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Publicado el 10 de diciembre, 2016

¿Más Estado? El problema de fondo

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco
Sería muy positivo para el debate público que surgieran voces sensatas para explicar que gastar menos y mejor, aunque resulte obvio, es más conveniente que gastar más y peor.
Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).
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Existe un consenso prácticamente universal en relación a la importancia del Estado en las sociedades contemporáneas en ámbitos tan relevantes como la educación y la salud,  además de sus funciones tradicionales de gobierno y legislación, administración de la justicia, orden interno y defensa. Probablemente de estas posturas solo se sustraen el anarquismo, algunas formas de liberalismo y el marxismo-leninismo en su versión ideológica, que preanuncia el fin de la lucha de clases y la extinción del Estado en una etapa final de la evolución histórica. Pero el mundo ha marchado por un camino distinto.

Es que a fines del siglo XIX y comienzos del XX se produjo un cambio de paradigma que resultó crucial y que se volvió permanente: se planteó como necesario que el Estado aumentara sus funciones, procurando un mayor bienestar de la población, y con la convicción de que era precisamente el Estado el que debía contribuir en dicho proceso, mediante leyes e instituciones. En esto coincidieron los distintos tipos de socialismo, los fascismos, el comunismo práctico surgido de la Revolución Bolchevique, y (más tenuemente y de a poco) sectores conservadores y liberales.

En un notable estudio, Mario Góngora precisó esta transición ideológica, que está contenida en el mismo título de su trabajo: “Libertad política y concepto económico de gobierno en Chile hacia 1915-1935” (revista Historia, N° 20, 1986). Eran los cambios en la noción de Estado que ha estudiado el destacado historiador, que se reflejarían en Chile -en el plano doctrinario y en la realidad económica nacional- durante gran parte del siglo XX.

Como nada es gratis en la vida, todo esto tuvo consecuencias, que en algunos países llegarían al extremo, cuando se pasó de un Estado interventor a uno totalitario. En otras sociedades los problemas fueron más tenues, pero también resultaron visibles: creció la burocracia y el poder que ostentaba; aumentaron los ministerios y los organismos públicos, y el gasto público se hizo cada vez mayor. Como profecía autocumplida, aumentaron los impuestos, no necesariamente para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para financiar la burocracia y las múltiples funciones del Estado, en una dinámica que pareciera no tener fin.

El tema se ha vuelto a poner en la palestra en diversos países, como muestra el crecimiento del populismo o, sencillamente para enfrentar dificultades económicas, muchas de ellas provocadas por el crecimiento del propio Estado. En España, recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas en el ámbito tributario que permitirán recaudar siete mil millones de euros más en 2017, lo que permitirá enfrentar el déficit fiscal que se ha acumulado por años. Cabe preguntarse: ¿Tienen sentido estos cambios? ¿Cuál es el tema de fondo de la necesidad de mayores recursos para “financiar el déficit” como se dice?

El fondo en política es responder a la vez el qué y el para qué. Si el problema simplemente es cubrir lo que se gasta anualmente -bien, regular o mal-, subir los impuestos o aumentar los ingresos fiscales en general se vuelve no solo una alternativa, sino que una urgencia. Si se trata de mejorar el funcionamiento del Estado, de los servicios públicos y la calidad de vida, el asunto requiere un tratamiento más profundo, menos obvio, y que se dirija directamente al corazón del problema: los recursos y el Estado son para las personas y no al revés.

En un interesante artículo publicado en El Mundo, el periodista Luis María Ansón resumía esto con un título sencillo, pero claro: “Gastar menos”. Entre los argumentos esgrimidos señalaba: “En 1977 pagábamos en España a 700.000 funcionarios y empleados públicos. El año pasado, a más de 3.000.000. Pero Montoro hace sus cuentas y, con el mayor simplismo, soluciona las exigencias de la Europa unida subiendo los impuestos, en lugar de reducir el gasto, empezando por los partidos políticos y las centrales sindicales” (destacados en el original).

No se puede interpretar esta visión simplemente como una actitud antiestatista. Tampoco reducir el gasto es un bien en sí mismo. El asunto es otro: los gastos innecesarios deben reducirse, porque es mejor, y también porque eso permitirá abordar otras inversiones y contar con otros recursos para asumir tareas más urgentes y necesarias. Por ejemplo, se podrían estimular las pequeñas y medianas empresas en la creación de empleos, invertir más en educación y en investigación, para poner algunas universidades españolas entre las mejores del mundo. Podríamos resumirlo así: no sólo hay que gastar menos, sino que gastar mejor. En palabras de Ansón, gastar menos es evitar “el despilfarro sin tino, el permanente derroche, el nepotismo desbordado, el amiguismo tenaz se encuentran en la raíz del déficit”. En definitiva, no botar el dinero que, en su origen, pertenece a las personas y no al Estado.

Chile no está ajeno a estos problemas, y diversas señales muestran cambios hacia un mayor fortalecimiento del Estado. Una de las novedades de la Encuesta Bicentenario del 2016 se refiere a la percepción que tienen los chilenos en este tema. Algunas  de las conclusiones del estudio son las siguientes: sobre el bienestar personal, existe un empate en relación a la responsabilidad del Estado y la personal (en 2006 el 43% estimaba que era responsabilidad individual y sólo el 25% se lo asignaba al Estado); en cuanto al gasto público, el 32% estima que debe focalizarse en los más pobres, mientras el 42% señala que deben darse de manera universal. Lo curioso es que esto se produce en circunstancias que otros estudios y realidades muestran la debilidad y lentitud de la atención estatal en salud; el cuidado (o descuido) de los menores en el Sename ha sido parte de las malas noticias durante este 2016; en otros ámbitos, como la educación o la seguridad ciudadana, la acción del Estado también está al debe. Todo esto en un contexto en que el Estado crece en funciones, instituciones y recursos.

Enfrentar este tema requiere no sólo una actitud de poder, una interpretación de cálculo o las frías mayorías políticas para aprobar reformas tributarias e ingresar más recursos al Estado. Repensar la política, y específicamente la función del Estado, exige de los centros de estudios, de los partidos y de los líderes políticos, una capacidad para discutir el tema desde una perspectiva cultural y doctrinaria. Requiere buscar respuestas distintas, promover una mejor gestión con menos ministerios y menos burocracia. Porque, en una primera etapa, podrían llover las críticas: que se quiere desmantelar el Estado, afectar las conquistas alcanzadas, disminuir el bienestar de las personas. Para enfrentar esto además se requiere inteligencia, para explicar muy bien que es exactamente al revés: que en el corto, mediano y largo plazo, el uso adecuado de los recursos es una mejor solución para la calidad de vida y para una correcta administración del Estado, y que fomentar la iniciativa de las personas y grupos sociales tiene réditos positivos para la sociedad en su conjunto.

En un esquema en que nadie apuesta por la desaparición del Estado, sería muy positivo para el debate público -en diversos países- que surgieran voces sensatas capaces de explicar que gastar menos y mejor, aunque resulte obvio, es más conveniente que gastar más y peor. Claro en los conceptos, pero muy difícil en la práctica, como han demostrado diversos sistemas hasta hoy.

 

Alejandro San Francisco, historiador, columna publicada en El Imparcial, de España

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

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