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Publicado el 28 de marzo, 2019

Luis Larraín: Reforma Tributaria: ¿Negociación de buena fe?

Economista Luis Larraín

El gobierno debe dejar de hacer concesiones que desfiguran su proyecto de modernización tributaria y añaden cada vez más exigencias, postergando el objetivo de aumentar el ahorro y la inversión.

Luis Larraín Economista
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El gobierno del Presidente Piñera presentó hace ocho meses un proyecto de ley de modernización tributaria cuyo objetivo fundamental es incentivar la inversión para reactivar el crecimiento económico. La iniciativa contempla volver a un sistema de integración tributaria y dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.

Luego de ocho meses, la oposición no ha consentido en aprobar la idea de legislar. Llama la atención que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados requirió sólo tres semanas para aprobar la idea de legislar en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, un proyecto más ambicioso y radical en sus cambios que el que se considera ahora.

Parte del problema es que la oposición ha definido como criterios para legislar dos que son distintos, cuando no contradictorios, con los objetivos del proyecto de Piñera. En efecto, exigen que no disminuya la recaudación tributaria, para lo cual piden que el gobierno incluya nuevas disposiciones que aumenten la recaudación, y además exigen que estos nuevos impuestos sean progresivos.

El gobierno ha mostrado, en la persona del Ministro de Hacienda Felipe Larraín, una gran disposición a dialogar, a considerar, y en muchos casos acoger, las peticiones de la oposición. Sin embargo, cada vez se agregan nuevas exigencias hasta el punto que hoy se puede especular acerca de la verdadera intención de los negociadores de oposición.

En su formulación inicial el proyecto se hacía cargo de la preocupación de la oposición y por ello el efecto recaudatorio neto era de 420 millones de dólares al año. Una parte importante de esa mayor recaudación provenía de la introducción de la boleta electrónica que, según los cálculos oficiales, recaudaría 1.130 millones de dólares. Esta estimación fue realizada por el Servicio de Impuestos Internos, tomando como referencia el precedente que había significado la introducción de la factura electrónica.

Las concesiones del ministro Larraín son muy generosas y están en el límite para considerar que el proyecto de modernización tributaria no cumple los objetivos que se tuvieron en cuenta para presentarlo.

Pero esta deferencia del gobierno, al presentar un proyecto plenamente financiado y que incluso aumentaba la recaudación tributaria, no ha sido apreciada por los negociadores de oposición. Declararon en un principio que el cálculo de la recaudación de la boleta estaba sobre estimada, sin deferencia alguna hacia el organismo técnico que había realizado el cálculo. Tampoco tomaron en cuenta que el gobierno fue conservador en su estimación de ingresos tributarios, pues no incluyó en el cálculo los mayores ingresos que provendrían de un crecimiento más alto de la economía producto de la misma reforma tributaria.

En el proceso de negociación que siguió, el gobierno admitió que podía reducirse la estimación de recaudación por algunos efectos muy menores no previstos que señalaron los técnicos de oposición (por ejemplo, cambios en la definición de gastos para producir la renta); aunque los opositores no consintieron en reconocer que había otros ingresos que estaban sobre estimados. Aún así, los nuevos cálculos llevaron a que el efecto neto del proyecto de modernización tributaria era de un aumento de recaudación del orden de 220 millones de dólares.

La oposición ha llevado hasta el límite una negociación, cambiando los objetivos del proyecto del gobierno desde el fomento de la inversión y el crecimiento al aumento de la recaudación tributaria y la progresividad.

Cumplidas entonces las exigencias opositoras en materia de recaudación, las demandas se enfocaron en la progresividad. La reintegración tributaria tendría un efecto positivo para cerca de 600 mil contribuyentes, la gran mayoría de ellos PYMES, pero la oposición objetaba que los dos tramos más altos de impuestos se vieran también beneficiados por la integración. Esto obligó al ministro Larraín a plantear nuevas medidas para aumentar la recaudación. Aquí es donde ofreció aumentar el impuesto a las emisiones de CO2 con una recaudación de 50 millones de dólares, limitar el beneficio del IVA a la construcción aumentando sólo a 3.000 UF y no a 4.000 UF el tope (según los técnicos de oposición los de más de 3000 UF no correspondían a la clase media); e introducir un aporte de 1% a las regiones de los proyectos de inversión por sobre 10 millones de dólares que recaudaría 177 millones de dólares. Vale decir, medidas que en total recaudarían 373 millones de dólares adicionales.

Adicionalmente, el gobierno debía compensar 274 millones de dólares, que es la menor tributación de los dos tramos más altos del Global Complementario que eran objetados por la oposición; entre 15 y 30 millones de dólares por extender los beneficios de la cláusula MIPYME; y 48 millones de dólares porque el aporte de 1% sería considerado gasto para producir la renta.

Las concesiones del ministro Larraín son muy generosas y están en el límite para considerar que el proyecto de modernización tributaria no cumple los objetivos que se tuvieron en cuenta para presentarlo. Ya el gobierno había renunciado a bajar la tasa de impuesto a las empresas al promedio de la OCDE, que está en su programa y que inexplicablemente no se incluyó en el proyecto original. Con el aporte de 1% de los proyectos de inversión en regiones, si éste no es considerado crédito para el pago de impuesto de primera categoría, en la práctica esas empresas estarán subiendo su carga tributaria.

Aún así, sectores de oposición dicen que las concesiones del ministro son insuficientes. Por ejemplo, afirman que entre quienes pagarán parte del costo de subir de 10 a 19 % el impuesto a las plataformas hay gente de clase media, por lo que no se estaría cumpliendo su exigencia de progresividad. Curiosamente, no consideran de clase media a quienes compran viviendas con valor de construcción de más de 3.000 UF. Claro, en ese caso no les conviene para el cálculo.

La oposición ha llevado hasta el límite una negociación, cambiando los objetivos del proyecto del gobierno desde el fomento de la inversión y el crecimiento al aumento de la recaudación tributaria y la progresividad. Eso es inaceptable y el gobierno debe dejar de hacer concesiones que desfiguran su iniciativa y añaden cada vez más exigencias postergando el objetivo de aumentar el ahorro y la inversión. Lo que se está revelando aquí, es que en la oposición hay falta de buena fe en la negociación.

FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

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