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Publicado el 15 junio, 2021

Magdalena Vergara: ¿Eliminar la educación particular subvencionada?

Directora Ejecutiva Acción Educar Magdalena Vergara

Los mismos países a los que el constituyente electo Daniel Stingo hace alusión tienen alguna participación privada pagada con recursos del Estado. La finalidad de ello es poder dar a las familias una alternativa distinta a la estatal, resguardando de esta forma su derecho a la libertad de enseñanza y religiosa.

Magdalena Vergara Directora Ejecutiva Acción Educar
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Hace unos días Daniel Stingo, electo convencional constituyente, en una entrevista comentó que debemos avanzar hacia una educación pública, de calidad y gratuita; como es en países como España, Portugal y Suecia. Además, declaró que se debían eliminar los colegios particulares subvencionados, pues “no tenemos por qué, los chilenos y chilenas, a través de nuestros impuestos, pagarles a privados”.

Dada la relevante discusión que se viene es fundamental aclarar -e informar- sobre sus afirmaciones. Lo primero, la educación en nuestro país es gratuita desde Prekínder hasta IV Medio. En relación a “la pésima educación pública”, Stingo argumenta que se debe a que hay 45 niños por sala, a la mala infraestructura y el mal pago de los profesores. Actualmente, los colegios municipales tienen en promedio 24 alumnos por sala, 27 si consideramos sólo los urbanos. El sueldo de los profesores en establecimientos municipales aumentó en un 30% luego de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, e incluso tienen mejor retorno que otras carreras como Psicología o Kinesiología. En cuanto a la deficiente infraestructura, no es la realidad general. De todas formas, ya se han dispuesto inversiones importantes, este año se destinaron más de 90 mil millones para mejorar la infraestructura escolar pública.

Todo lo anterior no es para maquillar los problemas que enfrenta la educación estatal, al contrario, hace falta una mejora sustantiva para entregar una alternativa de calidad a todos los estudiantes; no obstante, para dar con las soluciones necesitamos diagnósticos adecuados y no quedarnos en cuestiones que son más bien superficiales o panfletarias. Así, por ejemplo, sabemos que en el caso de los profesores el problema es mucho más profundo que el sueldo. Pasa por su formación inicial y en otorgarles condiciones laborales que permitan su desarrollo profesional, cuestión que hoy, producto de todas las restricciones normativas, falta de autonomía y mal clima laboral, entre otras; no están dadas. Tampoco tiene suficiente sustento afirmar que por el solo hecho de que los colegios pasen a ser administrados por el Estado, entonces serán mejores.

Preocupan especialmente sus declaraciones respecto al rol que tienen los privados -es decir, la sociedad civil- en educación. Los mismos países a que Stingo hace alusión tienen alguna participación privada pagada con recursos del Estado. La finalidad de ello es poder dar a las familias una alternativa distinta a la estatal, resguardando de esta forma su derecho a la libertad de enseñanza y religiosa. Derechos que están reconocidos por las constituciones de dichos países y también por los tratados internacionales, los cuales deben ser respetados por los constituyentes al redactar la nueva Constitución.

Que el Estado sea garante del derecho del niño a educarse no significa que deba sustituir a las familias en su ejercicio, y una manera de hacerlo sería eliminarles la alternativa de elegir la educación que quieren para sus hijos por el solo hecho de no tener recursos para pagarla. Cerca del 55% de la matrícula escolar se encuentra en colegios particulares subvencionados y, en aquellos que son gratuitos -la mayoría lo son-, en promedio el 80% de sus estudiantes son vulnerables. Además, representan hoy una alternativa para aquellos que requieren necesidades educativas especiales (NEE), concentrando la mayor cantidad de matrícula con NEE. Los recursos que entrega el Estado van para esos niños y sus familias.

En definitiva, la educación particular subvencionada en nuestro país es fundamental tanto por el aporte que significa, como por el resguardo de los derechos propios de una democracia: libertad de asociación, expresión, religión, enseñanza y otros. ¿Eliminarla? De ninguna manera.

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