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Publicado el 01 de octubre, 2019

Mauricio Rojas: Adam Smith y la justicia social: Lecciones para un liberalismo del siglo XXI

Director de la Cátedra Adam Smith de la UDD y Senior Fellow de la Fundación para el Progreso Mauricio Rojas

La distancia entre las realidades de nuestro tiempo y el de Adam Smith es, por cierto, enorme. Sin embargo, muchas de las ideas fuerza del gran pensador escocés siguen siendo, a mi juicio, una de las mejores guías de que disponemos para elaborar un liberalismo para el siglo XXI. A continuación me permito resumir en cuatro puntos aquellas ideas y perspectivas de Smith que me parecen de la mayor relevancia para el presente.

Mauricio Rojas Director de la Cátedra Adam Smith de la UDD y Senior Fellow de la Fundación para el Progreso
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  1. Visión crítica del progreso

Uno de los aspectos más notables y relevantes de la obra de Adam Smith es su capacidad de ver las dos caras que siempre caracterizan al progreso. Quién, que no sea un fanático o un ciego, podría negar los enormes avances que ha reportado la economía libre de mercado o el capitalismo, pero quién, que no esté igualmente ciego, podría negar que hay mucho que corregir y reformar para que esta poderosa herramienta del progreso humano no termine convirtiéndose en su propio enemigo. En esta perspectiva, el progreso nunca es un puro “mejorar” o “progresar”, sino que implica pérdidas y perdedores, retrocesos potenciales y el surgimiento de nuevos problemas difíciles de resolver que, bajo condiciones adversas, pueden dar origen a reacciones destructivas que pueden amenazar la existencia misma de la libertad no sólo en el terreno económico, sino en general.

Este es un tema de la mayor actualidad, tal como lo muestran el resurgimiento del nacionalismo, el inquietante avance global del populismo y el auge de diversos fundamentalismos religiosos. “La llamada de la tribu”, para usar el acertado título del libro de Mario Vargas Llosa, es hoy fuerte y preocupante, pero su catalizador proviene, paradojalmente, del mismo progreso que tanto y con tanta razón celebramos. No es sino su amenazante sombra, como Karl Popper lo expuso en La sociedad abierta y sus enemigos (1945), su magistral esfuerzo por comprender el surgimiento de los totalitarismos durante la primera mitad del siglo XX.

El avance de la libertad, de la cual la libertad económica es una de sus manifestaciones más potentes, tiene un enorme impacto desestabilizador sobre el orden y las certidumbres tradicionales, así como sobre nuestras fuentes de sustento. Nuestra seguridad, tanto material como existencial, es puesta constantemente a prueba y no todos superan o se sienten en condiciones de superar con éxito el desafío. De allí proviene la búsqueda de soluciones autoritarias, de un orden y una seguridad que de alguna manera pongan coto a aquel torbellino de “destrucción creativa” que es la esencia de una sociedad libre. Y por ello es tan importante hacerse cargo del otro lado del progreso e intentar reparar o al menos paliar sus costos, tal como Adam Smith trataba de hacerlo con sus propuestas de intervenciones políticas reformistas destinadas a mitigar el impacto destructivo sobre los talentos humanos de la mayoría de la población que, a su parecer, estaba produciendo aquella misma división del trabajo que era la principal fuente del enorme progreso que ya en su tiempo se hacía evidente.

En este sentido, los mejores amigos de la sociedad abierta no son sus apologetas, sino sus partidarios críticos, como lo era nuestro célebre escocés, y esa es una perspectiva que será vital para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI como, por ejemplo, los medioambientales.

  1. Igualitarismo liberal

La perspectiva antropológica de Adam Smith –con su insistencia en la gran igualdad innata de los talentos de los seres humanos y su destrucción a partir de ciertas condiciones de vida y trabajo que los afectan– es fundamental para aproximarnos a uno de los temas más candentes de nuestro tiempo: la desigualdad.

La desigualdad es un producto natural de un sistema de libertad que promueve la diversidad y respeta las decisiones soberanas de los individuos así como sus resultados. Por ello, el liberalismo rechaza la así llamada “igualdad de resultados” y todo intento de homogeneizar la sociedad. Sin embargo, la existencia de desigualdades extremas entre diferentes sectores sociales, como las que podemos constatar en nuestro país así como en tantos otros, refleja algo mucho más profundo que las eventuales y muy respetables diferencias de talento, mérito o suerte entre diversos individuos y nos remite a causas estructurales o sistémicas como las que tan agudamente analizaba Adam Smith. En suma, las desigualdades sociales de este tipo apuntan a desigualdades significativas en las condiciones en que las personas nacen y se desarrollan. Se trata, en otras palabras, de un problema social y no individual, y por ello nos corresponde enfrentarlo, tal como subraya Adam Smith, como sociedad creando una igualdad básica de condiciones para el florecimiento de los talentos humanos.

