlamentarios en el hemiciclo ya había dejado muy en claro estos objetivos, por tanto, sigue siendo cierto que envío de este proyecto de ley al Tribunal Constitucional, y no el primero, refleja un cambio en la estrategia de negociación con que el gobierno se ha manejado estos dos últimos años.

Una posible explicación es que el gobierno se cansó de poner la otra mejilla. Hasta ahora se buscó incansablemente el diálogo, mucho más allá de lo que muchos recomendábamos; se cedió hasta el dolor profundo, se entregó la Constitución y el 10%, entre muchas otras cosas, pero la respuesta de la oposición siempre fue… “lo tuyo y dos más”. Quizás finalmente el Presidente y sus ministros entendieron que para que haya diálogo deben existir dos interlocutores que busquen un bien común y donde ambos estén dispuestos a ceder en la búsqueda de ese bien común. Y no donde una de las partes tiene un único objetivo, el poder aquí y ahora, y si eso significa la presidencia, mejor.

Esperemos entonces que este acto, que pondrá en pugna al Poder Legislativo con el Tribunal Constitucional, no sea en vano, y que efectivamente sea un golpe a la mesa, donde el gobierno haya entendido que la estrategia de negociación seguida hasta ahora no nos lleva más que al abismo. Que un gobierno que juró defender la constitución y servir a sus ciudadanos, debe ser capaz de defenderlos de políticas populistas que les hacen daño, debe defender la seguridad pública y la propiedad privada; y debe ser capaz de marcar la agenda pública, y para eso debe destacar su fortaleza económica y la mejoría en los números, esos números que la oposición busca y ha logrado hasta ahora opacar, buscar los temas en que la ciudadanía lo apoya, tales como disminuir el número de escaños en el congreso o disminuir los salarios de los parlamentarios, equiparándolos a los de países similares.

El gobierno debe entender que esta partida no se gana bailando al ritmo de la oposición, sino marcando el ritmo de su propio baile, el que mejor sabe bailar, y por el cual votó -hace ya 3 años- la mayoría de los chilenos.

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