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Publicado el 03 de junio, 2020

Magdalena Vergara: Pacto social y CAE: ¿Ayudas para quién?

Directora Ejecutiva Acción Educar Magdalena Vergara

Condonar las deudas del CAE como se propone no haría más que retroceder en ello, destinando recursos a quienes hoy sí tienen capacidad para retribuir al Estado lo que les fue prestado.

Magdalena Vergara Directora Ejecutiva Acción Educar
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El Presidente ha hecho un nuevo llamado a un pacto social que permita enfrentar de manera conjunta los problemas de nuestra sociedad que se ven agudizados por la pandemia y la crisis económica que conlleva, haciendo patente la necesidad de enfocar las políticas en quienes más lo necesitan, comprendiendo que, en estas circunstancias, la eficiencia del gasto se vuelve clave. En este contexto, el diputado Mario Desbordes vuelve a poner sobre la palestra la condonación del CAE para aquellos estudiantes que hubiesen podido acceder a gratuidad y para quienes lleven pagando más de 10 años, además de la condonación de intereses y multas para los deudores de los deciles más altos al momento de acceder al crédito.

La propuesta resulta inexplicable debido al mayor gasto que implica al Estado bajo las condiciones actuales. Solo por concepto de condonar a los deudores hasta el sexto decil que estudiaron en alguna de las instituciones adscritas a gratuidad le significan casi 1.900 millones de dólares al Estado -sólo por concepto de haber podido acceder a la gratuidad-, recursos extraordinarios que no necesariamente irán a parar a quienes más lo necesitan y han sido afectados. Contrario a replantearse el financiamiento para mayor focalización del gasto, se plantea un aumento de la gratuidad de forma retroactiva, la que además iría creciendo en la medida que más instituciones adscriban a la política (para el 2021 ya sabemos de cinco que postularon).

Si bien es cierto que ha habido un aumento en la morosidad del CAE del 6% entre septiembre del 2019 y marzo del 2020, no se puede atribuir como única causa de la morosidad la merma en los ingresos. Muchos de quienes no pagan simplemente no están dispuestos a hacerlo y son precisamente propuestas como ésta las que generan mayores incentivos al no pago, debilitando la sustentabilidad de un sistema de créditos. De hecho, los mecanismos de pago del CAE permiten, para quienes efectivamente han visto afectados sus ingresos, suspender los pagos por cesantía -que hoy aplica también para quienes han sido suspendidos de sus empleos-, y además postular a la rebaja de las cuotas conforme al nivel de ingresos. Beneficios que han tenido un incremento notorio en este tiempo, dando cuenta que más allá de las mejoras necesarias que requiere la política, los mecanismos que ya tiene el CAE permiten hacerse cargo de la situación de sus deudores.

Por otro lado, hay un problema más profundo bajo este tipo de medidas y es que se desconoce por completo la contribución de la educación superior como un bien personal. Precisamente dentro de los beneficios de acceder a la educación terciaria y razón por la que -entre otras- debe ser promovida por el Estado es la movilidad social que permite. Contrario a toda evidencia, la propuesta del diputado busca otorgar un beneficio que compromete recursos del Estado conforme a la situación socioeconómica pasada de los usuarios del CAE, independiente a cuál sea la situación actual.

Sin generar desincentivos al pago ni poner en jaque el sistema de créditos es posible atender de mejor manera las dificultades que tienen hoy los deudores que se han visto afectados. En primer lugar es fundamenta dar prioridad y acelerar los procesos de reprogramación de los créditos que dispuso la Ley de Presupuesto, de manera que todos los deudores puedan ponerse al día en sus pagos y acceder a los beneficios de suspensión por cesantía y contingencia al ingreso. Pero además es necesario prevenir futuras situaciones de mora que desencadenen nuevamente la bicicleta de sobrendeudamiento, avanzando hacia mayores facilidades de pagos que se adecúen de mejor forma a los ingresos actuales de los deudores.

Hoy lo que convoca es la Pandemia y salir en ayuda de quienes sufren en mayor medida sus consecuencias y que lamentablemente suelen ser invisibilizados. Condonar las deudas del CAE como se propone no haría más que retroceder en ello, destinando recursos a quienes hoy sí tienen capacidad para retribuir al Estado lo que les fue prestado.

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