“Realismo sin renuncia” es la frase que sintetizó el consejo de gabinete que encabezó la Presidenta Bachelet. Algunos ironizan hablando de una “renuncia sin realismo”. En este encuentro se sinceró frente a los ministros de Estado y frente al país los malos resultados económicos obtenidos en lo que va del actual gobierno. Ayer este mismo medio publicó las ocho malas cifras económicas que explican la decisión de darle “realismo” al programa, entre las que destaca que la recaudación fiscal disminuirá en 1.531 millones de dólares respecto a lo previsto en la elaboración de la ley de presupuesto e incluso la propia reforma tributaria recaudará 667 millones de dólares menos de lo esperado. Al mismo tiempo la inversión privada experimenta la más fuerte caída desde 1986, el desempleo se encuentra al alza y la inflación de 4,4% anual supera la meta de 3% impuesta por el Banco Central. Solo notas rojas para el gobierno y sus planificadores.
Es valioso que hoy vean los hechos y sinceren la situación económica del país, pasando una etapa de idealismo y utopía, teñida de irresponsabilidad y demagogia, donde se pretendían forzar los resultados económicos a punta de pomposas declaraciones ministeriales que tenían mucho de voluntarismo y poco de análisis económico. Se ha iniciado lo que esperamos sea una etapa de realismo y que ojalá vaya acompañada de sensatez, profesionalismo y responsabilidad con los chilenos. Aun así resulta curioso que una Presidenta que ya gobernó una vez, apoyada por partidos con largo tiempo en La Moneda, que tiene líderes preparados y conocedores del mundo, no haya sabido, no haya entendido o haya simplemente omitido de su acción pública la importancia del crecimiento económico para un país.
El tema, sin duda, tendrá repercusiones al interior de la propia coalición de gobierno. Desde la extrema izquierda del oficialismo, la diputada Vallejo sostuvo que la crisis económica es por culpa de la situación internacional y el chantaje empresarial. Otros advierten que se debe seguir adelante como sea y no faltan los que se anuncian como guardianes del cumplimiento del programa.
Para comenzar esta nueva etapa, se requiere avanzar en una cultura de responsabilidad política. El gobierno, con su programa de reformas radicales –ampliamente rechazadas por la ciudadanía-, con declaraciones irresponsables –desde las ofensas clasistas del ministro Eyzaguirre a los padres de clase media hasta las frases promotoras de retroexcavadoras ideológicas- y con su soberbia refundacional, es el principal y más claro responsable del actual panorama social, político y económico del país.
En las exposiciones de la Presidenta, del ministro de Hacienda en el Congreso o en la de senadores oficialistas, se habla mucho de realismo pero poco de responsabilidad. La renuncia forzada de los ministros Peñailillo y Arenas fue una señal política potente, pero no suficiente, pues resulta mucho más relevante que el gobierno haya aprendido la lección, y entienda que en buena medida sus actos son los responsables del frenazo económico que limita su propia acción política y, peor todavía, las posibilidades de progreso para muchas familias. Para esto no hay excusas, ni siquiera el supuesto desconocimiento de cómo funciona un aparato estatal que han administrado durante 21 de los últimos 25 años, confesión que agrava la falta.
En segundo lugar, esto nos recuerda la importancia que la economía tiene para el progreso de Chile y para los márgenes de acción que un gobierno puede tener. Esto no es caer en un reduccionismo economicista, sino simplemente reconocer el papel fundamental que tiene la economía para que las personas vivan mejor, tengan más oportunidades, salgan de la pobreza y se desarrollen en base a su propio esfuerzo personal, que a fin de cuentas es la forma más humana que tenemos de progresar. Despreciar la economía es minusvalorar a las personas, lo que resulta inaceptable.
Por último, es bueno recordar que podemos sacar algo positivo de las magras cifras económicas. Ellas nos obligan a evaluar las políticas sociales propuestas por el gobierno, especialmente proyectos como la injusta propuesta de gratuidad en educación superior, que pretende, entre otras, cosas financiar a los grupos más ricos de la población, además de limitar la libertad de los que tienen menos recursos para elegir dónde estudiar. Esta señal de alerta económica nos permite volver a aplicar el principio de focalización del gasto social, que beneficie a la población más vulnerable, promueva mejores oportunidades para los que tienen menos, y así abandonar una pretendida garantía estatal de los denominados derechos sociales.
Si bien toda crisis es una oportunidad, convertir esta crisis creada por el gobierno en una oportunidad para retomar el rumbo del crecimiento requerirá por un lado poner los pies en la tierra con una buena dosis de realismo y sensatez política, y por otro recuperar la valiosa costumbre republicana de que los gobernantes se hagan responsables de sus actos. Sólo así Chile volverá a ser el país que más crecía en América Latina, el que combatió la pobreza con mejores resultados y del cual legítimamente nos sentimos durante tanto tiempo orgullosos por su buen nombre internacional.
Julio Isamit, Presidente Chile Siempre.
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