Durante el fin de semana y los días siguientes, La Araucanía ha sido nuevamente escenario de violentos incidentes, que esta vez, además de quema de vehículos e inmuebles y disparos a civiles y uniformados, tuvieron la novedad de la toma de cinco edificios municipales de las comunas de Traiguén, Curacautín, Ercilla, Victoria y Collipulli, ocupados hace más de una semana por comuneros mapuche. De más está decir que estamos ante una situación gravísima, civiles que ocupan por la fuerza edificios públicos afectando a la población de esas comunas.

Esta nueva ofensiva violentista tiene entre sus causas la pretensión del asesino del matrimonio Luchsinger-Mackay, Celestino Córdova, quien cumple condena de 18 años de cárcel en Temuco, de ser trasladado a su domicilio. Ello le ha llevado, junto a 27 comuneros, a realizar una huelga de hambre para presionar a las autoridades.

El recién nombrado ministro del Interior Víctor Pérez y el subsecretario Juan Francisco Galli han concurrido a la zona, marcando así la presencia del gobierno ante el quebrantamiento del Estado de Derecho que implica la toma concertada de edificios públicos y caminos y los ataques a personas y bienes.

Algo hasta ahora no visto ha sido la reacción que la toma de los edificios municipales ha provocado en la ciudadanía. En Collipulli, un grupo de civiles desalojó a los ocupantes del edificio municipal, quienes debieron abandonarlo bajo custodia policial. En Victoria se produjeron incidentes similares. Ante la falta de orden público, la autotutela ha llegado a La Araucanía. La Corte Suprema ha acogido un recurso de protección presentado por contratistas forestales contra la Intendencia de La Araucanía por el incumplimiento de su deber de garantizar el orden público.

Algunos políticos de oposición han reaccionado con escándalo frente a esta situación. El senador Elizalde, presidente del Partido Socialista, ha declarado que “por ningún motivo podemos permitir que civiles armados realicen actos de violencia”. No se ha escuchado lo mismo de él frente a la toma de cinco edificios municipales, ni ante los 160 bienes que han sido incendiados por acción de civiles armados durante el primer semestre del año en La Araucanía, ni ante la muerte del transportista Jorge Barrios en Victoria, luego que su camión fuera quemado con él en su interior.

Elizalde y un coro de políticos de oposición han acusado también de racismo a quienes atacaron a los ocupantes de los edificios municipales, lo que es absurdo porque entre los atacantes también hay población mapuche, quienes se han manifestado cansados del daño que la minoría violentista causa a las ciudades y pueblos de La Araucanía. Más equilibrado ha sido el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien ha señalado que rechaza los actos de terror de grupos minoritarios porque la comunidad mapuche es una comunidad que quiere vivir en paz y considera igualmente inaceptable que grupos radicalizados de civiles busquen justicia por sus propias manos.

Hay quienes han afirmado que la visita del ministro Pérez a La Araucanía fue una provocación. Que el ministro del Interior sea calificado de provocador porque visita parte del territorio nacional es una muestra de la distorsión que tienen quienes creen que hay territorios vedados para las autoridades y explica también por qué hay gente que ha decidido defenderse por sí mismos. Nada más adecuado entonces que la presencia de las máximas autoridades del ministerio del Interior en la zona.

No es por supuesto una buena idea la de la autotutela, pero es la reacción que viene cuando la autoridad no es capaz de mantener el orden público. La presencia del ministro y otras autoridades en la zona es justa y necesaria. Esperamos que sea también frecuente.

El Gobierno no puede mostrar debilidad frente a la violencia en La Araucanía. Debe además hacer esfuerzos para dialogar con las comunidades mapuche y con otras agrupaciones de la sociedad civil en la región. La gran mayoría de ellos quieren paz, pero una minoría persiste en matar e incendiar. Quienes los respaldan en sus demandas, sin reparar en los medios violentos que usan son quienes impiden que llegue la paz a La Araucanía.