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Publicado el 03 de julio, 2019

Magdalena Vergara: Educación Superior: Una mala ley

Directora Ejecutiva Acción Educar Magdalena Vergara

El problema que se generó tras conocerse el informe emitido por la Contraría, el cual resuelve que los alumnos que perdieron la gratuidad este año por sobrepasar la duración formal de sus carreras deberán pagar el total de la matrícula y no el 50%, ha sido la gota que rebalsó el vaso.

Magdalena Vergara Directora Ejecutiva Acción Educar
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Se ha hablado con frecuencia de la importancia de las políticas del Estado en educación. En pocas materias se ve de manera tan patente la necesidad de un compromiso país para llevar adelante las políticas públicas para mejorar la calidad de nuestro sistema y dar oportunidades equitativas que permitan el desarrollo de todas las personas. Sin embargo, la calidad de nuestro debate se ha vuelto una piedra de tope y lamentablemente ello se ha reflejado en el resultado de nuestras leyes.

Una mala ley hace muy difícil el camino para la implementación de buenas políticas públicas, logrando -producto de la confusión que genera- mayor división entre sus regulados, además de ser totalmente ineficiente. Un ejemplo de lo descrito es la Ley de Educación Superior. A poco más de un año desde su entrada en vigencia, la normativa ha sido foco de continuas discusiones e incertidumbres. Es cosa de hacer memoria para recordar que los promotores de la ley decidieron llevar el debate a una cuestión política, haciendo oídos sordos a los argumentos y críticas legítimas que se establecían, especialmente aquellas que apuntaban al mal diseño de la gratuidad y la poca claridad de las normas.

A los pocos meses de su publicación, fue urgente presentar un nuevo proyecto de ley para subsanar los vacíos en el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, dado que la normativa no previó un periodo de transición para la acreditación de doctorados y obvió la posibilidad de apelación ante el Consejo Nacional de Educación respecto de las resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación. Además, tampoco entregó claridad respecto de los procesos que se encontraban en curso a cargo de las agencias de la calidad, organismos que bajo el nuevo sistema no pueden otorgar acreditación. Esta iniciativa sigue en discusión pues, por mucho que buscara hacerse cargo de un tema puntual, la falta de claridad de la ley en esta materia es demasiado grande y, por tanto, acotar la discusión ha sido difícil.

Por otro lado, el sistema de financiamiento ha sido fiel crónica de una muerte anunciada. Las ideas políticas pudieron más que los argumentos respectos de los posibles problemas que traería el diseño de la gratuidad y que al día de hoy se hacen patentes. Tanto así que ni los propios firmantes han querido atenerse a lo establecido y, en consecuencia, han exigido más fondos para paliar los déficits que han sufrido producto de la regulación de aranceles.

El problema que se generó tras conocerse el informe emitido por la Contraría, el cual resuelve que los alumnos que perdieron la gratuidad este año por sobrepasar la duración formal de sus carreras deberán pagar el total de la matrícula y no el 50%, ha sido la gota que rebalsó el vaso. La vía de una ley interpretativa que planteó el gobierno no hará sino ahondar en los conflictos, generando mayor incertidumbre y sin solucionar el problema de fondo, el que está lejos de terminar. A todo esto se suma que dentro de estos días deberá estar conformado el comité de expertos para la fijación de aranceles, que conforme a la metodología que establece la ley, es una tarea imposible. No es factible en este punto discutir desde las ideologías, pues se trata de una labor completamente técnica que no ve la luz para llegar a buen puerto.

El listado podría continuar: tanto la Superintendencia de Educación Superior como el nuevo sistema de acceso no se quedan atrás respecto de un mal diseño donde no se previeron con seriedad las consecuencias, lo que ha generado más incertidumbre y desconfianza, factores que sólo perjudican nuestro sistema.

Si bien es cierto que la continuidad es fundamental para las políticas, también es necesario prever las soluciones antes de que sea demasiado tarde. El proceso de implementación de una política es tan importante como la ley misma. Si desde las bases no dejamos bien instalado nuestro sistema, será difícil que logremos mejores resultados -que era el afán de la propia ley-. Por supuesto volver a discutir no será fácil, una vez que las expectativas no fueron logradas, conseguir consensos es aún más complejo. Lamentablemente ese es el precio de una labor legislativa que no se hace con la seriedad que se merece.

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