La detención de Héctor Llaitul por parte del Ministerio Público (MP) fue la gran noticia de la semana. Las primeras reacciones fueron de incredulidad ante el acierto de la Fiscalía y la PDI, pues hubo quienes pensaron que era una operación montada por el gobierno para favorecer al Apruebo, por la cercanía del arresto con el plebiscito.

Sin embargo, a las pocas horas quedó demostrado que en realidad fue el gobierno el sorprendido. El primer indicio de aquello fue la declaración de Izkia Siches después de producido el arresto, ya que tan solo manifestó que “el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley”. De haber sido una operación dirigida desde el Gobierno, sin duda que el propio Presidente habría salido a celebrar su gran triunfo. Pero no fue así.

Lo que surge de este episodio es preguntarnos ¿por qué se actuó sin informarle al gobierno? Tal vez sea por el emplazamiento y velada crítica que hizo la ministra Siches cuando al ampliar la querella contra Llaitul el 27 de julio manifestó “como gobierno esperamos que el MP, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por LSE, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”. O sea, claramente les dijo “a ver si son capaces de hacer la pega”. 

Pero hubo más sorpresas. El jueves, día de la formalización, se querellaron el MP y el Gobierno. Lo sorprendente fue que el Ministerio del Interior designó como su abogado querellante a Ignacio Sapiain Martínez, cuando el mismo simultáneamente es abogado defensor de Llaitul como víctima en la causa del caso Huracán. Y no solo eso, Sapiain manifestó en el tribunal que le era difícil adherir a la postura del MP en cuanto a pedir prisión preventiva, aunque lo hizo, después de haber manifestado que consideraba a Héctor Llaitul un gran líder y un guerrero, aunque perdió el rumbo, según dijo. 

Si el Ministerio del Interior estaba al tanto de este hecho, ¿por qué lo nombró para representarlo como querellante cuándo obviamente Sapiain tenía un grave conflicto de interés? Y ¿por qué le resultó difícil al abogado adherir a la postura del MP? 

Pero lo que no esperaba el gobierno y que disipó todas las dudas de que esto hubiera sido un montaje, fue la filtración de la PDI del audio en que Tania Santis, asesora de la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, llama a Llaitul el 11 de mayo, y le solicita que le brinde una posibilidad a la ministra de contactarlo y tener una conversación con él, a lo que Llaitul le dice que lo haga por wapp y que él lo vería. Esa filtración del audio publicada por Ex-Ante le costó el cargo a la ministra Vega, lo que confirmó el Presidente en Tierra Amarilla, sin antes demostrar su enojo por la filtración “a medios de comunicación en particular”.

Conocida la renuncia, el PPD dijo sobre su única ministra del gabinete que actuó cumpliendo el mandato del gobierno de dialogar con todos los actores, porque no se podían enjuiciar las ideas, lo que el viernes la vocera Camila Vallejo se encargó de desmentir, diciendo que la gestión para contactar a Llaitul no fue avisada, ni informada ni autorizada. ¿Quién afirma la verdad? Y además, queda la duda, ¿habló la exministra con Llaitul por wapp? Y si lo hizo, ¿qué pretendía y de qué hablaron?

Hasta aquí los hechos. Llaitul está en prisión preventiva gracias al MP y la PDI, pero quien queda en entredicho es el Gobierno, porque a pesar de los reiterados llamados de Llaitul este año “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada e incluso cuando admitió que robaban madera para comprar armas”, la reacción del propio Presidente fue en su momento que “el gobierno persigue delitos pero nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones”. Solo después que Llaitul afirmó que estaban haciendo actos de sabotaje, se decidió a ampliar la querella por LSE presentada por el gobierno de Sebastián Piñera, pero no a presentar una nueva.

¿Serán estas decisiones e incongruencias gubernamentales producto de sentirse cercanos ideológicamente a Héctor Llaitul? Lo hago presente, pues cabe recordar que cuando se informó erróneamente que un hijo de Llaitul había muerto en un enfrentamiento con Carabineros en Carahue en 2021, siendo el fallecido Pablo Marchant, el entonces diputado Boric tuiteó: Han asesinado a Ernesto Llaitul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. No más militarización! No permitiremos impunidad.”

Finaliza una semana que deja muchas preguntas no resueltas. Quien queda en deuda para aclararlas es sin duda el Gobierno.  

*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.

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