En la semana del reestreno de un gabinete completo, después de casi dos meses sin un subsecretario y tres semanas sin ministro Segpres (faltan todavía varios cargos que nombrar, entre ellos el Contralor y el Presidente de BancoEstado), el gobierno sumó una serie de malas señales en materias muy importantes para los chilenos, porque afectan toda su calidad de vida y las aspiraciones por las cuales una mayoría se levanta cada mañana.
El mismo lunes que la Presidenta de la República celebraba los goles de nuestra selección de fútbol desde el palco presidencial del Estadio Nacional, se iniciaba la quinta semana del paro de profesores, que mantiene a cerca de 300 mil alumnos de colegios municipales sin clases.
El liderazgo presidencial tiene una expresión simbólica, no solo material. Por esa razón, a muchos nos choca ver a la Mandataria tan activa en la Copa América y tan pasiva para enfrentar problemas que le están pegando duro a los chilenos y que exigen su voz pública y conducción. Y el más urgente de todos es, sin duda, el paro que mantiene el Colegio de Profesores, que afecta la educación pública –la misma que Michelle Bachelet nos aseguró iba a fortalecer con la reforma educacional-, y ante el cual nos gustaría verla defendiendo el proyecto de Nueva Carrera Docente, cuyo texto acaba de firmar hace tres meses.
¿Por qué la Presidenta Bachelet actúa de esa manera? Una posibilidad es que no tiene la convicción de que una educación de calidad necesita estándares más exigentes para los profesores y más altas remuneraciones, sujetas a resultados. La otra es que ha decidido asumir un rol similar al de una reina, apareciendo para ciertas festividades, dirigiéndose al país solo en algunos momentos y delegando en sus subalternos cotidianeidades -leseras- como la designación de autoridades, la defensa de los proyectos que envía al Congreso y los golpes en la mesa frente a un grupo de presión que está privando a la mala a cientos de miles de niños del derecho a escuela desde hace más de un mes.
Al silencio presidencial respecto de una materia tan trascendental como la formación, evaluación y reconocimiento económico y social de los maestros que enseñaran a las próximas generaciones, se sumó otra mala señal. En su primera jornada como ministra de Educación, Adriana Delpiano pasó, en menos de ocho horas, de ponerse firme con el Colegio de Profesores asegurando el diálogo solo si se deponía el paro ilegal, a sentarse por la tarde en una mesa tripartita con los propios activistas y los diputados de la Comisión de Educación.
Raya para la suma: no será la voz de los especialistas, ni de los directores de escuelas municipales, ni de los decanos de las facultades de pedagogía los que orientarán la Nueva Carrera Docente, sino únicamente el gremio de los afectados, liderado por el PC, que en los últimos años ha dejado en claro que se opone a toda mayor exigencia y cuya visión de la calidad de la educación es, ciertamente, muy particular.
Pasemos ahora a la delincuencia, un tema que, sabemos, incomoda profundamente a todo gobierno de izquierda y en especial al de Michelle Bachelet, al punto de mandarnos recado con su entonces ministro de Interior, en su segundo día de mandato, que no aplicaría la Ley Antiterrorista.
Pues bien, dado el creciente malestar por la ola de asaltos (no solo en el barrio alto de Santiago, por más empeño que pongan algunos medios en mostrar una caricatura), el ministro del Interior partió la semana muy enérgico, asegurando que la delincuencia será una de las prioridades del “segundo tiempo”, reuniéndose con el Consejo de Seguridad Pública y poniendo suma urgencia a la “agenda corta anti-delincuencia”, que se discute desde marzo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.
El problema de fondo, sin embargo, no es la voluntad del ministro Burgos, que fue un parlamentario muy dedicado a estos temas y bastante serio, sino que al interior del oficialismo hay dos posiciones respecto al origen y tratamiento de la delincuencia y la violencia, muy difíciles de conciliar.
Me temo que la posición que va dominando en el gobierno de la Nueva Mayoría hasta ahora es la del PC y otras fuerzas de izquierda, que contextualiza la delincuencia y, antes de condenarla con fuerza, prevenirla y sancionarla de manera proporcional al daño que causa, prefiere atribuirla a un modelo económico, a la exclusión, a la desigualdad y, en pocas palabras, a la existencia de ricos y pobres (la izquierda encuentra en la lucha de clases respuestas para todos los flagelos).
Por esa razón la actual administración da una semana un paso adelante y a la siguiente tres para atrás, por eso un ministro dice A y al día siguiente el subsecretario de la misma cartera dice B. Y por eso también tantos simpatizantes del oficialismo se lanzaron en una de las arremetidas más violentas que recuerde en las redes sociales el miércoles en la noche, contra quienes se atrevieron marcar su #Cacerolazo en rechazo de la delincuencia. El mensaje de una conocida periodista expresa esa mirada, que tiene una cara caritativa con los delincuentes y otra despiadada con sus víctimas: “Los del distrito 23 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea) deberían tomar la delincuencia como un impuesto a la riqueza. Eso les pasa, diría mi nieto”.
Tal vez la peor de todas las señales que recibimos esta semana fue la confirmación de que el frenazo de la economía está llegando al empleo: según el INE, en un mes el desempleo avanzó de 6,1% a 6,6% (marzo a mayo de 2015). El gobierno reaccionó casi con indiferencia, algo dijo la ministra del Trabajo, pero nada que se recuerde como un compromiso serio para detener lo que, según los especialistas, podría alcanzar una situación más crítica hacia fin de año.
Esperamos, sinceramente, que una vez termine la Copa América, contemos con la concentración presidencial puesta en lo que más está afectando la calidad de vida de los chilenos y respecto de lo cual esta semana el gobierno dio solo malas señales: calidad de la educación, delincuencia, empleo.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO.