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Publicado el 1 octubre, 2020

Luis Larraín: Migraciones, turismo laboral y efecto llamada

Economista Luis Larraín

Políticas mal pensadas, que teóricamente están orientadas a ayudar a los inmigrantes, lo que en definitiva logran es crear una verdadera fábrica de migrantes pobres, produciendo frustración, engaño y abuso.

Luis Larraín Economista
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La discusión legislativa sobre migraciones que culmina el Senado en estos días, y que he seguido en mis columnas en El Líbero, es muy ilustrativa acerca de la complejidad que muchas veces tienen las políticas públicas. Las regulaciones tienen efecto sobre las conductas de las personas y esos efectos son dinámicos, vale decir, se mantienen en el tiempo y no sólo en el momento en que se dicta la legislación. Por otra parte, no basta la buena voluntad para resolver un problema; es más, muchas veces las leyes provocan efectos no deseados y contrarios al objetivo de quienes las proponen.

El buenismo no es buen consejero en estas materias. En el tema que nos ocupa, el Servicio Jesuita a Migrantes representa la esencia de ese concepto. Seguramente con buenas intenciones, su motivación pareciera ser ayudar a los migrantes en toda circunstancia y ocasión, lo que a primera vista parece muy razonable y humano. Sin embargo, el SJM parece no tener en cuenta los efectos que sus propuestas tienen sobre la población, no sólo la del país receptor, sino también la migrante, que puede verse severamente perjudicada como consecuencia de ellas cuando el país no es capaz de sustentar un flujo migratorio desproporcionado con la población del país. Varios parlamentarios tienen al SJM como su referente experto en el tema y siguen sus recomendaciones u orientaciones en la discusión legislativa.

Es el caso de la llamada visa de “turismo laboral”, que a través de una indicación de los senadores del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre y del PS Isabel Allende pretendió modificar el proyecto del gobierno. Un extranjero podía emigrar de su país con visa de turismo y en la frontera exponer su interés de trabajar en Chile, ingresando en tal condición al país. El proyecto del gobierno, en cambio, permite solicitar una visa de oportunidad laboral para extranjeros, pero ello debe hacerse en los consulados de Chile en el exterior. Afortunadamente, la mayoría del Senado rechazó esta indicación, que habría derivado en un flujo incontrolable de extranjeros a Chile, como ocurrió de hecho en los años 20016, 2017 y 2018 durante el gobierno de Michelle Bachelet, donde ciudadanos haitianos y venezolanos llegaron en cantidades inverosímiles a nuestro país declarando que venían como turistas. En la discusión de ayer el senador Jorge Pizarro afirmaba que “aquí no hay irresponsabilidad, no hay locura ni hay turismo ni nada. Aquí estamos ante un hecho concreto y real. La gente llega donde pueda tener una vida mejor.”

Lo cierto es que en algunos de esos años el número de inmigrantes haitianos y venezolanos que llegaron a Chile, un país de 18 millones de habitantes, alcanzó a los cientos de miles. Para tener un orden de magnitud, a los países de la Unión Europea, que suman más de 250 millones de habitantes, llegan aproximadamente 100 mil inmigrantes en los últimos años. Los epítetos que niega el senador Pizarro: irresponsabilidad, locura, turismo; todos ellos, aplican perfectamente a esa situación. Un país de ingresos medios recibiendo quince veces más inmigrantes per cápita que la Unión Europea, donde se encuentran muchos de los países más ricos del mundo, es de una insensatez total. De hecho, como se ha demostrado en dos estudios independientes, uno realizado en la Universidad del Desarrollo y otro en la Universidad Andrés Bello, durante algunos de esos años los emigrantes extranjeros ocuparon más del 80 % de los empleos menos calificados que se generaron en Chile. El resultado fue de frustración y pérdida de bienestar para chilenos e inmigrantes cuando nuestro mercado laboral no fue capaz de ofrecer empleos a todas estas personas, como ha sucedido especialmente desde octubre del año 2019.

Otra indicación, que no se votaba al momento de escribir esta columna, otorgaba un plazo de 90 días después de publicada la ley de migraciones para regularizar la situación sin ser objeto de sanciones. Poner ese plazo en el futuro es una aberración por el efecto llamada: estimula a todos quienes podrían tener intención de emigrar a Chile a hacerlo de inmediato para después regularizar su estatus migratorio sin penalidad. La Subsecretaría del Interior estima que ente enero y agosto de este año se han registrado más de 5 mil ingresos ilegales a Chile, y cerca de 3 mil de ellos corresponden a venezolanos, lo que ha creado incluso una emergencia sanitaria en algunas ciudades del norte de Chile.

Políticas mal pensadas, que teóricamente están orientadas a ayudar a los inmigrantes, lo que en definitiva logran es crear una verdadera fábrica de migrantes pobres, produciendo frustración, engaño y abuso. Y lo que es peor, han desatado una xenofobia que en nuestro país no existía, que nos hace mal y que será un obstáculo para que Chile siga siendo un receptor de población migrante que podría enriquecer nuestra cultura y aportar a nuestro desarrollo, si se produjera sobre bases sustentables.

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