Un difícil escenario enfrentará el Presidente electo desde el 11 de marzo y junto con él, los chilenos, que seguiremos viviendo tiempos oscuros si no se enfrenta sin ambigüedad la violencia desatada.

El escenario no es optimista, el nuevo gobierno tendrá que hacer frente al tsunami de homicidios y aumento de hechos delictuales en el país. Este mes se han dado a conocer dos casos de “secuestros exprés”: uno de ellos terminó con el homicidio de un hombre en Iquique; el otro fue a un joven de 14 años a plena luz del día en Providencia, a quien soltaron una vez su papá depositó una recompensa. Así continuamos con los recientes hechos en Ovalle, en donde asesinaron a un hombre de 26 años y dispararon a quemarropa a su hija de 6 años; en Estación Central matan al llegar de sus vacaciones a un hombre frente a sus hijos, en Maipú una persecución de un auto robado generó una colisión multiple que dejó heridos graves y en Renca encuentran a una mujer descuartizada.

Por otra parte, tenemos los atentados terroristas en la Macrozona Sur, que cada día se agudizan. En esta zona, con una diferencia de un día, asesinaron a César Millahual, camionero de 23 años, y a Joel Ovalle, un parcelero y dirigente que luchó incansablemente por erradicar la violencia.

Por último, otro hecho grave fue el ocurrido a carabineros en Iquique que fueron golpeados impunemente por extranjeros. Nadie puede negar que la delincuencia en Chile no solo ha aumentado en los hechos, sino también es ejecutada con mayor violencia. Esta descripción no es baladí: cabe recordar que, en enero, en tan solo 6 días, hubo más de 25 homicidios. Frente a los hechos violentos que hemos vivido este mes, es importante el detalle para conocer a qué nos enfrentamos.

Todas las señales van en sentido distinto de lo precisamente necesitamos: determinación para combatir la delincuencia y el terrorismo.

Es cierto que aún no podemos exigir nada al gobierno que asume el 11 de marzo, pero no es menos cierto que sus señales han sido erráticas, equívocas y poco empáticas de cara a las víctimas de la delincuencia común y las de la violencia organizada y sistemática de la Macrozona Sur. Lamentablemente sus futuros ministros ya han defendido la amnistía para los delicuentes de la revuelta social (entre los que se consideran acusados por delitos graves), la decisión de no perseverar con la declaración de estado de excepción en la Macrozona Sur que ha permitido reducir la violencia en un 40% y la relativización de la violencia en esa zona crítica. No es poco y, a pesar de que Boric de manera escueta ha declarado la importancia de la agenda de seguridad, se le ve más preocupado de las polémicas del mundo del espectáculo, el show business, antes que dar señales claras de su interés por responder a esta urgencia social y garantizar el derecho a vivir sin miedo de las personas. Todas las señales van en sentido distinto de lo precisamente necesitamos: determinación para combatir la delincuencia y el terrorismo.

También la actual autoridad debe comprender que el problema en la Macrozona Sur no es pura y simplemente la aprobación del estado de excepción, que si bien ha conseguido reducir la violencia, no ha significado un golpe duro al narcoterrorismo de la zona. No estaría mal que el propio Presidente Piñera comprendiera que no puede descansar únicamente en ello y busque, conforme a la ley, una alternativa eficaz, rotunda, que sea un golpe al terrorismo y al narcotráfico en estos últimos 40 días de gobierno que le quedan.

Espero, que los tiempos oscuros que enfrentamos sean abordados con claras señales de firmeza contra delicuentes, con refuerzo a las Fuerzas de Orden, con la recuperación de espacios públicos, entre otros.

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