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Publicado el 18 de enero, 2020

Manuel Bengolea: ¿Reforma de pensiones o de pasiones?

Economista Manuel Bengolea

El aumento de las pensiones básicas debe ser a costa de impuestos generales, no de cargo de los trabajadores, porque es social y económicamente injusto, atenta contra el crecimiento y los salarios de los que pretende proteger, e incentiva la informalidad laboral. La contribución del empleador para engrosar la pensión de sus trabajadores debe ir mayoritariamente a cuentas individuales, y deben ser éstos quienes decidan dónde y quién les administre sus ahorros.

Manuel Bengolea Economista

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El Gobierno ha dado a conocer su propuesta en materia de pensiones que, en lo sustancial, propone subir la cotización actual desde un 10% a un 16%, de cargo del empleador, y que la mitad del aumento vaya a la cuenta individual del trabajador, que será administrada por una entidad pública autónoma. La otra mitad, esto es 3%, del incremento, irá a un fondo de ahorro colectivo y solidario administrado por la misma entidad del otro 3%. Creo que en materia de política pública previsional o seguridad social, esta propuesta es un avance respecto de la situación actual, pero tiene varias falencias que describo a continuación.

En primer lugar, y lo que pareciera un error político, es pensar que los trabajadores aceptarán que la mitad del aumento en cotizaciones vaya a un fondo común. Las encuestas al respecto son elocuentes y categóricas en señalar que una gran mayoría prefiere la capitalización individual, pues es su trabajo el que repartirán. De hecho, en encuesta efectuada a fines del año pasado, sólo un 17% estaba de acuerdo con que la totalidad del aumento fuese a fondo común solidario. Me sorprendería, además, y mucho, que ciertos políticos de centroderecha, lo acepten.

Los trabajadores no serán expertos en cuestiones previsionales, pero entienden que mientras más se destine a un fondo común, más poder se les transfiere a los políticos para que puedan seguir haciendo lo que han hecho tan bien hasta ahora. Esto es, aumentar groseramente el tamaño del Estado para contratar “apitutados” u operadores políticos. En los últimos diez años el tamaño del Estado, como porcentaje del PGB, ha aumentado 4%, algo así como US$ 12.000 millones de adicionales por año, y muchos sabemos, de ahí el descontento social, que poca parte de ese dinero fue a parar a quienes realmente lo necesitan.

En segundo lugar, y un tema de vital importancia, es el administrador de los ahorros previsionales, que sería, según la propuesta del Gobierno, una institución pública autónoma. ¿Esta autonomía sería tipo Banco Central? Si es así, entonces cuál sería el costo, porque hay que tener en cuenta que las AFP lo harían sin costo adicional, y cuentan con una trayectoria de rentabilidad sobresaliente a nivel mundial. Por otra parte, si va a ser manejado por políticos, entonces me parece una mala idea, porque es transferirles más poder y recursos, que, como hemos visto, se entrampan en burocracia y no llega a quién los necesita.

Es cierto que en el tema previsional hay mucha diferencia de posiciones entre los diferentes partidos políticos, sin embargo, cuando se pronuncian los técnicos de las respectivas tiendas, la racionalidad económica respecto de qué es lo mejor, la variabilidad de opinión es significativamente menor. En términos generales, el aumento de las pensiones básicas debe ser a costa de impuestos generales, no de cargo de los trabajadores, porque es social y económicamente injusto, atenta contra el crecimiento y los salarios de los que pretende proteger, e incentiva la informalidad laboral. La contribución del empleador para engrosar la pensión de sus trabajadores, debe ir mayoritariamente a cuentas individuales, y deben ser éstos quienes decidan dónde y quién les administre sus ahorros. Es más, esto debería correr para la totalidad de los ahorros, no solo para el adicional.

Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, sostenía que “la opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema”. Lamentablemente, muchos políticos están atrapados en sus dichos, refritos de ignorancia y populismo, y la política previsional no puede ni debe emplearse con fines electorales, así es que por una vez dejemos que los expertos opinen y decidan qué es lo mejor y aprovechemos de legislar pensando en los pensionados, no el los votos.

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