El fenómeno del cambio climático llegó para quedarse y Chile, país altamente vulnerable a él, no escapa a esta situación. Uno de sus efectos se observa en la creciente escasez del recurso hídrico, tanto por la disminución de las precipitaciones como de las reservas de nieve en la cordillera (que alimentan los caudales de los ríos en primavera y verano), esto último debido al incremento de las temperaturas medias. Se estima que, al año 2070, la temperatura en nuestro país habrá aumentado entre 2 a 5 grados.
A esta situación se debe sumar el hecho de que en Chile se utiliza apenas un 16% del agua que escurre por las cuencas, mientras que sólo se regula un 4% a través de embalses para irrigación. De esta forma, el 84% del recurso disponible, con aptitud de riego, se vierte en el mar sin ser utilizado.
Lo anterior debe llevarnos a asumir una realidad que, a nivel internacional, nos identifica como país. Más que una situación de sequía o de escasez hídrica –como normalmente suele hablarse a través de los medios de comunicación cada vez que comienza la época estival– lo que afecta a Chile es un déficit de infraestructura de riego.
Para poner esto en perspectiva, basta con mencionar lo que sucede en California, Estado que desde hace 30 años tiene todos sus ríos embalsados a través de 1.500 obras de acumulación; una realidad similar a la que evidencia parte de la Región de Coquimbo. Y si consideramos que en ambos casos se evidencia actualmente una condición crítica, debido a la sequía más extrema registrada en siglos, gracias a la visionaria inversión en infraestructura de acumulación y distribución se han logrado aminorar los negativos efectos permitiendo, en el caso particular de esta región de nuestro país, sobrellevar casi una década de años secos.
Y es aquí donde cabe recordar el gigantesco avance que se evidenció durante el gobierno anterior, cuando el ex Presidente Sebastián Piñera le encargó a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura –como política de Estado– desarrollar una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que fue llevada a cabo en conjunto con el Banco Mundial y la OECD, y que dio como frutos la Estrategia Nacional de Riego y los Planes Nacionales de Embalses, de Infiltración de Napas Subterráneas y de Revestimiento de Canales y Desarrollo de Telemetría. Del mismo modo, se determinó la estructura de una nueva institucionalidad que permita concentrar la gestión del recurso hídrico en una sola entidad, articulando eficientemente la vinculación entre los sectores públicos y privados.
Fue así como el Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego aprobó un plan de desarrollo de 16 embalses al año 2022. Aún más, de manera inédita, se aprobó que cuatro de ellos comenzaran a ser ejecutados a la brevedad, con el correspondiente respaldo presupuestario de inicio: Chacrillas, en la Región de Valparaíso, en proceso de llenado; Chironta, en Arica y Parinacota; Valle Hermoso, en Coquimbo; y Punilla en Bío Bío, cuya licitación se encuentra atrasada.
Complementariamente, y gracias a una gestión de benchmarking llevada a cabo en California, Australia, Israel y España –países que sí presentan una condición de escasez hídrica notoria en comparación con el nuestro–, pudimos traer a Chile tecnología de infiltración de napas subterráneas, que es mucho más económica y eficiente que la construcción de embalses. Antes del término de la administración anterior, pudimos ejecutar dos exitosas obras, en Alicahue y Aconcagua, en la Quinta Región.
En base a lo aprendido con estas experiencias, decidimos aumentar al doble los recursos disponibles, tanto a través de la Ley 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje así como de fondos del Ministerio de Obras Públicas para obras de revestimiento de canales e introducir sistemas de automatización y control de compuertas de regadío vía telemetría y telecontrol. Lo primero, a objeto de disminuir las notorias pérdidas por filtración debido a la natural permeabilidad de la tierra, en tanto que, lo segundo, en la línea de complementar las iniciativas de la tecnificación del riego que apuntan a optimizar el uso del agua.
También se aprobó la reforma a la citada Ley 18.450 que aumentó en diez veces el límite máximo de postulación para acceder a cofinanciamiento para la construcción de obras de riego multipropósito, entre los sectores privados y público. Así, se posibilitó por primera vez que los agricultores pudieran obtener ayuda estatal, a través de este cuerpo normativo, para el desarrollo de embalses de gran capacidad con un alto beneficio social.
En consecuencia, las herramientas para solucionar o mitigar el déficit hídrico están disponibles desde el gobierno anterior y lo único que se necesita es ponerlas en práctica. Ha sido lamentable, no obstante, observar cómo la actual administración gubernamental ha dejado todos estos avances de lado y ha concentrado sus esfuerzos en llevar adelante una modificación al Código de Aguas que, en la práctica, no generará un metro cúbico adicional de agua. Se mantendrá la misma infraestructura (muy baja) y, en dos o tres años el problema se va a agravar al doble o al triple, o más. Sólo que ahora los derechos van a estar en manos de otra gente.
Si se continúa con la obra que comenzamos con una visión de país, reconociendo que ello se desarrolló como una política de Estado –que debe trascender a los gobiernos de turno–, se obtendrán resultados positivos para enfrentar adecuadamente y a tiempo el fenómeno del cambio climático. Sólo así podremos ofrecer un mejor futuro a este sector económico y un incentivo para alcanzar una agricultura sustentable y eficiente en el uso del recurso hídrico, en el marco de convertir a Chile en potencia agroalimentaria.
Felipe Martin, Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
FOTO:MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO