El Senado ha rechazado la segunda propuesta efectuada por el Presidente de la República para el nombramiento del Fiscal Nacional del Ministerio Público. Para algunos, el escenario era previsible, pues una de las bancadas políticas (la UDI) ya había anunciado previamente el rechazo a la propuesta de la Jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, lo que dificultaba obtener el quórum de los 2/3 de los miembros en ejercicio de esa Cámara para aprobar su nombramiento.

De lo ocurrido el lunes en el Senado queremos rescatar la importancia de los “checks and balances” o de los contrapesos institucionales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.

En efecto, la Constitución prevé que diversos cargos sean nombrados con intervención de más de un órgano del Estado como forma de asegurar que quien sea designado, en definitiva, no se transforme en un mandatario de quien lo eligió afectando la necesaria independencia con que deben ejercerse esos altos cargos. Así, el Contralor General de la República es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. Del mismo modo, los Ministros y Fiscales Judiciales de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República, sobre la base de una quina elaborada por la Corte Suprema, y con acuerdo del Senado adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. En este último caso, cabe recordar que algunas propuestas presidenciales como la del Ministro Alfredo Pfeiffer han sido rechazadas por el Senado (2008) sin que éste pudiera acceder al máximo tribunal. 

Así, no es primera vez que el Senado ejerce su rol de verdadero contrapeso del Presidente de la República rechazando propuestas efectuadas por él, pero que no concitaban amplio consenso. Este criterio se impuso en el año 2019 cuando el gobierno liderado por el Presidente Sebastián Piñera retiró la propuesta de la Ministra Dobra Lusic para llegar a la Corte Suprema una vez que se conocieron antecedentes que podían complicar su ratificación por el Senado.

Lo que sí debe admitirse es que lo que acaba de ocurrir con la segunda propuesta presidencial para el nombramiento del nuevo Fiscal Nacional del Ministerio Público es inédito, porque es segunda vez que se rechaza la proposición del Jefe del Estado, lo que, en ningún caso, debe llevar al cuestionamiento del orden jurídico vigente que es expresión de los contrapesos necesarios para que el Estado de Derecho funcione en forma adecuada obedeciendo a su imperativo de equilibrar el orden con la libertad.

Entonces, si el problema no se encuentra en el mecanismo previsto por la Constitución para designar al Fiscal Nacional del Ministerio Público. ¿dónde podemos encontrarlo?

Y la respuesta conduce, inevitablemente, al fracaso de las negociaciones políticas que deben acompañar la aplicación de las normas, sobre todo, cuando se aprecia que los propios parlamentarios oficialistas no actúan alineados con el gobierno. En el caso que comentamos, o hubo demasiada confianza, o bien, se ignoró que el Senado no es una simple caja de resonancia de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Por lo demás, no puede ignorarse el hecho de que cuando se trata del nombramiento de una autoridad de tanta relevancia, como el Fiscal Nacional, no basta el simple cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución y en la ley, sino que debe tratarse de una persona que brinde una confianza transversal, a todos los sectores políticos, de que será capaz de abordar, con energía e independencia, uno de los mayores problemas del Chile actual como es la persecución efectiva de la delincuencia común, del crimen organizado y, también, del terrorismo.

Y lo anterior exige mucha conversación previa, la definición común del perfil buscado y no la simple imposición de nombres que pueden tener méritos, claro está, pero que definitivamente no han sido negociados.

En suma, los contrapesos institucionales se tornan más ágiles y fluidos cuando los órganos del Estado no aspiran a imponer simplemente su punto de vista, sino que cuando buscan, en un verdadero ejercicio dialógico, que el ejercicio de las potestades respectivas no se transforme en un juego de trincheras. Ese escenario no le hace bien a la democracia ni menos contribuye al necesario funcionamiento de la delicada relojería del Estado de Derecho.

*Marisol Peña – Directora Centro de Justicia Constitucional UDD

Marisol Peña

Abogado. Directora Centro de Justicia Constitucional UDD

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