Aludiendo al anhelo de cambios por parte de la ciudadanía, algunos constituyentes han pretendido convertir a los derechos sociales en la moneda de cambio para aprobar el texto constitucional. Sin embargo, y a pesar del largo listado que se estaría consagrando, la propuesta no termina por convencer, en gran parte porque no entrega las certezas de su verdadero alcance y satisfacción, tanto por la incertezas en su contenido, por la falta de garantías que los hagan exigibles, como por la capacidad del Estado de poder hacerse cargo de todas estas prestaciones.

Primero, lo que se propone en el borrador va contra el sentido común de las personas, las cuales valoran tener propiedad sobre sus bienes, pero no encuentran en el texto la seguridad de que podrá ser así, o quieren poder elegir entre instituciones privadas o del estado, pero se encuentran con que no tendrán ya esa opción. Así por ejemplo, si bien se consagró el derecho a una vivienda digna, se rechazó que las personas tuvieran acceso a su vivienda propia. Esto genera dudas legítimas en la ciudadanía respecto de si podrán entonces cumplir su “sueño de la casa propia”. Lo mismo ha ocurrido al rechazar que las personas son dueñas de sus ahorros previsionales.

Por otro lado, bajo la mirada estatista de los convencionales, se quiere concentrar en el Estado la provisión de todos los derechos, quitando o reduciendo al máximo la participación de los privados para su prestación, los que hoy día son parte fundamental para que más personas tengan acceso a ellos. Un ejemplo claro se da en salud: más del 50% de las atenciones médicas se hacen en el sector privado. Considerando lo tensionado que ya se encuentra el sistema y las altas listas de espera, ¿qué posibilidad tiene el Estado de asumir esta demanda? En educación se da una situación similar, sumando además que los padres ya no tendrán el derecho preferente de educar a sus hijos y verán reducidas las posibilidades para elegir el colegio que quieran.

Segundo, las altas expectativas de los derechos sociales son un arma de doble filo para quienes ven aquí la carta de triunfo del Apruebo. Pues si bien resulta atractivo que exista un largo listado de derechos, estos requieren de garantías para su satisfacción; y el borrador constitucional no ha dado señales de esto. De hecho, no se disponen aún mecanismos para hacerlos exigibles, sin los cuales los derechos pasan a ser sólo palabras de buenas intenciones, de las cuales la ciudadanía ya está cansada. La tentación de hacerlos justiciables tampoco resuelve el problema, pues sólo le traspasa a los jueces el problema en circunstancias de que su provisión se trata de soluciones de política pública a las que estos no están llamados ni preparados para resolver y que resulta ser totalmente regresivo, ya que los más pobres son los que más dificultades tienen para acceder a la justicia. 

Por último, es necesario atender a todas las otras reformas de gran envergadura que se definen en la constitución, como en sistema de justicia y en la organización del territorio, que absorberán gran parte de las tareas y recursos del Gobierno. En este contexto, se hace necesario transparentar a la ciudadanía los tiempos en que será posible realmente dar a todos  su vivienda o pensión digna (si es que esto es posible en lo absoluto).

Es de esperar que los convencionales sean capaces de atender con responsabilidad todas estas dudas, sin volver a poner los sueños de los ciudadanos como monedas de cambio frente a la mezquindad del fracaso del proceso.

*Magdalena Vergara, IdeaPaís.

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