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Publicado el 13 de septiembre, 2018

Luis Larraín: Quintero: la verdad no puede ir al sacrificio

Economista Luis Larraín
La ENAP, mientras no tenga evidencia en contrario, está bien en su rol de defender el patrimonio de la empresa, aunque tiene también la responsabilidad de investigar exhaustivamente el problema pues tiene un deber con la comunidad que pudo haber incumplido. Pero esto no debe inhibir a la autoridad en la búsqueda de la verdad.
Luis Larraín Economista
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La crisis ambiental en Quintero pone al gobierno en una disyuntiva. Si bien no está en duda que hay que enfrentar el problema y resolverlo -está en el ADN del Presidente Piñera hacerlo-, la pregunta es si en ese intento respeta a cabalidad la institucionalidad que nos rige o si opta por un camino efectista que haga prevalecer consideraciones políticas por sobre la verdad y la justicia.

 

Porque ya hay alguna crítica por lo que se percibe como actuaciones contradictorias de distintas reparticiones del Estado en este caso. La Superintendencia del Medio Ambiente y el Ministerio por un lado con una versión; y la ENAP, empresa estatal, por el otro, con una opinión completamente distinta acerca de los orígenes de la contaminación y sus resultados.

 

Puede parecer a primera vista extraño que dos instituciones del Estado muestren una posición tan encontrada, pero hay que reconocer que el problema es complejo técnicamente y no debiera extrañar que haya opiniones y versiones distintas acerca de los orígenes y responsabilidades en la contaminación.

 

Una sociedad democrática en que las instituciones funcionan debe dejar el espacio para que cada una de ellas cumpla su rol, de acuerdo a su naturaleza y objetivos. La Superintendencia del Medio Ambiente es un organismo fiscalizador, y además de carácter técnico, y debe poner todas sus capacidades al servicio de un objetivo principal: resguardar la calidad del ambiente según los límites definidos y fiscalizar y sancionar los incumplimientos a las normas. El Ministerio del Medio Ambiente es un organismo normativo y representa la autoridad del gobierno en este campo, y debe procurar entonces todas las medidas necesarias para mantener un medio ambiente compatible con la salud de la población de la zona. El Ministerio de Salud, la Intendencia Regional, Gobernaciones y Municipios tienen a su vez tareas que cumplir en una emergencia como ésta y coordinarse con la autoridad del gobierno central para superar la emergencia.

 

El rol de la ENAP es completamente distinto. A esa empresa le han sido entregados recursos de todos los chilenos para llevar adelante una actividad productiva en la industria de los hidrocarburos. Por supuesto tiene la responsabilidad de desarrollar esa labor con apego a la institucionalidad y las leyes, respetando el medio ambiente y la salud de la población. Lo mismo deben hacer otras empresas privadas que operan en la zona, y desde ese punto de vista, la ENAP no tiene diferencias con empresas privadas. Está sujeta a la ley y debe cumplir con las regulaciones y normas que la autoridad imponga y acatar las resoluciones de los organismos fiscalizadores, sin perjuicio de recurrir a todas las instancias que a sus directivos les parezcan pertinentes para determinar las verdaderas responsabilidades de la empresa.

 

Esto no es tan difícil de entender. Así operan las democracias modernas en que prevalece el estado de derecho por sobre la voluntad o el arbitrio del soberano. Claro, puede parecer a primera vista extraño que dos instituciones del Estado muestren una posición tan encontrada, pero hay que reconocer que el problema es complejo técnicamente y no debiera extrañar que haya opiniones y versiones distintas acerca de los orígenes y responsabilidades en la contaminación. Solo que hay algunos actores mejor situados que otros para evaluar con objetividad el problema.

 

Está bien que cada actor, la comunidad, los políticos, las empresas, los sindicatos, los medios de comunicación manifiesten sus posiciones y eventualmente defiendan un interés. Pero distinto es cuando las opiniones están cargadas de prejuicio, de mentira y absurdo.

 

La ENAP, mientras no tenga evidencia en contrario, está bien en su rol de defender el patrimonio de la empresa, aunque tiene también la responsabilidad de investigar exhaustivamente el problema pues tiene un deber con la comunidad que pudo haber incumplido. Las formas son importantes en esta defensa. Otras empresas que pudieran ser requeridas por eventuales responsabilidades tienen el mismo deber.

 

Pero esto no debe inhibir a la autoridad en la búsqueda de la verdad. La buena fe es acá muy importante y desgraciadamente no siempre está presente. Está bien que cada actor, la comunidad, los políticos, las empresas, los sindicatos, los medios de comunicación manifiesten sus posiciones y eventualmente defiendan un interés. Pero distinto es cuando las opiniones están cargadas de prejuicio, de mentira y absurdo. Presumir que el gobierno va a favorecer a una u otra empresa por razones espurias es maledicencia, y hay políticos de izquierda que lo han dicho. Decir que alguien en el gobierno está culpando a ENAP porque quiere privatizarla, es francamente delirante.

 

El Presidente Sebastián Piñera ha mostrado ya al país sus credenciales para resolver situaciones críticas. No le ha temblado la mano para tomar decisiones difíciles y estamos seguros que resolverá adecuadamente esta grave contingencia, poniendo por delante de todo la salud de los ciudadanos de Quintero. En ese afán no debe dejarse llevar por presiones ni intereses particulares, sean ellos empresariales, políticos o de otra índole. La única manera de resolver esto es asegurándose que las instituciones funcionen y corrigiendo las falencias que como sociedad tenemos para abordar los problemas de la modernidad.

 

FOTO: SANTIAGO MORALES / AGENCIAUNO

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