Esto es lo que se concreta en la así llamada “igualdad de oportunidades” o, mejor dicho, “de posibilidades”. Ahora bien, decir “igualdad de oportunidades” es fácil, pero concretar su contenido manteniendo un orden liberal es mucho más complejo. Si quisiésemos realizar a fondo una igualación de posibilidades, tendríamos que llevar a cabo unas intervenciones políticas que prácticamente aniquilarían toda libertad individual. Por ello tenemos que buscar un punto de acomodo que nos permita mantener un alto nivel de libertad individual y, al mismo tiempo, darles a todos una posibilidad razonable de hacer real esa libertad. Esto es lo que se logra cuando pasamos de la igualdad plena de oportunidades a una versión más limitada de la misma, que es la igualdad básica de oportunidades, la que, por cierto, evoluciona y debe ser definida a partir de las condiciones existentes en cada sociedad y momento concreto.

En todo caso, aceptar la redistribución coactiva –vía impuestos– necesaria para alcanzar una igualdad básica de posibilidades implica relativizar el valor absoluto de la propiedad privada, cosa que Smith aceptaba y también, aunque nos sorprenda, lo hacía Hayek. Sin embargo, para muchos liberales libertarios esto es absolutamente inadmisible y sólo aceptan la redistribución voluntaria que no toca el derecho de propiedad. Otros liberales fundamentan su objeción a la redistribución argumentando que la misma violaría la igualdad de trato –igualdad ante la ley– que es el componente básico de una sociedad libre, al tener necesariamente que discriminar entre unos individuos y otros.

Este segundo argumento es muy discutible, ya que la igualdad de trato redistributiva trata de manera igual a las personas que comparten ciertas características o circunstancias, cosa que hace prácticamente toda la legislación. Pero más allá de esa u otras objeciones a este tipo de argumentos, es evidente que las políticas redistributivas nos enfrentan a lo que es un genuino dilema liberal: la necesidad de limitar la libertad de algunos de disponer plenamente de los frutos de su trabajo y de sus bienes a fin de ampliar la libertad de otros. Ahora, si nuestro objetivo, y principio ético rector, es crear una sociedad donde todos –y no sólo aquellos afortunados en la lotería del nacimiento o favorecidos por circunstancias excepcionales– tengan una posibilidad razonable de desplegar sus talentos innatos y gozar de un conjunto de libertades que no sean puramente formales o mínimas, entonces me parece inevitable concluir que es éticamente imperativo implantar ciertos esquemas de redistribución que apunten hacia esos fines.

Una ventaja adicional y no menor de asegurarles a todos los ciudadanos una igualdad básica de condiciones para desarrollar sus talentos es que de esta manera se potencian los recursos disponibles para que el mercado pueda asignarlos de la mejor manera posible acelerando así la marcha del progreso. En suma, a mayor igualdad básica de posibilidades, es decir, de libertades, recursos y capacidades, más amplia será la participación social en la economía de mercado y, en consecuencia, su extensión y su dinamismo, lo que, a su vez, es el determinante esencial de la intensidad del progreso económico.

  1. Ideal ciudadano

Adam Smith elabora en La teoría de los sentimientos morales (1759) un concepto de virtud que pone en primer lugar el self-command o capacidad de gobernarse a sí mismo, que es justamente aquella virtud que nos permite actuar “apropiadamente”, como él diría. Esa es la característica esencial del ciudadano virtuoso y reflexivo que es “dueño de sí mismo” y no se deja, como un niño, guiar ya sea por sus propias pasiones o, más comúnmente, por aquellas agitadas por los demagogos de turno. Este ciudadano, que constituye la piedra angular en la que reposa todo el edificio liberal, no es el homo œconomicus ni nada parecido, tampoco es “el carnicero, el cervecero, o el panadero” de los que Smith nos habla en el párrafo más célebre de La riqueza de las naciones (1776). Es algo muy distinto, es el ciudadano guiado por un conjunto de motivaciones que va mucho más allá del “self-love” o del interés propio característico de una transacción comercial. Es un ser que no se olvida a sí mismo, pero tampoco a los otros, que es empático, benevolente, justo, prudente y solidario, y que por lo tanto está dispuesto a imponerse las obligaciones que derivan de una vida “en sociedad”, como diría John Locke, entre ellas aceptar aquellas cargas y solventar aquellos impuestos que la hacen posible.

