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Publicado el 04 de diciembre, 2019

Luis Sánchez: La trampa constitucional

Cambiar nuestra Constitución no va a resolver las cosas que funcionan mal, pero sí puede poner en peligro aquello en que estamos bien: la limitación del poder del Estado y de los políticos.

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A 40 días de iniciado el conflicto que hoy mantiene a nuestro país en vilo, parece ser que las cosas han decantado lo suficiente como para hacer un análisis del estado general de la situación.  Análisis que, lamentablemente, no parece muy alentador. Tal como suele ocurrir en Chile, el diagnóstico de la elite terminó desconectado de la realidad, y con ello las propuestas que gozan de la predilección de los medios y del debate público han derivado en discusiones y conflictos intrascendentes para el objetivo de tener mayor justicia social.

Hoy todo parece centrado en el debate constitucional. Nadie entiende muy bien por qué, pero la mayoría parece muy dispuesta a entregarse a la promesa de que cambiando nuestra carta fundamental todo quedará resuelto. La realidad, sin embargo, es que ello no ocurrirá. Cambiar la Constitución no va a mejorar ni las pensiones, ni los sueldos, ni resolverá la desigualdad, ni mejorará la calidad de vida de la mayoría, porque ella no regula ni existe para regular estas cosas.

Las constituciones existen principalmente para controlar las atribuciones de nuestros gobernantes sobre las personas comunes y corrientes. Esto se logra regulando dos grandes temas: los derechos fundamentales y la estructura del Estado. Por medio de la regulación de los derechos fundamentales la ciudadanía obtiene una garantía de que el Estado no podrá violarlos. Ahí encontramos los derechos a la vida, a la privacidad, a la libre expresión, libertad de culto, propiedad, emprender, salud, educación e incluso del acceso a pensiones, al menos en términos generales. El Estado no puede negarnos el acceso a esos derechos, y dentro de sus posibilidades debe propender a facilitar el acceso a los mismos. Por otro lado, regulando la estructura del Estado nos aseguramos de que las atribuciones de nuestros gobernantes serán siempre acotadas y claras. Así evitamos que puedan hacer lo que se les venga en gana, y definimos los mecanismos para controlar y sancionar a aquella autoridad que quiera sobrepasarse de sus atribuciones.

Nuestra Constitución resuelve bastante bien lo anterior, y por lo tanto no encontraremos ahí la razón de por qué hay desigualdad o abusos. Lo que sí encontramos en nuestra Constitución es la razón de cómo durante los últimos 30 años, y hasta el 18 de octubre, encontramos la forma de convivir pacíficamente, resolver los conflictos políticos dentro de la institucionalidad, y generar con ello un clima de confianza para la creación de empleos, la inversión social enfocada en la mejora (lenta pero segura) de las condiciones de vida, y el desarrollo de una clase media como nunca habíamos visto. No es por nada que pasamos de una pobreza de niños sin zapatos caminando por las calles, a una de jóvenes con dificultades para pagar el CAE. Chile cambió.

Queda claro, entonces, que el debate constitucional no tiene tanto que ver con garantizar mejores condiciones de vida, sino más bien con cuánto poder tienen nuestros gobernantes. En este sentido nuestra Constitución es bastante dura con los políticos y burócratas, por cuanto les pone límites y formalidades claras, y establece que ellos deben respetar la ley.

A algunos podrá parecerles llamativo lo anterior considerando nuestra historia reciente, donde nuestros políticos no siempre se han atenido a esa aspiración constitucional. Esto nos lleva a entender también otras dos cosas de la Constitución: primero, que ella no nos va a hacer personas perfectas; y segundo, que ella no reemplaza a las leyes ordinarias, como son el código penal, el tributario y el civil, con normas llamadas a hacer la bajada concreta de esos principios constitucionales, leyes que podemos decir con justicia no han estado siempre a la altura, y donde hay mucho que avanzar.

Podemos decir con seguridad, entonces, que cambiar nuestra Constitución no va a resolver las cosas que funcionan mal, pero sí puede poner en peligro aquello en que estamos bien: la limitación del poder del Estado y de los políticos. Dado que la negociación partirá de una hoja en blanco, no sabemos muy bien en que terminará todo esto. Solo sabemos que, de ganar el Si en abril, en octubre votaremos por un grupo de políticos para que entre ellos acuerden qué tan atados de manos estarán en la nueva versión de esta ley. Parece un curioso desenlace para lo que dicen es, en su esencia, una crisis de confianza.

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