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Publicado el 30 agosto, 2020

Magdalena Vergara: Performance parlamentaria

Directora Ejecutiva Acción Educar Magdalena Vergara

La cantidad de proyectos de ley presentados en el Congreso nos lleva a cuestionar su necesidad y si acaso nuestro sistema educativo tiene una rigidez tal que es incapaz de entregar márgenes de discrecionalidad para adaptarse y resolver por sí mismo las dificultades que enfrenta debido la pandemia.

Magdalena Vergara Directora Ejecutiva Acción Educar
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Desde que comenzó el estado de emergencia, los diputados han presentado 19 proyectos de ley relacionados al Covid en materias de educación. De ellos, cuatro sobre educación superior, 14 referentes al sistema escolar y uno a parvularia. A su vez, es posible dividirlos en tres grandes temas: en un primer grupo, aquellos que definen condiciones para el retorno y reapertura de las escuelas, luego los que buscan regular el cobro de aranceles y colegiaturas de las instituciones y establecimientos, desde la rebaja de las cuotas, flexibilización de planes, entre otros. Y, por último, los proyectos que incorporan medidas referentes a la evaluación y promoción en los colegios, como también de la regulación de los instrumentos de medición: la evaluación docente, el Simce y el acceso a la educación superior.

La cantidad de proyectos presentados nos lleva a cuestionar su necesidad y si acaso nuestro sistema educativo tiene una rigidez tal que es incapaz de entregar márgenes de discrecionalidad para adaptarse y resolver por sí mismo las dificultades que enfrenta debido la pandemia.

En primer lugar, pareciera que gran parte de estos proyectos son en realidad innecesarios pues, o ya se han tomado las medidas sin necesidad de que se legisle al respecto, o el propio sistema ya entrega la flexibilidad suficiente para que los establecimientos adecúen sus criterios a las circunstancias actuales. Es el caso de los proyectos que buscan regular el retorno, estableciendo que se debe hacer una vez que existan las condiciones sanitarias, que deberá ser gradual y se deberán cumplir protocolos sanitarios. Todo ello ya ha sido dispuesto por el Mineduc que en el Plan de Retorno define que se podrá regresar a clases en zonas que hayan ingresado a la fase 4 de reapertura inicial, que será gradual y voluntario. Además, establece una serie de protocolos y orientaciones para guiar la planificación de los colegios.

De igual manera ocurre con la iniciativa que busca incorporar elementos cualitativos en la evaluación que realizan los profesores o aquella moción que busca la promoción automática. El decreto 67 no sólo permite evaluar de forma cualitativa, sino que fomenta la evaluación formativa y la retroalimentación hacia los estudiantes, cuestión que además ha sido reforzada por el Ministerio a través de las orientaciones que ha entregado a los establecimientos.

En segundo lugar, se ve una tendencia a través de estos proyectos a estandarizar las medidas con que se enfrente a la pandemia, siendo que todas las recomendaciones internacionales y de expertos es que debe ser flexible de manera de hacerse cargo de las diferencias y características propias de cada comunidad educativa, ya que la pandemia las ha afectado de forma particular. Así, por ejemplo, el proyecto que impide la reapertura de los establecimientos de educación Parvularia durante el año 2020 y que define además, que sólo lo podrán hacer en la medida que los cursos superiores de su comuna ya hayan regresado a clases presenciales, no sólo es ciego ante las diversas condiciones sanitarias de las distintas zonas del país, sino que, no se hace cargo de quienes se ven más afectados por la educación remota: los niños más pequeños debido a la etapa de desarrollo en que se encuentran. Lo anterior, ya que la presencialidad es esencial para la adquisición de habilidades y aprendizajes que permiten su desarrollo cerebral.

Por último, se observa una falta de reflexión respecto de los verdaderos impactos que puedan tener algunas de las medidas propuestas en las iniciativas. Por ejemplo, todas aquellas conducentes a regular el cobro de los aranceles o colegiaturas, así como la permanencia en los colegios. Si bien el objetivo es compartido -apoyar a las familias que se han visto perjudicadas-, los efectos de las formas propuestas pueden afectar gravemente la sostenibilidad de los diversos proyectos educativos tanto en escolar como en superior.

En la misma línea, el proyecto que busca la promoción automática usando el promedio de notas del año 2019, puede incidir seriamente en el compromiso y participación de los estudiantes en su educación, afectando sus trayectorias educativas.

La gravedad de la emergencia sanitaria y su impacto en nuestro sistema educativo, requiere de una reflexión seria para tomar las medidas adecuadas para enfrentarla. Se espera de los parlamentarios que sean capaces de colaborar en la búsqueda de estas soluciones y no ahondar en los problemas que se vislumbran.

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