Para que puedan desarrollarse estos ciudadanos imprescindibles para la existencia y estabilidad de la sociedad libre es que Smith urge la intervención del gobierno en un intento por sacar a la mayoría de sus conciudadanos de un embrutecimiento y una degradación incompatibles con seres humanos que ejercen el autogobierno y la prudencia.

Reivindicar este ideal republicano y los medios para alcanzarlo es hoy más importante que nunca ya que vemos como sobre las sociedades democráticas se cierne el espectro del populismo, esa “epidemia viral –en el sentido más tóxico de la palabra– que ataca por igual a países desarrollados y atrasados”, esa “degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde dentro”, como hace no mucho escribiese Vargas Llosa en el prólogo a El estallido del populismo (2017).

  1. Justicia social liberal

El liberalismo debe, a mi entender, abandonar toda reticencia a hablar de justicia social o justicia distributiva, definiendo con precisión su objetivo, alcance y formas, a fin de que la justicia social pueda ser puesta al servicio de una sociedad libre en vez de servirle de instrumento a aquellos que en nombre de la solidaridad con los menos favorecidos pretenden extender su poder sobre los ciudadanos. En otras palabras, debemos saber responder, a nuestra manera, a la pregunta clave que plantea la justicia social: ¿disponen los ciudadanos de aquello –derechos, capacidades, reconocimiento, bienes, servicios– que les corresponde en cuanto tales?

No es posible entrar aquí en una discusión más pormenorizada acerca de las intervenciones redistributivas que nos pueden permitir responder a la pregunta clave sobre la justicia social. Lo que sí me parece imprescindible es decir algunas palabras sobre el cómo deben realizarse esas intervenciones.

Al respecto me permitiré formular lo que considero un principio fundamental de legitimidad de este tipo de intervenciones desde el punto de vista liberal: cuando la sociedad o el Estado que la representa se apropia, vía impuestos por ejemplo, de una parte de lo que es nuestro –de nuestra propiedad o de los frutos de nuestro trabajo y emprendimiento– con la finalidad de crear una igualdad básica de posibilidades, ello sólo es aceptable y tiene un sentido pro-libertad cuando esos recursos van realmente a ampliar el poder y la libertad del conciudadano que los requiere. Ahora, si el poder político nos priva de una parte de nuestro poder, es decir, de nuestros recursos y la capacidad de decisión que los mismos hacen posible, para aumentar su propia capacidad de decidir sobre la vida de otros, esto hace que la intervención redistributiva sea absolutamente ilegítima para un liberal ya que desvirtúa su intención, que no es otra que darles más poder a otros individuos, empoderarlos, y no aumentar el poder que otros ejercen sobre ellos y sus proyectos vitales.

Por eso la forma en que se realice la redistribución es decisiva y esto es lo que hoy realmente separa a socialistas y liberales, ya que los socialistas, en general, han abandonado la idea de una estatización directa de los medios de producción para optar por la “socialización del consumo”, como algún día se le llamó en Suecia, es decir, por dirigir las opciones vitales de la población mediante el uso de una carga tributaria y una redistribución en constante aumento. Los socialistas, mayoritariamente (hay excepciones, como las socialdemocracias escandinavas de nuestros días), rechazan por ello mismo el empoderamiento ciudadano real y afirman resueltamente la primacía del Estado para decidir el uso de los recursos que hemos decidido poner en común y quién debe prestar los servicios así financiados. Se oponen por ello, tajantemente, a una organización de la solidaridad social con libertad de elección ciudadana y diversidad de proveedores que nos permita, directa y libremente, elegir escuela o centro de salud o el servicio que sea que esté garantizado públicamente.

La opción liberal es claramente la contraria: la del empoderamiento ciudadano vía, por ejemplo, bonos o vouchers del bienestar y la ruptura de los monopolios públicos sobre la provisión de los bienes y servicios que garantizamos. Se trata, en suma, de separar la responsabilidad pública que garantiza la igualdad básica de posibilidades de la gestión de la misma.

Lo que es clave para un liberal es ampliar la libertad real de los individuos y evitar que se transformen en “ciudadanos comandados” o, simplemente, en súbditos de una clase política y un Estado benefactor que use la solidaridad social para imponer ciertas opciones vitales, las de los que detentan el poder, sobre otras, las de cada uno de los ciudadanos.

* Síntesis de la intervención programada para el 2 de octubre de 2019 en el encuentro Nuevos desafíos del liberalismo en el siglo XXI organizado por la Fundación para el Progreso.

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