Ha pasado un mes desde que comenzamos las tan esperadas clases presenciales después de dos años del cierre de escuelas total y parcial, y en tan solo 30 días, ya vemos los daños de algo tan advertido: el encierro generaría problemas en el desarrollo de aprendizajes y habilidades sociales de los estudiantes. Esto se evidencia con los diversos casos de violencia extrema y acoso que han ocurrido en diferentes establecimientos a lo largo del país, casos que, si bien han aparecido en los medios, parecieran no conmocionar al nuevo gobierno. El Presidente, como ha sido su actitud desde que asumió, ha guardado silencio y recién esta semana se iniciaron las tan conocidas “mesas de trabajo intersectoriales”, que por supuesto sirven para compartir y discutir diferentes visiones de la problemática e ideas para abordarlo, pero que no atienden a la urgencia de la situación grave que vivimos. Hoy se requieren medidas urgentes ante casos extremos como el de la asistente social apuñalada por alumnos en San Bernardo; o el del profesor apuñalado en Talca, que por separar una riña de alumnos fue atacado por un apoderado; y el reciente hecho en un colegio de la Región de Valparaíso, donde un niño de 9 años fue amarrado por sus compañeros que procedieron a cortarle sus pestañas.

A pesar del conocimiento de gravedad de los hechos, la primera conclusión de la mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación, la Defensora de la Niñez, la Subsecretaría del Delito y otros, en palabras del ministro Ávila, es que la “vuelta abrupta” a la presencialidad con jornada completa estaría gatillando la violencia. ¿Con qué estudios contará el Ministro para concluir esto? ¿Existe una correlación entre más horas de clases y violencia? Acto seguido, no siendo suficiente las cientos de horas de clases perdidas por el cierre de escuelas, se decidió flexibilizar la jornada escolar completa.

Lo cierto es que hay algún grado de relación entre el encierro pandémico de los estudiantes y el estallido de violencia, pues efectivamente ya olvidaron cómo relacionarse, ha aumentado su intolerancia a la frustración y sus habilidades socioemocionales han sido dañadas. Desde que se inició la pandemia, en marzo del 2020 en el caso de Chile, se abrió el debate de si cerrar o no las escuelas como medida de prevención a la propagación del COVID-19. La presión de las comunidades escolares y el aumento de contagios hicieron que se optara por ello, medida que el Ministerio de Educación liderado por el entonces ministro Raúl Figueroa, consideró sería gravísima para el desarrollo de los estudiantes. Por eso, entendiendo que era un medida necesaria, se estimaba que fuera momentánea, y se hicieron los esfuerzos por volver los antes posible.

Así, se comenzó a volver poco a poco a las salas de clases, con medidas de seguridad, aforos, priorizando la vacunación de docentes y trabajadores de la educación, entre otros. Todas estas medidas demostraron que el brote de contagio en establecimientos era menor al 1%. Con todo, la oposición, conglomerado actual del Presidente Gabriel Boric, estuvo en contra de abrir las escuelas, al punto que acusaron al ministro Figueroa por su “afán” -como lo llaman ellos- de abrir los colegios.

Lo cierto es que la violencia desatada en Chile no comenzó ahora. Quienes gobiernan el país también avalaron y justificaron la violencia social desde octubre de 2019. El problema es que con ello también la enaltecieron y la enaltecen. ¿No es, acaso, el interés por indultar los delitos de la violencia octubrista una forma de relativizarla? ¿Seguirá el Gobierno interesado en dar señales equivocadas a la sociedad? Es la hora de los adultos responsables. 

*Macarena Bravo es cientista político.

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