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Publicado el 05 de mayo, 2020

María José Hernández y Rafael Caviedes: ¿Se enferma la salud?

Esta inesperada crisis hospitalaria surgida como consecuencia del Coronavirus nos debe hacer reflexionar en la necesidad de fortalecer la colaboración público privada y en cómo las medidas adoptadas por los gobiernos afectan al mismo tiempo a la economía y al sistema sanitario en su conjunto.

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La crisis del Coronavirus ha puesto en tensión al sistema de salud, paradójicamente no por el exceso de contagios, sino por la ausencia de pacientes correspondientes a otras patologías  en centros médicos, clínicas y hospitales. Por cierto, la presencia de personas contagiadas o con sospecha del virus ha obligado a los centros de urgencias a adaptar sus instalaciones para recibirlos en condiciones de seguridad y con la premura requerida. Pero el propio ministro Jaime Mañalich ha advertido que la demanda por servicios de salud no relacionados a coronavirus “se ha derrumbado” y advierte que puede ser “una bomba de tiempo”. ¿Cómo se ven afectadas las listas de espera? ¿Qué pasa con las personas que requieren los medios y servicios que están siendo utilizados por el COVID-19? ¿Están siendo detectadas y atendidas de forma oportuna patologías como cánceres, infartos cardiacos, accidentes traumatológicos, etc.? ¿Cuántas personas van a morir o ver deterioradas sus condiciones de salud por falta de un diagnóstico oportuno?

Todo hace pensar que al destinar importantes recursos a la urgencia sanitaria, se ha producido una alteración que afecta al resto de los pacientes, tanto del sistema público como privado. Ya sea por temor de la población de concurrir a establecimientos hospitalarios o por la reorientación forzada de los recursos médicos por la crisis, se ha desplazado el resto de los diagnósticos y tratamientos, restringiendo atenciones ambulatorias e intervenciones electivas, lo que provocará un aumento de otras afecciones a estadios mas tardíos, que serán más graves y caros de tratar. Así por ejemplo, los datos disponibles demuestran un mayor retraso y disminución en un 40% de las consultas por infarto agudo al miocardio en los Servicios de Urgencias.

Pero esta crisis no solo ha puesto en riesgo la salud de las personas, sino que la estabilidad económica de los establecimientos hospitalarios, que hoy son la “primera línea” en la batalla contra el Coronavirus. Tanto en Argentina, Colombia, España, Reino Unido y Estados Unidos los establecimientos privados han advertido a las autoridades de los graves efectos económicos que esto significa. En Chile, la Asociación de Clínicas ha señalado que las actuales condiciones de operación, con la actividad reducida a un 80%, les significará menores ingresos por $245.000 millones, lo que provoca una falta de liquidez profunda que muy pocos prestadores estarán en condiciones de soportar. Señales de esta inestabilidad económica la ha dado la Red de Salud UC Christus y la Clínica Universidad de Los Andes, quienes se acogieron a la “Ley de Protección al Empleo”, que permite suspender funciones de los profesionales sanitarios sin despedirlos y mantener algunas de las garantías de seguridad social y derechos laborales.

En todos los países, incluso en aquellos que parecen tener un robusto sistema estatal de salud, el sector privado es un pilar fundamental para la salud pública. En Chile, proporciona cerca del 50 % de las prestaciones de mediana y alta complejidad, ofrece el 36% de las camas UCI y entrega un respaldo indispensable a las políticas de Gobierno para enfrentar la pandemia, lo que se ha reflejado en importantes inversiones en respiradores y otros equipamientos requeridos por esta crisis, realizado por clínicas privadas en Chile. Por ello, es importante preservar tan  necesaria colaboración y evitar regulaciones que resulten en un debilitamiento o franca crisis económica del sistema de salud. Contra esta premisa existe la tendencia de aplicar medidas inconducentes que pueden profundizar el daño al sector, entre ellas la fijación de precios a servicios impartidos por clínicas privadas que reciban a pacientes amparados por el sistema estatal, sin considerar que los costos en la atención han aumentado tres o cuatro veces. Así por ejemplo, la fijación del precio en los test diagnósticos puede restringir su oferta, afectando la necesaria pesquisa oportuna de enfermos que pueden ser factores de contagios. Sin desconocer que la autoridad debe evitar abusos, estas situaciones parecen desconocer el rol que cumple el precio en el juego económico basado en la oferta y demanda.

En cualquier caso, parece prudente reconsiderar la apertura progresiva de las consultas ambulatorias con las medidas de prevención adecuadas para proceder a la entrega de una salud segura y oportuna a la población. Asimismo, el colegislador en este período de febril actividad de regulación, debe ser prudente para garantizar que las iniciativas regulatorias y legislativas tengan en consideración esta particular situación de emergencia que se debe enfrentar con flexibilidad y premura. En España se ha planteado reiniciar de forma paulatina los actividades para agendar a pacientes con enfermedades crónicas, mediante tecnología como telemedicina y continuar así, con asistencia virtual. Complementando lo anterior, y con el propósito de garantizar mejores condiciones a los trabajadores del sector, las aseguradoras de salud españolas crearon un fondo solidario de 37 millones de euros para cubrir a los profesionales sanitarios afectados por el virus en caso de hospitalización o fallecimiento.

Durante el periodo de coronavirus se ha generado una falsa dicotomía entre la salud y la economía de un país, cuando realmente se debe buscar un punto de equilibrio entre ambos aspectos, pues están íntimamente relacionados. Así, esta inesperada crisis hospitalaria surgida como consecuencia del Coronavirus nos debe hacer reflexionar en la necesidad de fortalecer la colaboración público privada y en cómo las medidas adoptadas por los gobiernos afectan al mismo tiempo a la economía y al sistema sanitario en su conjunto.

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