Muchos levantamos la voz para acusar el intento de elevar un programa de gobierno a rango constitucional. Y es que el proyecto de nueva Carta Magna no solo atenta contra la democracia, sino que constituye un claro ejemplo de diseño totalitario. En una sociedad libre, la legalidad solo puede poner limitaciones a las acciones, nunca inspirarlas. En otras palabras, para que los diversos tipos de vida puedan convivir, es necesario que las leyes nos digan únicamente lo que no debemos hacer, jamás lo que debemos hacer. Como el proyecto que se nos propone nos obliga a adquirir un tipo de vida, moral y práctica que no es compartido por muchos, ya no se puede hablar de «la casa de todos». Esa es la razón por la que tantas personas sensatas, defensoras de los principios democráticos, están tomando el camino de rechazar para reformar. En síntesis, el proceso iniciado el 15 de noviembre quedó sepultado bajo el peso del totalitarismo frenteamplista. ¿Cómo llegamos a este punto?

En parte, por la pusilanimidad y falta de visión política de la derecha que, con cara de asco, no quiso apoyar a JAK. Gracias a ellos, los mismos que mandan en la Convención, gobiernan el país. ¡Era tan obvio que la concentración del poder pondría en riesgo la democracia! Pero los miembros de la derecha, en lugar de poner por delante el bien común, miraron sus ropajes de santidad y decidieron salvar su escuálido pellejo antes que verse salpicados con la cloaca en la que los medios de prensa hundieron al candidato republicano. ¡Qué diferencia con los amarillos! Se dice que a las personas se les conoce en “las duras” y, hay que decirlo, los miembros de este grupo dirigido por Cristián Warnken han dado muestras de un patriotismo que cierta derecha desconoce. Ellos se enfrentaron a su propia historia e identidad y decidieron jugárselas, conscientes de que estos no son tiempos para egos inmaculados. Qué duda cabe; estamos sumidos en uno de esos escasos momentos históricos que definen el sufrimiento o prosperidad de generaciones.  

Oscuro se ve el futuro bajo el peso del programa político frenteamplista y sus adalides instalados para siempre en las cúpulas de poder. Pero creo que existe un escenario aún peor. Para dilucidarlo conviene reflexionar sobre un acontecimiento que pasó desapercibido en el mundo de analistas y opinólogos. Me refiero a la genuflexión que hizo la Corte Suprema a través de su vocera Ángela Vivanco a los constituyentes que, para evitar una mayor resistencia a la opción Apruebo, decidieron no jubilar a los jueces de forma anticipada. 

Al respecto Vivanco dijo: «Esta norma permite que el funcionamiento del Poder Judicial siga, que no dependa de lo que suceda en el proceso constituyente, y que como consecuencia no haya salida masiva de jueces. Nos parece de la mayor relevancia y consideramos y agradecemos a los 115 constituyentes que, más allá de sus líneas políticas, tomaron está decisión republicana de no descabezar al Poder Judicial y permitir que la institución correspondiente siga funcionando como corresponde a un Estado de Derechos».

“¿Gracias por no descabezarnos?” ¿En qué tipo de régimen ocurre que un poder “independiente” se arrodilla ante “el soberano” y agradece que le perdonen la vida? En una monarquía donde ya no existe división de poderes y, en consecuencia, todos los súbditos dependen de la voluntad del monarca de turno. Usted podría pensar que exagero, que esa fue una manera coloquial de expresarse… pero yo voy a insistir en mi tesis que afirma que estamos viendo nacer una monarquía indigenista. La genuflexión del Poder Judicial es una clara muestra de ello no sólo por su gratitud hacia un grupo de personas que ha frustrado el sueño de la casa de todos, sino, además, porque sus miembros ya asumieron la victoria del Apruebo. ¡¿Cómo?! 

Si usted vuelve a leer las palabras de Vivanco, verá que ella habla de un Estado de “Derechos”. El uso de dicho concepto deja en evidencia el sometimiento de los jueces al proyecto de un Chile plurinacional cuyo sistema político, por razones raciales, reconoce el derecho de una minoría a tener una serie de privilegios propios de los monarcas de antaño. No sólo porque consagra cupos reservados a lo largo y ancho del mapa institucional, quebrando con la igualdad ante la ley, y les otorga poder de veto para cualquier cambio que se quiera realizar a la Constitución. Además, en el proyecto se obliga al Estado a reconocer y garantizar “el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos.” Se otorga “especial protección a la propiedad de las tierras indígenas y mandata su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución.” Sobre este último punto agrega que la “restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general.” Finalmente, señala que conforme “a la constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.”

“Existencia colectiva” es la clave que nos permite desentrañar parte de lo que ocurrió en la Convención. Porque la mayoría de miembros de pueblos originarios no son comunistas y se resisten a su colectivización es que votan por la derecha y no se sienten representados por quienes han capitaneado el diseño de la nueva Carta Magna. Imagínese que en la elección de convencionales solo votó en la papeleta verde el 22,81% del padrón indígena. De ahí que sea necesario preguntarse quiénes son y a quiénes representan los secuestradores de un proceso cuyo objetivo era reconducir la molestia ciudadana hacia un fortalecimiento de la democracia y mayor bienestar.

No lo sabemos, pero, está claro que han infundido temor en sus pares, mientras despejan el camino para que terroristas ocupen cargos públicos, desmantelan el monopolio de la coerción por parte del estado y tienen a los jueces de rodillas. Si seguimos el rumbo no ha de extrañarnos que, a los plebeyos, ciudadanos de segunda clase, se nos imponga un saludo oficial: “Mari mari, su alteza”.  

*Vanessa Kaiser es directora de la cátedra Hannah Arendt, Universidad Autónoma de Chile.

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