La próxima semana se cumplen tres meses desde que la ciudadanía rechazara la propuesta de nueva Carta Fundamental presentada por la Convención Constitucional. Creo que es legítimo preguntarse por los factores que están incidiendo en que no se pueda arribar a un acuerdo acerca de cómo avanzar en el tema constituyente.

A estas alturas, ya son pocos los que sostienen que el plebiscito del 25 de octubre de 2020 seguiría siendo la fuente legitimadora del reemplazo de la Carta vigente. Ha quedado más que claro que ese pronunciamiento ciudadano se dio en un contexto totalmente distinto del que impera hoy.

Tenemos un nuevo Congreso elegido en noviembre de 2021 y cada día aparecen nuevas fuerzas políticas que, cuestionando el accionar de aquéllas que eran tradicionales, reivindican el intento de representar las inquietudes del Chile de hoy. Ente ellas merecen destacarse los Amarillos y los Demócratas cuyas propuestas están siendo mucho más realistas que las de aquellos que formaban parte del escenario político tradicional en las últimas décadas.

Amarillos y Demócratas han entendido que hay temas urgentes que resolver en Chile y que ellos pasan, necesariamente, por la modificación de las disposiciones constitucionales vigentes.

Por ejemplo, el recrudecimiento de la violencia, en sus diversas expresiones, y la inseguridad ciudadana consiguiente requieren dotar, sin complejos, a las fuerzas policiales de las herramientas necesarias para enfrentarlas, pero con una activa colaboración de las Fuerzas Armadas. Y, por favor, sin limitaciones en el uso de las técnicas represivas, pues, de lo contrario, el efecto inhibitorio de las conductas delictivas seguirá siendo una mera aspiración irreal.

Ello requiere una clara señal desde la Carta Fundamental que no tiene por qué ser incompatible con el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos ampliamente difundidos, por lo demás, en la formación de los institutos de educación superior de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.

Sin perjuicio de lo anterior, esas nuevas fuerzas políticas han internalizado que la población no quiere repetir la fracasada experiencia de la Convención Constitucional, asumiendo que lo que le imprime legitimidad a una Carta Fundamental es una participación incidente de aquellos a quienes se dirigirán sus regulaciones (la sociedad civil) en la línea del constitucionalismo “dialógico” expuesto, entre otros, por el jurista argentino Roberto Gargarella. Del mismo modo, han entendido que el Congreso ejerce el Poder Constituyente en Chile, pues los parlamentarios fueron elegidos para legislar y para modificar o cambiar la Constitución, de modo que la legitimidad de la misma se reforzará con la eficaz asesoría de quienes entienden de los temas constitucionales y del imprescindible plebiscito de salida.

¿Y qué ocurre con los partidos políticos tradicionales que ya dilataron para Navidad la decisión del órgano redactor de la nueva Carta?

Aunque suene fuerte decirlo, esas fuerzas políticas están dominadas por los cálculos electorales. Algunos creen que si se realizan elecciones de convencionales hoy tendrán muy malos resultados y sus afanes de refundación de la sociedad chilena se verán frustrados. Otros, en cambio, quieren elecciones de convencionales ahora, porque imaginan que ellas podrán capitalizar el triunfo del Rechazo de septiembre.

No importa el costo, porque es difícil pensar en un sistema electoral tan novedoso que impida que se produzcan las distorsiones que observamos en la Convención Constitucional. Así, por ejemplo, si la paridad de género supone “volver a meter la mano en la urna” cuando los electores ya se han expresado, el proceso respectivo seguirá adoleciendo de un importante déficit democrático.

En otro orden de ideas, pareciera que otros temen que los “expertos” asuman un rol tan importante que termine desfigurando la influencia de esos mismos partidos, sobre todo, si se impone la idea de que no sean meros mandatarios de esas fuerzas con representación parlamentaria.

Chile merece una nueva y una buena Constitución, aunque muchos deban ceder espacios de poder para consolidar ese logro.

Sinceremos las cosas: ¿Queremos que se cumpla la voluntad de los partidos o que el Chile real tenga expresión en un pacto de convivencia que, respetando los aspectos medulares de su identidad constitucional, se haga cargo de consignar las directrices y principios que permitan enfrentar la creciente inseguridad de la población, un desarrollo sostenible compatible con el emprendimiento privado como la garantía de una igualdad de oportunidades en base a la colaboración público-privada? Esta es una perspectiva que, modestamente, merece evaluarse.

*Marisol Peña – Directora Centro de Justicia Constitucional UDD

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