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Publicado el 01 de febrero, 2020

Manuel Bengolea: El costo de la dignidad

Economista Manuel Bengolea

El problema de fondo es que todos los cambios propuestos para aplacar el descontento social no han sido suficientes para detener el creciente deterioro en el orden público y muchas de las proposiciones han sido boicoteadas por parte importante de la oposición.

Manuel Bengolea Economista

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de emitir su informe Perspectivas Económicas del Mundo (WEO, su sigla en inglés) donde redujo sustancialmente el crecimiento económico esperado para Chile en el 2020, además de hacer un llamado de advertencia sobre las consecuencias que podría tener los cuestionamientos a los pilares del modelo económico. En efecto, en octubre del 2019, y antes del estallido social, esta institución había pronosticado para Chile un crecimiento económico de 3,0% para el 2020, que cambió a 0.9%, y es posible que vuelva a reducirlo en su WEO de abril del 2020.

A lo anterior habría que agregarle el valor del dólar, que pasó desde los $710 antes del estallido social, hasta los actuales $795, y eso sin considerar los miles de millones de dólares gastados por el Banco Central para evitar mayores depreciaciones. Las tasas de interés para créditos hipotecarios que rondaban en un bajo histórico antes de, hoy se ubican a lo menos 1% por sobre esos niveles. Y si queremos hablar de empleo, entonces los despidos por necesidad de la empresas desde octubre del 2019 hasta diciembre (no hay datos de enero aún) llegan a cerca de 160 mil.

La reacción del Gobierno, para paliar algunas de las causas de este estallido social, no ha sido menor. Una reforma de pensiones orientada a subir en forma importante la pensión de los más desposeídos, financiada por contribuyentes y trabajadores, y que dista mucho de la que propusiera originalmente. Por otra parte, la reforma tributaria, cuyo objetivo original era estimular inversiones, devino en cambios que al final sólo se implementaron con el objetivo de conseguir más recursos para el Estado, y, por ende, más poder para los políticos. Y varias otras iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos.

El problema de fondo es que todos los cambios propuestos para aplacar el descontento social no han sido suficientes para detener el creciente deterioro en el orden público y muchas de las proposiciones han sido boicoteadas por parte importante de la oposición. Es más, la incitación al odio se manifiesta abiertamente, y una fracción no menor de la izquierda se esfuerza por derrocar a un gobierno legítimamente elegido en las urnas, acceder al poder sacando al congreso, mientras otros proponen expropiar los ahorros previsionales de los trabajadores con lo cual podrán financiar reelecciones por muchos años por venir, al estilo de lo que hiciese Chávez al estatizar Petróleos de Venezuela. Esto, más su apoyo visible y explícito a vándalos y saqueadores, es lo que hacen cimbrar los pilares económicos y sociales chilenos.

El Gobierno ha propuesto cambios importantes, a pesar de la hostilidad de parlamentarios no oficialistas, sin embargo el costo social y económico del desorden público, la perdida de legitimidad de las instituciones que garantizan nuestras democracias (otro pilar), las sabremos sólo cuando las perdamos. No nos confundamos, la dignidad social es una cosa, y el vandalismo y saqueo son otras; lamentablemente, ambas juntas, son un peligro que amenaza los pilares que han hecho grande a este país en comparación al resto de la región.

Es cierto, la dignidad no tiene precio, pero sí un costo. El costo de la dignidad podría ser muy caro, y no hay que olvidar que en los últimos 30 años pasamos de ser un país mediocre de la región, a ser el ejemplo, con el más alto ingreso per cápita, con el nivel de pobreza más bajo, y con un aumento porcentual de ingreso entre los más pobres que es reconocido a nivel mundial. Es verdad, aún quedan muchas cosas por arreglar, pero una fracción no menor del parlamento que apoyan a los «primera línea» hacen gárgaras con los derechos humanos de vándalos y saqueadores, y añoran los gobiernos de Venezuela o Cuba, y podrían explicar por qué el salario mínimo, que en esos países alcanza los US$3 y US$15, respectivamente, en Chile llega a US$ 400. La dignidad es difícil de cuantificar monetariamente, pero ciertamente la vida es más soportable en Chile que en Venezuela y Cuba.

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